Purmamarca, donde los Andes se prolongan convirtiéndose en paisaje y columna vertebral de tantos pueblos. Esa quebrada en la que el capitalismo ya no puede aplazar los tiempos de extracción. Las presiones son muchas, los intereses son altos y las comunidades resisten. El litio que está en la corteza de los salares, ese que nació mineral y que quieren hacer batería, hoy es en uno de los ejes centrales de las disputas de las comunidades originarias de Jujuy, que saben que esta reforma constitucional, viene bien atadita a los intereses extractivistas.

Pasaron ya cuatro semanas. La fuerza tremenda de docentes que emprendieron una lucha por salarios dignos, lanzó las primeras piedras al aire de las resistencias. Hoy, varios cortes simultáneos en toda la provincia, siguen como barricadas denunciando las prácticas dictatoriales del gobierno de Gerardo Morales. El Tercer Malón de la Paz de los pueblos originarios resguarda el territorio. Están organizadxs.

En Alto Comedero, el barrio que hace unos años recorrí con los yuyos tapando la cara del Che Guevara, Bartolina Sisa, Micaela Bastidas, Tupac Amaru y Germán Abdala por las mismas políticas de Gerardo Morales que hoy buscan desarmar las organizaciones sociales, resuena entre mis oídos por ser el lugar de una cárcel. Allí, en el Penal, hasta el jueves pasado se encontraban secuestradas 50 personas tras la represión desatada el martes 20 de junio en la capital provincial.  

Claro que la cosa viene de largo. Pero si hacemos un corte en el tiempo, y tratamos de ver los últimos siete años, Jujuy se convirtió en el laboratorio de impunidad y represión del país de la mano del macrismo, en alianza con el justicialismo provincial. Un laboratorio donde los organismos internacionales de derechos humanos son deglutidos por el poder judicial y el aparato represivo. Donde hacer una denuncia en sedes judiciales implica hacerla en la boca del que tortura y encarcela. Donde la información y la comunicación es hegemonía de esos pocos.  Donde el litio es política de estado.

Podemos recordar un Gerardo Morales presidente del Consejo Federal Minero (COFEMIN) que desde el 10 de diciembre de 2015, momento en que asumió su gestión junto al macrismo, se encargó de vender Jujuy al mundo como la “Capital Nacional de la Minería”, a la vez que criminalizaba toda protesta social y metía presa a Milagro Sala, entre otrxs presxs políticxs. Gerardo Morales fue también quien declaró Jujuy como “Capital Nacional de la Pachamama” desde la Secretaría de Asuntos Indígenas en julio de 2017. Ironía, cinismo, impunidad: capital de la minería y de la pacha, todo junto.

La postal colorida del territorio jujeño en épocas de carnaval, desde hace 7 años está teñida de un incremento desmesurado de violaciones a derechos humanos, despidos masivos, desmantelamiento de cooperativas de trabajo, estigmatización de las organizaciones sociales, persecución, hostigamiento, amenazas, montajes mediáticos y torturas en las cárceles.

Y por supuesto, un incremento del descontento y la organización popular que se traducen, si de litio hablamos, en una profunda y simple afirmación: “agua si, litio no”.  

Abajo la reforma, arriba la Whipala

Un paro en toda la provincia. Marchas de antorcha. Los cantos callejeros de protesta más creativos de los últimos tiempos. Imágenes que nos encandilan con el sol atravesando sus rayos en las salinas grandes, mientras cientos de cuerpos marchan con banderas y consignas contra el litio. La palabra malón llegando a los medios porteños.

La reforma constitucional fue aprobada por unanimidad el viernes 16 de junio por 40 de los 48 votos de los constituyentes. Las 8 personas que no votaron habían renunciado previamente. La reforma, es el corolario institucionalizado de inequidad e injusticia, de vulneración y de inconstitucionalidad, muy profundo en los niveles de vulneración a los derechos en la provincia de Jujuy: prohíbe cortes de calles y de rutas “así como toda otra perturbación al derecho a la libre circulación de las personas y la ocupación indebida de edificios públicos en la Provincia”. Primera contradicción con la Constitución Nacional y nuestro derecho a la protesta.

Si de derechos de los pueblos originarios hablamos se desconoce el derecho a posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan al ampliar el derecho a la propiedad privada y establecer en su artículo 74 sobre tierras fiscales que “La ley regulará la administración, disposición y destino de las tierras fiscales susceptibles de aprovechamiento productivo, estableciendo al efecto regímenes de fomento que promuevan el desarrollo territorial y el interés socioeconómico de la Provincia”. Lo podemos traducir fácil: desalojos en tierras de comunidades. ¿Qué hay allí? Una pista: el llamado oro blanco. Pese a que hubo un momento en que Morales manifestó en conferencia de prensa que va a retirar los artículos 36 y 60 de la reforma de la Constitución, textos que afectan directamente a la vida y a la posesión de los territorios de las comunidades indígenas, nade ello ocurrió.

La reforma de la Carta Magna ya fue jurada. La reforma ya está aprobada, el diálogo entre el pueblo movilizado y el gobierno provincial no existe. A menos que la Corte Suprema de Justicia de Nación la declare inconstitucional, la reforma es un hecho. ¿Una nueva constituyente podría convertirse en bandera de lucha?

Vehículos de empresas contratistas utilizados para secuestrar gente. Un joven perdió el ojo al recibir un disparo de bala de goma de la policía en Purmamarca. El operativo policial, parece haber aprendido bien de los carabineros chilenos: disparar para romper las miradas. Una comunicadora, mientras realizaba una cobertura recibió una bomba de gas lacrimógeno en la zona alta de la pierna próxima a la zona genital. Otrxs trabajadores de prensa, fueron perseguidxs y detenidxs de manera arbitrarias. Recibieron balas de goma: comunicar y acceder a la información, es uno de los tantos derechos que el estado jujeño está violando.

No hay llamado internacional que valga en esta represión. Desde Jujuy, una amiga marcha hacia una nueva movilización (¿cuántas ya en el transcurso de estas dos semanas?). Me dice que está bien, pero que huele a dictadura. La última brutal represión policial dejó 170 heridos, uno de gravedad y al menos 69 detenidos. Bonos de 50 mil pesos a las fuerzas policiales que decidieron disparar a mansalva contra quienes se manifestaban en la capital provincial. 

La palabra luto, días históricos, luchar por la tierra, violaciones a la tierra y a los derechos humanos, resuenan entre los pasos de quienes hoy siguen en la calle.  Y ahí también, las palabras de mi amigo y compañero Edgardo Manchado desde los cortes de ruta en Jujuy: “¿Qué hay, qué va quedando? Lo que pasa cuando nos encontramos; el cariño y el cuidado compartido; el saberse del mismo lado del río bravo, con las rugosidades y densidades siempre presentes; la dignidad del pueblo (frase e idea bastardeada pero real), y saber que el mejor cuidado es entre nos; los abrazos de contención y de encuentro”.