En la última década, la extracción de las arenas “silíceas” se convirtió en una de las principales actividades económicas de la provincia de Entre Ríos.
Un conjunto de empresas privadas de capitales argentinos y extranjeros vienen desde el 2012 capitalizando este negocio que incrementó su producción y comercialización al son del aumento de las perforaciones petroleras en el suelo de Vaca Muerta.
Mucho habla la clase política y empresarial de los “beneficios económicos” y logísticos de estos procesos extractivos pero poco sobre las consecuencias directas sobre los cuerpos y territorios que invaden y contaminan a su paso.
¿Cómo se relacionan ambas actividades? ¿Cuál es el destino y uso específico de estas arenas? ¿Qué empresas capitalizaron este negocio? ¿Cuáles son las consecuencias sociales y ambientales que provoca el extractivismo del “oro blanco”?
Las arenas “silíceas” son consideradas en el mundo empresarial como el “oro blanco” del siglo XXI debido a su creciente valor en el mercado de los minerales durante la última década. Pero ¿qué son? ¿para qué se utilizan? y ¿y por qué creció su valor?
Este tipo de mineral es un compuesto que surge de la mezcla de un átomo de sílice con dos átomos de oxígeno, lo que forma una molécula estable denominada dióxido de silicio. La misma posee propiedades químicas y físicas que la vuelven apta e idónea para su uso en la fabricación de vidrio, filtros de agua, perforaciones, morteros, plantas potabilizadoras, pinturas, resinas, entre muchas otras.
La extracción de la misma se logra a través de actividades mineras en yacimientos, canteras o en el lecho de los ríos y humedales con el uso de maquinaria pesada que incluye dragadoras, excavadoras y camiones especiales. En este artículo nos concentramos en la arena que se extrae de las costas y territorios cercanos a los ríos Uruguay y Paraná, específicamente en la provincia de Entre Ríos.
Según la Fundación Cultura Ambiental Causa Ecologista (CAUCE), organización que “promueve la transición hacia sociedades sustentables y el ejercicio de la democracia ambiental”, Entre Ríos, es la mayor productora de este tipo de arena, y desde el 2020 en adelante ha comercializado más de dos millones de toneladas de la misma.
Vale la pena remarcar que la arena es el segundo bien común natural más utilizado en el mundo después del agua. Es un “recurso” no renovable y finito que tiene en esta provincia una gran reserva estimada en cientos de millones de toneladas.
El último informe sobre la extracción de las arenas silíceas publicado por CAUCE da cuenta de al menos 8 empresas que capitalizan este negocio con alrededor de 32 proyectos areneros, muchos sin contar con las debidas autorizaciones ambientales para operar y donde se destaca también que las firmas que tienen autorización no garantizan su debido cumplimiento ya que los estados intervinientes ejercen nulo o poco control sobre las operaciones de las mismas.
Las firmas que trabajan mayoritariamente en las costas de los ríos Paraná y Uruguay, son Compañía Minera La Porfia S.A., Qsand S.A, Cristamine S.A., Aresil S.A., San Marcos Trading S.A, Maiztegui Luis Roman S.A, Cattorini Hnos y Arenas Argentinas del Paraná S.A, del Grupo Belga Jan de Nul, conocido por realizar el dragado de la vía troncal navegable (mal llamada “Hidrovía”) durante los últimos 25 años. Empresa denunciada públicamene por supuesto peculado junto a su histórica socia argentina “Emepa”, quien hasta hace un tiempo atrás realizaba las tareas de balizamiento en la vía navegable.
El principal destino de las arenas extraidas de este territorio litoraleño es una de las reservas de hidrocarburos no convencionales más importantes del mundo: Vaca Muerta. Esta formación geológica argentina de 30.000 kilómetros cuadrados es compartida por cuatro provincias: Mendoza, Neuquén, La Pampa, Río Negro. La empresa de mayoría accionaria estatal YPF es quien opera junto a sus socias multinacionales en este territorio donde se extrae petróleo “shale” y gas “shale”.
Debido a la profundización de la guerra comercial entre las principales potencias mundiales y su consecuente agravamiento a través de los bloqueos, sanciones y prohibiciones comerciales entre sus principales proveedores (Rusia, Venezuela, Irán, Estados Unidos, UE, China), estos hidrocarburos son cada vez más demandados ante un escenario marcado también por la crisis crimática capitalista que agrava aún más la situación sobre la profundización de la matriz extractivista sobre los combustibles, su extracción, producción y comercialización.
Petróleo y gas son extraídos de la cuenca neuquina a través de la polémica y cuestionada técnica del fracking.
“La fractura hidráulica o fracking es una técnica experimental por la cual se logra extraer el gas o el crudo atrapado en las rocas desde hace millones de años. Consiste en la inyección a altas presiones de agua, arena y productos químicos a las formaciones rocosas ricas en hidrocarburos, a fin de incrementar su permeabilidad y, con ello, mejorar la extracción de los mismos” (D’Elia, Eduardo y Ochandio, Roberto - 20 mitos y realidades del fracking).
Las arenas sicíleas son imprescindibles en este proceso. Para que las fracturas realizadas por las perforaciones sigan abiertas una vez que la presión vuelva a la normalidad, estas arenas se alojan dentro de las grietas evitando su cierre. Cada zona de fractura puede requerir hasta tres horas de bombeo continuo a alta presión para inyectar el volumen requerido.
