Fundada en 1950 por el ex presidente Juan Domingo Perón, el organismo fue pensado con la misión de desarrollar y controlar el uso de la energía nuclear con fines pacíficos en el país. Es decir, no fue pensada para la producción de armamento, sino sobre la función y el impacto en la búsqueda del bienestar de la ciudadanía, usándose para tratamientos de quimioterapia, restauración de archivos, física forense, energía nucleoeléctrica, entre otros.

Dentro de los desempeños y regulaciones en materia de producción de energía nuclear se encuentran las centrales de Atucha I, Atucha II y Embalse, las cuales están dentro de la órbita de Nucleoeléctrica Argentina S.A (desde noviembre del año pasado sujeta a privatización parcial). La CNEA cuenta con el 20% de su capital accionario al igual que Energía Argentina S.A. (ENARSA). El 78% restante le corresponde al Ministerio de Economía.

Otro de los signos de que el interés principal del gobierno no es fortalecer la producción interna, sino la explotación de bienes en manos extranjeras, fue la cesantía del equipo que estaba detrás de la creación de la Central Argentina de Elementos Modulares (CAREM). El mismo, además de que iba a ser uno de los 3 reactores que existen en Latinoamérica -Brasil y México- se estimaba que iba a producir la suficiente energía como para abastecer a 120.000 habitantes.

Por si no bastara, desde el 2024, el Ejecutivo Nacional detuvo el avance en las obras del Reactor Nuclear Argentino Multipropósito RA-10, el cuál preveía un alto impacto estratégico en áreas nacionales sensibles como la salud, la ciencia, la tecnología y la industria.

Los despidos sucedidos ayer y hoy, mañana y pasado, se deben, en parte, a que el vaciamiento facilita la compra a bajo costo de una producción casi realizada, aumentando la cotización a futuro. La diputada nacional y ex presidenta de la CNEA, Adriana Serquis, solicitó el esclarecimiento de qué hacían siete funcionarios de los Estados Unidos en tres centros atómicos estratégicos de la Argentina y en la sede central de la CNEA.

En las palabras cruzadas de lo que dicen en conferencia y el telegrama de desvinculación del cargo posterior, el gobierno se jactó de que los 60 despidos fueron solamente a “personal administrativo sin estudios terciarios”; en tanto, lo comentado por la Coordinación Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria (CNTI) fue que el Presidente Martín Porro comentó renovar los contratos hasta fin de año y terminó por echar alrededor de 170 trabajadores.

En el cambalache del sector laboral solicitan antigüedad, experiencia y maestría por un sueldo congelado de $1.000.000, bajo contrato parcial de 3 meses con posibilidad de renovación. Un doctorado en monotributista. Justificar despidos por “no contar con estudios terciarios”, termina corriendo el foco de que para producir conocimiento, se necesita más que especulación financiera para mantener el déficit fiscal.

“Son cosas que ni gobiernos militares lograron hacer, y la hicimos nosotros en tres meses. ¿Qué problema de gestión? No hubo problema de gestión”. Javier Milei - presidente

Se afincó la idea de que ya no se necesitan golpes de Estado para extranjerizar la soberanía de un país, de hecho se ahorran cualquier guerra con los regalos que ofrecen -si se permite el desplazamiento por la media sanción de la Ley de Inviolabilidad de Tierras-. Sin embargo, los despidos y la fuga de cerebros que aumentan como el precio de la nafta, mantienen constante la pregunta: ¿Quién los emplea a ellos y que nos queda a nosotros?