Los anuncios de Alberto Fernández de extender la cuarentena privilegiando la salud de todos viene a boicotear la economía de algunos. Mientras JxC busca medidas legislativas que le permitan recuperar iniciativa política, las grandes empresas aprovechan la crisis sanitaria para ejecutar despidos y suspensiones. Cacerolazos conchetos en zona norte y Córdoba, y apremios policiales en las barriadas populares: la versión pandemia de la grieta abre posibilidades insospechadas para el gobierno de Alberto
Un fantasma recorre la Córdoba sojera y las barriadas de zona norte de Ciudad de Buenos Aires: el fantasma del cacerolazo nacional. El objetivo era apoyar la iniciativa parlamentaria presentada por el radical Mario Negri y el interbloque Juntos por el Cambio, que busca reducir un 30% el salario de "los políticos", para ayudar a paliar la crisis económica derivada de la emergencia sanitaria.
La campaña por el #CacerolazoNacional iniciada por el neoliberal Jose Luis Espert vía Twitter, pronto recibió el respaldo de las principales espadas del PRO Patricia Bullrich y Cristian Ritondo. Tras un tira y afloja dentro del interbloque Cambiemos -los diputados de la Coalición Cívica protestaron por no ser consultados y abandonaron el grupo de Whatsapp- el conjunto del arco liberal, desde Yamil Santoro hasta Darío Lopérfido claman ahora, cacerola en mano, por el fin del gasto público en sueldos y dietas para diputados y senadores.
Esta campaña arrancó tras los anuncios del presidente Alberto Fernández de extender la cuarentena hasta el próximo 13 de abril. El consecuente resentimento económico que trae aparejada la emergencia sanitaria resignificó la importancia del Estado para las grandes mayorías, pero afecta intereses de mucho calado. "Les toca ganar menos muchachos" anunció el mandatario y encendió las alarmas.
"El Estado es el problema. Vamos a morir todos. Pero la gente va a tratar de resistir y todo termina en una guerra civil donde se muere para conseguir alimentos" declaró, ligero, el economista liberal Javier Milei a Infobae. En esa retórica del apocalipsis hay algo mas que incapacidad política y supina estupidez, también está la preocupación genuina de las grandes empresas cuyos dividendos se ven afectados por la cuarentena obligatoria.
Para paliar esta pérdida los despidos no se han hecho esperar. El grupo Techint echó 1500 trabajadores pocas horas después del anuncio del presidente y marcó la cancha. Envalentonado por la iniciativa, el "hermano del alma" de Macri, Nicolás Caputo, ordenó el despido de 700 trabajadores vinculados a su firma Mirgor, dedicada a la producción de electrodomésticos en Tierra del Fuego. En esa tónica la empresa de transporte Vía Bariloche desvinculó 100 choferes.
Frente a este panorama de neoliberalismo en su versión apocalíptica, cacerolazos conchetos contra "los políticos" y emergencia sanitaria, no sería descabellado por parte del gobierno pisar el acelerador en defensa de los intereses de "Todos". Un todos que incluya a los trabajadores, que garantice sus ingresos y sus trabajos, prohibiendo por decreto a los grandes grupos económicos suspender o despedir.
Al paro de Aceiteros y ATE-SENASA se sumó la Federación Sindical Marítima y Fluvial (FE.SI.MA.F). Además, desde la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) anunciaron paro total para el próximo lunes.
En rechazo a la Ley Bases y el Impuesto a las Ganacias, el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) y ATE-SENASA paralizan el 80% de las exportaciones argentinas.
Luego de que Cristina anunciara que hablará el sábado en Quilmes, se supo que el gobernador de Buenos Aires encabezará un acto el mismo día a las 11:00, para hablar sobre el dragado del canal fluvial, clave en la comercialización naval.