Según CAUCE, el 80% de la arena sicílea usada para el fracking de Vaca Muerta proviene de Entre Ríos.
“A pesar de que Entre Ríos fue la primera provincia que prohibió el fracking es la mayor proveedora de arenas silíceas para la realización de una actividad altamente nociva para el ambiente y la salud humana. Además, oculta información a la población afectada en una clara connivencia con empresas privadas y Estados en sus distintos niveles” denuncian desde la organización ambientalista.
Según el Observatorio Petrolero Sur, cada pozo de “shale” –de unas 50 fracturas- requiere no menos de 15 mil toneladas que son mezcladas con no menos de 90 millones de litros de agua e inyectadas a presión. La cantidad de pozos productivos estimados a realizarse –según YPF- de cara al 2030 son más de 3.800.
Para CAUCE, “es de esperar que, a mayor producción en formación no convencionales, mayor será la demanda y la atención puesta en la minería de arena. Es decir: más presión y explotación de los territorios que poseen canteras de arenas aptas para el fracking”.
Tanto la extracción de los hidrocarburos no convencionales como de la arena silícea tienen amplias y probadas consecuencias en la salud de los ambientes, territorios y seres vivos que conviven en estos lugares de sacrificio.
El fracking ha sido prohibido en distintos países como Francia, Bulgaria, Italia, España y por estados subnacionales como Quebec, Nueva York, Maryland, Entre Ríos, Estado de Paraná y Santa Fe por problemas socio ambientales como los siguientes:
Aumento de la actividad sísmica en los territorios perforados, utilización de productos químicos “peligrosos” como el naftaleno, el metano y el ácido fórmico, la contaminación del aire debido a sus constantes emisiones contaminantes, la disposición final del “agua de retorno” y residuos peligrosos que no reciben sus justos tratamientos, derrames de pétroleos en áreas naturales protegidas, en territorios de comunidades originarias, etc.umedales y otros de montes nativos en territorios de sacrificios para validar la exploración y explotación de arenas silíceas. Esto, indirectamente, es hacer fracking.
Particularmente en Entre Ríos, cuando se decretó la Ley de su prohibición, se lo hizo –como dice en sus artículos 1º y 2º- bajo el pretexto de priorizar la preservación del Acuífero Guaraní.
Para CAUCE la contradicción de Entre Ríos es “enorme”, ya que “por un lado, prohibir la técnica de fracking y, por otro, convertir los ecosistemas de humedales y otros de montes nativos en territorios de sacrificios para validar la exploración y explotación de arenas silíceas. Esto, indirectamente, es hacer fracking.
“Si bien limitó el fracking para proteger el ecosistema, abastece a la Cuenca Neuquina con arena sin contar con planificación alguna del territorio, sin medidas de protección ambiental y participación social; haciendo caso omiso de las mandas constitucionales y de las disposiciones normativas de la Ley General de Ambiente N°25.675, de leyes de presupuestos mínimos e incluso de leyes locales, destinando grandes espacios de nuestra provincia al sacrificio de vivir y convivir con los pasivos ambientales de las actividades extractivas” denuncian lxs militantes ambientalistas.
El extractivismo de las arenas se da en zonas cercanas o directamente sobre las costas de dos de los ríos más importantes del país, como lo son el Paraná y el Uruguay. Afecta, a su vez, a los tan golpeados e importantes humedales.
Según lo publicado por CAUCE, la extracción de arena es una de las actividades que mayor presión ejercen sobre los ecosistemas fluviales y colaboran en el rápido declive de la biodiversidad asociada.
“El polvo de sílice se ha identificado como un causante tanto de cáncer de pulmón como de silicosis. La cantidad exacta a la que se han expuesto algunas comunidades a sotavento sigue siendo incierta. El material particulado (arena de sílice) que se encuentra en el aire en la zona de las canteras y de las plantas es altamente nocivo para el ambiente y la salud humana, configurando un serio riesgo para todos los seres vivos que aspiren este aire. De no ser así, no existiría razón para que se obligue a las empresas a colocar barreras o cortinas forestales” describen desde la ONG.
También destacan que las poblaciones cercanas a las canteras o plantas de procesamiento, sufren contaminación de tipo sonora, lumínica y visual, a lo que se le suma el uso de determinados químicos sobre el agua potable y el aire que se respira en estos lugares. El tránsito de decenas de camiones pesados contribuye a la contaminación del aire con polvo de sílice y al desmejoramiento y rotura de los caminos internos, rutas provinciales y nacionales.
Los distintos extractivismos que tienen lugar en el país conviven de manera interrelacionada y con la amplia legitimidad política, empresarial y judicial que permite su creciente avance y profundización sobre nuestros territorios, biodiversidades y cuerpos.
El Estado Nacional y los estados subnacionales no parecieran estar ausentes, sino más bien ser los máximos responsables del avance violento y descarado sobre el agua, los minerales, el aire y la vida misma en nuestros hogares.
La matriz saqueadora de nuestros bienes comunes naturales traduce una total falta de soberanía nacional que exhibe su mayor cara en zonas de sacrificio como lo representan el Acuífero Guaraní, el Río Paraná, los humedales litoraleños y la zona patagónica de “Vaca Muerta”.
Sin embargo, es loable destacar la gran capacidad de empatía, solidaridad y convicción de las organizaciones civiles, sociales y políticas territorializadas que denuncian en cada rincón de Argentina y logran sentencias sociales y a veces judiciales a favor de la vida ante una humanidad toda en peligro de inminente extinción.
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