En 2006, durante el mandato de Néstor Kirchner fue promulgada la Ley de Biocombustibles 26.093. Desde entonces el estado nacional ha favorecido al sector agropecuario, creando un "mercado interno" para la diversificación de la producción de otros combustibles que no sean fósiles como el gas y el petróleo, que rigen el escenario nacional desde hace 100 años.

Según la ley, se entiende por biocombustibles al bioetanol -que se produce con el alcohol de caña o maíz-, biodiesel -a partir de aceite de soja- y biogás -a partir de desechos orgánicos-. En base a estos productos se ha conformado algo similar a una región productiva que tiene su propia Liga de provincias Bioenergéticas integrada por Salta, Tucumán, Córdoba y Santa Fe. Es que los gobiernos de estas provincias tienen un fuerte apoyo de la oligarquía terrateniente, agrupada por ejemplo en la Sociedad Rural o la Federación Agraria, que gestiona estas actividades favorecidas por inversiones públicas para la generación de una industria energética propia.

Para fomentar la demanda hacia dicha industria, en un comienzo la ley establecía que el surtidor de nafta debía tener un corte del 5% de biocombustibles y se pautaron prórrogas de cada 4 años con el fin de negociar aumentos en los cortes, los cuales efectivamente se implementaron y al día de hoy el corte obligatorio es de 12% de bioetanol y 10% biodiésel. La próxima prórroga vencerá el 12 de mayo y el nuevo plazo sería hasta 2024.

Dicha prórroga iba a tratarse el pasado 25 de marzo en la Cámara de Diputados ya con media sanción en la Cámara de Senadores y como sucede en algunos debates, se establecen polaridades entre el "Si" y el "No" como posturas de base. El Interbloque Federal junto a un sector de Juntos por el Cambio se disponían votar a favor de la prórroga, pero por un faltazo del oficialismo e incluso de un sector de la oposición, no obtuvieron quorum.

Casi al mismo tiempo se conoció una nueva propuesta impulsada por Máximo Kirchner para que se reduzca casi a la mitad el corte actual de las naftas, con un mínimo del 5 % para el biodiésel (hoy del 10 %) y del 7 % para el bioetanol (hoy del 12 %). Esto alertó al sector agropecuario y grupos políticos afines, interpretando esta propuesta como el "No" y especulando acerca de la orientación del oficialismo hacia los hidrocarburos, la principal competencia en materia energética a nivel nacional, con el yacimiento Vaca Muerta listo para ser sacrificado.

Lo cierto es que si de especular se trata, los biocombustibles han costado más de USD 7.400 millones en los últimos 15 años al Estado nacional, entre tantos beneficios como la creación del sistema de precios regulados por el Estado o la liberación del pago de impuestos a los servicios básicos.

Desde el sector agropecuario sacaron su caballo de batalla para golpear a la industria petrolera, tildándola de energía "sucia" y embelleciendo a los biocombustibles como "energías renovables" o "limpias" como solución al cambio climático y la transición hacia una "economía verde". Lo que se conoce como ecomarketing.

Problematizar la Vida

Como parte de una campaña de ecomarketing se comenzó a promover la bioenergía como una respuesta “sustentable” frente a la crisis ambiental y el cambio climático. En este sentido, el término "bio" no es neutral, ya que hace referencia a la vida y le da una connotación positiva.

Cuando le consultamos a la socióloga e investigadora especializada en el tema Virginia Toledo López, sobre la relevancia que tiene hablar de la Ley de Biocombustibles ante el escenario actual, hizo hincapié en la importancia de "problematizar" cuando algo hace alusión a la vida, ya que "estamos en un momento de colapso sistémico y necesitamos pensar las transiciones de nuestros modos de vida, porque eso es lo que está en juego".

"Nuestro sistema agroalimentario tiene mucho que ver en cómo ha impactado el predominio de una lógica de organización extractiva orientada hacia la búsqueda de ganancias" (...) "Hay que decir que estos combustibles lo que vienen a hacer es fomentar un modo de producción que está basado en químicos, es energívoro y tiene muchísimos impactos sociales y ambientales . Por ende también "económicos si pensamos en que hay actividades productivas como la apicultura o sistemas productivos regionales que están siendo amenazados por la expansión del agronegocio".

La mirada de Virginia invita a mirar más allá de la producción de riquezas, ya que para activar este sistema energético agropecuario hay que pensar en qué se necesita para darle rienda: la maquinaria de tala o los incendios de los bosques o humedales, la plantación de las semillas de laboratorio y los agrotóxicos que las oleaginosas necesitan para crecer y que contaminan el aire, los suelos, el agua afectando la vida en su integridad. En esta línea, lo que Toledo López propone es dejar de llamarlo biocombustibles y llamarlos agrocombustibles para ligarlo más a los aspectos provenientes del agro-negocio.

"Sumado a que Argentina también exporta y esto tiene que ver con cómo nos insertamos en el mundo. Necesitamos políticas que vayan en favor de garantizar el acceso a los bienes y servicios ambientales y la garantía de los derechos humanos. Queremos salud. Es importante que hablemos de leyes sobre combustibles que aporten a la transición energética hacia formas que sean más amigables y esto nos interpela en distintas escalas".