Cosquín: escrache y criminalización de la protesta

El intendente de Cosquín, Gabriel Musso, fue escrachado el sábado por la tarde por firmar el "Permiso de uso de suelo" para de la autovía de Punilla. Durante la madrugada del lunes una vecina fue visitada en su casa por efectivos de la Policía de Córdoba para notificarle que había sido imputada por el escrache. Desde el colectivo de asambleas de Punilla anoticiaron que habría más citaciones en curso.

Por Redacción Enfant Terrible |

🕒 3 minutos de lectura
Intendente Gabriel Musso

Mientras las comunidades indígenas-campesinas y organizaciones socioambientales de Córdoba se encuentran reclamando ante un Poder Judicial que no avanza con las causas ambientales, en Punilla, la Unidad Judicial de Cosquín que preside Paula Kelm, continúa imputando activistas. Esto denunciaron desde el colectivo de asambleas de Punilla, quienes comunicaron que, en la madrugada del lunes 15, efectivos policiales se hicieron presentes en la casa de una vecina para notificarle sobre la imputación, escoltándola hasta la Comisaría de Cosquín, regresando avanzada la madrugada. También anoticiaron que habría más citaciones en curso.

El marco para las nuevas imputaciones se generó el pasado sábado 13 durante una concentración convocada por vecinos, comunidades indígenas, activistas y brigadistas territoriales en la Plaza San Martín de Cosquín para visibilizar la problemática de la autovía de Punilla. Más tarde, cuando finalizaba la actividad y se realizaba el plenario, alguien alertó sobre la presencia de funcionarios públicos municipales en la zona.

A menos de 10 cuadras se encontraba el intendente de la localidad, el schiarettista Gabriel Musso, quien había ingresado a la confitería Plunder`s y se acomodó allí para tomar un café. Cuando asambleístas se enteraron que era Musso el funcionario, decidieron acercarse a él con cánticos, pancartas y aplausos para hacerle un escrache al grito de "ecocida", por ser responsable de haber firmado el Permiso de Uso de Suelo de la autovía, sin que el tema sea tratado en el Concejo deliberante en una audiencia pública, incumpliendo con las leyes de Participación Ciudadana y de Acceso a la Información Pública.

Cerca de las 19 horas, efectivos de la Policía de Córdoba y Guardia de Infantería llegaron al lugar del escrache en tres móviles y cuatro motos para despejar el área y hacer un corredor de salvataje al funcionario, que no pudo disfrutar su merienda. Cuando Musso se estaba retirando custodiado, se produjeron forcejeos entre asambleístas y los efectivos, momento en que uno de ellos golpeó a una mujer, en presencia del nuevo Jefe de la Departamental Punilla Norte, Alberto Romero, vestido de civil.

En los videos compartidos por colegas de Radio Panamericana, se ve que el escrache es pacífico y en todo momento Musso se mantiene dentro del local, siendo acompañado por 10 efectivos cuando se retira. A pesar de estas evidencias, los medios hegemónicos locales como Cadena 3 y La Voz del Interior mencionaron que hubo "agresiones", pero no se constató ninguna lesión hacia el funcionario.

Desprevenido o provocador, vecinos autoconvocados impulsaron un comunicado criticando la actitud de Musso: “Nos preguntamos: ¿Qué motoriza a que un jefe político municipal, acompañado de su jefe de seguridad, y el director de cultura de la gestión, se muevan en una zona militarizada, judicializada, expropiada, reprimida, y pretendan circular por la misma, siendo que es una situación de la que son en parte responsables? (...) Tenemos la respuesta a este interrogante, la ¡impunidad!, que los llevó a actuar de una forma socialmente agresiva y desubicada”, repudiaron.

Mientras tanto, el pedido de Amparo para detener el proyecto de la autovía de Punilla, plagado de ilegalidades e irregularidades, ya tiene casi 1 año y el Tribunal de la Cámara en Contencioso Administrativo de Segunda Nominación aún no se ha expedido. Además, a pesar de que debería esperarse el fallo judicial, la obra ya inició. Un grave contraste se ve en la velocidad con que avanzan las imputaciones que responden a una línea de criminalización de la protesta, cada vez más instalada en los territorios de sacrificio, cuando lo que se pretende es preservar el patrimonio local, histórico, cultural y ambiental de Córdoba.

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Redacción Enfant Terrible

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