En mayo de 2025, el intendente, Pablo Cornet (PRO), logró lo que tanto anhelaba: que le aprueben la mentada ordenanza para amurallar la ciudad. Bajo la Ordenanza 14/25, con un gasto de más de 600 millones de pesos y sin consulta popular, se implementará una medida tan insólita como política, gentrificar so pretexto de “inseguridad barrial”.
El “programa modelo de prevención y seguridad vecinal de la ciudad” ingresó al recinto municipal el 7 de mayo. La insistencia por parte de las autoridades de Villa Allende datan del 2023, todas fueron revocadas por los vecinos que por voto popular y audiencia colectiva rechazaron la medida. Esta vez fue la propia justicia, junto a sus gobernantes, quienes desoyeron a los residentes.
El proyecto se presentó como un plan de ordenanza para monitorear y controlar los acceso a los barrios por medio de “cierres estratégicos”. Los motivos, según el intendente, se deben al aumento de robos en la zona por parte de visitantes de la capital cordobesa y alrededores. Además de los portones de 2mt de alto y las vallas en barrios como Pan de Azúcar, Lomas Sur, Villa Allende Parque, El Ceibo, San Alfonso, Jardín de Epicuro y La Cruz, el municipio planteó un sistema de corredores seguros con 300 cámaras en la vía pública y ocho móviles policiales agregados.
“Para que la seguridad funcione muy bien, la Justicia debe agilizar los procesos. Hoy, las causas con presos, los allanamientos, tienen procesos muy largos y lentos. Hay una respuesta a destiempo en la gran mayoría de los casos y atenta contra la seguridad”, comentó el intendente a La Voz.
La prueba piloto arrancaría con la instalación de 15 portones en los barrios Pan de Azúcar y Lomas Sur entre febrero y marzo de 2026. Luego, continuarían con las demás jurisdicciones. “Si la medida logra reducir drásticamente la inseguridad, van a pedir portones durante las 24 horas”, continúo Cornet.
El Tribunal, que falló a favor del municipio, consideró que los planteos de inconstitucionalidad por parte de los amparistas no son procedentes porque la medida es razonable y proporcional al fin perseguido, que es la seguridad pública. Y se dictó en el marco de una emergencia acreditada, que rige en la localidad desde el 2023.
De igual modo, el municipio defendió la legalidad y razonabilidad del programa, enmarcado en una declaración de emergencia en seguridad (ordenanza N° 13/2025) y en el ejercicio de su poder de policía y autonomía municipal.
Categorías como “inseguridad” o “terrorismo” se suelen utilizar con el fin de infundir miedo en el imaginario social. Los robos existieron y existirán, el narcomenudeo y la violencia también, ahora ¿es esto suficiente para aplicar un toque de queda como modelo de prueba? En caso de que el delito sea una constante en Villa Allende ¿El fin justifica los medios? Monitorear quién sale y quién entra ¿Producirá en la vecindad una sensación de seguridad?
El problema no es el delito en sí, es qué se hace para contrarrestarlo. Invertir alrededor de 600 millones de pesos, o más, en hacer de la localidad una zona de control policial, no asegura que dejará de haber robos o crímenes, más bien sucederá lo que los residentes anticiparon el año pasado: “buscarán la manera de ingresar igual, quizás por la mañana cuando nosotros trabajamos”.
Lo que debería llamar la atención es lo que viene sucediendo con mayor frecuencia desde el año pasado: los funcionarios públicos toman decisiones de espaldas a la ciudadanía que dicen representar. Por ejemplo, la justificación del Municipio fue que menos del 2% estuvo en contra de la medida. Los vecinos, en cambio, reclaman no haber sido consultados y que solo se realizó una encuesta por Cidi a quienes son propietarios, pasando por alto inquilinos o comerciantes.
Los demandantes interpusieron el amparo colectivo por considerar que el cierre de calles vulnera el derecho a la libre circulación, a la propiedad, a la igualdad ante la ley y discrimina. Sostuvieron que las calles públicas pertenecen al dominio del Estado y su destino no puede ser alterado por normativas locales, ya que legislar sobre esto es competencia del Congreso Nacional.
El casete repetido por parte de Cornet de que “cualquiera puede entrar y salir” y de que es una “medida preventorial” cae por su propio peso. Quien quiera ingresar será requisado, quien quiera salir quedará expuesto. Para la concejal del bloque Elegí Villa Allende, la justicia no va en consonancia con lo que sucede a nivel general:
“En vez de llevar adelante políticas de inclusión se llevan adelante políticas de segregación y eso es peligroso”, sintetizó.
El jueves negro. El día que la institución sentenció y silenció el cuerpo y la voz de Diego Armando Maradona. Un pueblo sin cuerpo, un hombre sin piernas. Si Cristo en la cruz es la señal de las consecuencias del poder sobre el perdón; las piernas estocadas de Diego fueron la señal de que un país quedó al desamparo de una ilusión flanqueada
La presentación oficial en vivo del disco será esta noche en Chilli Street Club (Córdoba), a las 20h, junto a Los Hermanos Domínguez que abrirán la noche
Metele Catú se presenta el viernes 17, a las 20:30h, en el Centro Cultural La Piojera (av. Colón 1559). Entrada libre, salida a la gorra
