Por Matías Machado Quiroga
En el año 2023, los gobiernos de Córdoba y de Santa Fe llegaron a un acuerdo para realizar un inmenso acueducto que traiga agua del Río Paraná a nuestra provincia.
Con el argumento de la crisis hídrica que atraviesa el territorio provincial, los entonces gobernadores Juan Schiaretti (Córdoba) y Omar Perotti (Santa Fe) consiguieron fondos de Kuwait y Arabia Saudita, quienes acordaron financiar la totalidad de la obra, con un endeudamiento cuyos vencimientos se extienden hasta 2046.
El objetivo final de la mega obra es llegar a la Ciudad de Córdoba. Pero ¿qué riesgos implica? ¿Qué dicen desde las asambleas socio ambientales y desde la ciencia?
Según el gobierno cordobés el agua del acueducto se piensa principalmente para consumo humano, pero todavía no hay información oficial sobre su aptitud. Lo que sí se sabe es que el Río Paraná es uno de los ríos con más glifosato de Sudamérica.
El biólogo Rafael Lajmanovich (Universidad Nacional del Litoral) advierte que en los arroyos que alimentan la zona de toma del acueducto se detectaron 5.002 microgramos de glifosato por kilo de sedimento, la concentración más alta documentada en toda Sudamérica. Además, los bioensayos mostraron una letalidad del 100% en renacuajos al usar las muestras sin diluir.
En otro afluente analizado en el mismo estudio, en el arroyo Las Tunas, los científicos encontraron contaminantes, agroquímicos y una gran contaminación bacteriana.
Por otra parte, una investigación realizada por el Centro de Investigaciones del Medio Ambiente de la Facultad de Ciencias Exactas (Universidad Nacional de La Plata) con participación de la Prefectura Naval Argentina demostró altos niveles de herbicidas categorizados como cancerígenos por la Organización Mundial de la Salud en los sedimentos acumulados en la cuenca del Paraná.
Los resultados del informe subrayan la necesidad de una gestión y un control agrícola más estrictos para mitigar la contaminación en los ecosistemas de agua dulce.
Otro antecedente científico del estado del Río Paraná es el de los Investigadores del Instituto Nacional de Limnología (INALI-CONICET/UNL), quienes encontraron presencia de cianobacterias. Confirmaron las floraciones de la especie Microcystis aeruginosa en la laguna Setúbal, vinculada al sistema del Paraná; bacterias que producen cianotoxinas capaces de afectar la salud humana y animal.
Los microplásticos completan el cuadro. Una investigación liderada por Natasha Schvezov (investigadora del CONICET) tomó muestras en múltiples puntos del río durante tres años consecutivos y en absolutamente todas encontró estos contaminantes.
El biólogo Federico Kopta (integrante del Foro Ambiental Córdoba) advierte que el “Paraná es el receptáculo de efluentes industriales, cloacales y, fundamentalmente, de la carga de venenos del agronegocio”.
En este contexto, el Foro Ambiental Córdoba solicitó una audiencia pública y un estudio de impacto ambiental, alertando que el agua del Paraná recibe agroquímicos y podría no ser segura para consumo.
Kopta también comenta que lo “más lógico y económico”, sería llevar agua al Gran Córdoba desde la cuenca del río Ctalamochita o Tercero. “Incluso nos parece adecuado hacerlo desde la zona alta de esa cuenca, del embalse Cerro Pelado, en Calamuchita”, agrega.
Si a esa agua se la hace bajar hasta el dique Piedras Moras (en Almafuerte) son 90 kilómetros para conducirla hasta Cordoba Capital; en cambio traerla desde el Paraná son 390 kilómetros, lo que supone un desnivel que demanda un sistema de bombeo hídrico.
En ese sentido, Ricardo Astini (CONICET) en diálogo con Perfil Córdoba mencionó que “menos del 0,5% del total del agua terrestre es accesible como agua superficial o subterránea renovable y no hay una solución única ni mágica, la sostenibilidad ambiental debe ser el primer criterio”.
Astini plantea que existen alternativas locales de provisión con menor impacto ambiental y mayor autonomía hídrica. Entre ellas, la optimización de embalses serranos como Los Molinos, Río Tercero y Piedras Moras; la realización de obras de trasvasamiento e interconexión de presas y canales; y el aprovechamiento de infraestructuras ya existentes.
Victoria Flores, secretaria de Ambiente y Economía Circular de la Provincia, quien estos días se encuentra de visita en Londres en el marco de la London Climate Action Week (evento ambientalista que legitima el colonialismo en Malvinas), expresó en una entrevista con La Voz Del Interior que, por las características del proyecto, no se requiere un estudio de impacto ambiental ni tampoco el trámite de audiencia pública según la Ley N° 10.208 que determina la política ambiental provincial.
Un dato fundamental es que la ley 10.208 de derecho ambiental fue modificada en 2022, flexibilizando las exigencias de estudio ambiental y eliminando la audiencia pública obligatoria. Abriendo camino a mega obras y facilitando este tipo de proyectos.
Aquella modificación fue presentada con la firma de Juan Carlos Scotto (ex secretario de Ambiente) y aprobada por la Legislatura. Los cambios buscan agilizar trámites administrativos y actualizar los requerimientos para estudios de impacto ambiental, escenario ideal para comenzar el acueducto.
“La calidad se monitorea una vez que el acueducto esté en funcionamiento y el mayor caudal de agua lo tiene Santa Fe, que realizó los informes, además de los realizados en Córdoba por la Administración Provincial de Recursos Hídricos (Aprhi) a los cuales nos atenemos”, expresó respecto de la calidad del agua la funcionaria antes nombrada.
La obra comenzó formalmente el 5 de octubre de 2023, aprobada por el ex presidente Alberto Fernandez.
“Este anuncio resuelve un problema que es garantizar que el agua llegue a todos los rincones en que los argentinos lo necesitan”, explicó el mandatario desde la residencia de Olivos, donde estuvo acompañado por el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz; la coordinadora de la Subsecretaría de Relaciones Financieras Internacionales para el Desarrollo, Cristina Tchintian; y el embajador de Kuwait en Argentina, Abdullah Ali Alyahya.
El fondo soberano de Kuwait aportó 50 millones de dólares para la primera etapa del proyecto que conectará Coronda con San Francisco. Los plazos de los pagos se extienden hasta el año 2046.
Las próximas cinco gestiones provinciales estarán atadas a compromisos financieros con monarquías petroleras para pagar una obra cuya calidad de agua es, cuanto menos, dudosa.
La segunda etapa se sostiene con un préstamo de 100 millones de dólares del Fondo Saudi, destinado a el bloque B y el C. Esta fue aprobada por la gestión actual de Javier Milei donde el ministro de economía Luis Caputo y los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; y de Córdoba, Martín Llaryora firmaron el contrato de garantía nacional: si estos no pagan se hace cargo el gobierno nacional, restando el dinero de la coparticipación que le corresponde a ambos territorios.
La última etapa que llega hasta el Gran Córdoba está planificada sin presupuesto ni plazos de construcción, sin embargo se estima un gasto cercano a los 200 millones de dólares.
Las y los vecinos cordobeses pagan la obra pero sin información clara del monitoreo de la calidad del agua que van a tomar del Río Paraná, el cual presenta signos preocupantes de contaminación con glifosato, plástico, bacterias y desechos. El proyecto también deja de lado la revisión y recuperación de las cuencas locales, signo de que el cuidado ambiental no es parte de la agenda política actual.
*Foto de portada: Red de Medios Digitales.
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