El debate sobre la Ley de Biocombustibles continúa en pie. Ayer mismo el Estado Nacional a través del Decreto 456/2021 estableció la prórroga del Régimen de Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles hasta el 27 de agosto.
De igual forma la discusión se tensa con los sectores agroindustriales, e incluso se ha sumado al debate la Iglesia Católica a través de la Comisión Nacional de Justicia y Paz (CNJP). La disconformidad de estos últimos se despertó cuando se enteraron sobre las modificaciones de la actual ley con el proyecto del diputado Máximo Kirchner. El foco está en reducir casi a la mitad el corte actual de las naftas, con un mínimo del 5 % para el biodiésel (hoy del 10 %) y el 12% para el bioetanol repartido entre caña de azúcar y maíz (6% para cada insumo).
Dicho proyecto obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados a principios de julio, en una reñida votación entre la oposición y el oficialismo con 135 votos a favor, 110 en contra y dos abstenciones. Hoy nos encontramos en espera de la votación en la Cámara Alta que, de aprobarse, el nuevo régimen se encontraría vigente hasta el 31 de diciembre del 2030, con posibilidad de prórroga por 5 años más si el Ejecutivo así lo quisiera.
Hagamos un repaso. En el año 2006 se promulgó la Ley 26.093 de políticas de promoción e impulso para combustibles no fósiles, financiando a empresas nacionales privadas que necesitaran de los insumos para producir, ya sea etanol, diesel o gas. Como hoy, la reglamentación también estimaba porcentajes para mezclar estos nuevos combustibles con los anteriores, haciendo cortes de nafta.
Hasta entonces, los Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) dominaban la escena con los hidrocarburos, pero estas nuevas políticas le dieron mayor protagonismo a los latifundistas privados.
En ese entonces, el Gobierno Nacional buscaba fomentar un mercado nacional interno que apuntara a "otras energías". Con el paso del tiempo y gracias a los aportes del Estado, principalmente nacional pero también provinciales, actualmente han llegado a establecerse unas 54 plantas productoras de agrocombustibles distribuídas en 10 provincias. De cero a estos números, el crecimiento implica una cifra del 400%.
Sin embargo, según reconoció el Ministerio de Hacienda, los biocombustibles han costado más de USD 7.400 millones en los últimos 15 años al Estado nacional.
En realidad estos números se traducen en las prácticas que posibilitan su incremento. Más allá de una política económica, impulsada fundamentalmente por Estados Unidos y la Unión Europea, estas prácticas energéticas se han promovido bajo los argumentos de "sostenibilidad", o en términos más recientes "bioeconomía". Sobre estos fundamentos Argentina se ha convertido en un manto verde debido a la soja, o la caña de azúcar y el maíz en menor medida. Según el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA): "En la actualidad -la soja- representa el 55% de las casi 37 millones de hectáreas que se siembran, seguida muy de lejos por los cultivos de maíz y trigo que en conjunto representan el 26%, menos de la mitad".
Recordemos lo que nos compartió en otra ocasión la socióloga e investigadora de CONICET, Virginia Toledo López, sobre la importancia de problematizar cuando algo hace alusión a la vida, y desde la Ecología Política, invita a denominar agrocombustibles a estos recursos energéticos, ya que hacen referencia a una matriz perteneciente al agronegocio que de bio no tiene nada: "estos combustibles lo que vienen a hacer es fomentar un modo de producción que está basado en químicos, es energívoro y tiene muchísimos impactos sociales y ambientales". Por ende, también "económicos si pensamos en que hay actividades productivas como la apicultura o sistemas productivos regionales que están siendo amenazados por la expansión del agronegocio" apuntaba Toledo López.
A su vez, los agrocombustibles se diferencian entre ser de primera generación al ser producidos en base a aceites vegetales, principalmente extraídos de la palma y la soja. De segunda generación, son aquellos producidos a partir de los desechos agrícolas. En relación a este punto, el Informe Globiom encargado por la Comisión Europea a tres consultoras (IIASA, Ecofys y E4Tech), con el objetivo de estudiar el impacto climático de los agrocombustibles, confluye que si se toma en consideración todo el ciclo de vida de estos combustibles, incluyendo las materias primas con que se fabrican, en el caso de la soja supone dos veces más emisiones de gases de efecto invernadero que el diésel fósil (en el caso de la palma tres veces más). Estos datos surgen cuando los agrocombustibles son de primera generación, como en el caso argentino, no tanto cuando vamos a los de segunda generación.
En conclusión, lo que se discute tiene que ver con los modos de gestión no sólo en términos económicos, sino también ambientales y por ende sanitarios, en un contexto de pandemia mundial y crisis ecológica. Es necesario impulsar leyes que apunten a una transición donde se debata principalmente los impactos que tiene la industria energética en los suelos, el aire y el agua, pensando también en políticas que pongan un parate al lobby de los sectores económicamente concentrados.
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