El tridente Estados Unidos, Reino Unido e Israel avanza a paso redoblado con su intervencionismo sobre la política nacional. Milei pone la firma, pero las decisiones en materia económica, securitaria y de defensa, se toman en Washington, Londres y Tel Aviv.

A los recientes dichos en modo campaña de Kristalina Georgieva, directora del FMI, quién pidió votar por Milei en las próximas legislativas, y a la visita del secretario del tesoro de EE.UU, Scott Kenneth Bessent, quien impartió órdenes sobre el rumbo económico en la Casa Rosada días atrás, ahora se le sumó la llegada del representante del Comando Sur al país.

La visita del alto mando militar estadounidense coincide con una vulneración gubernamental a las leyes de seguridad interior y de defensa, y con nuevos acuerdos firmados por Bullrich con el Reino Unido y por firmar con Israel en la materia.

Medidas graves y antinacionales que profundizan una doctrina de seguridad anglosajona y sionista en detrimento de la seguridad jurídica y la soberanía política de 47 millones de argentinos.

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, zona de interés y disputa anglosajona

Alvin Hosley, Jefe del Comando Sur de EE.UU (sucesor de la general Laura Richardson), llegó este lunes al país como parte de una visita de tres días donde ya se reunió con Javier Milei, Luis Petri y el Jefe del Estado Mayor Conjunto argentino, Xavier Isaac.
Según la propia embajada yanqui en Argentina, el militar visita hoy miércoles a la Base Naval Integrada en Ushuaia (Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur), “donde se reunirá con personal militar local para interiorizarse sobre sus misiones y el papel clave que desempeñan en la protección de las rutas marítimas vitales para el comercio global”.

Es la segunda visita del Comando Sur a la provincia más grande -y una de las más importante- del país en los 16 meses de gestión del gobierno encabezado por Javier Milei.

Un dato no menor es que Hosley no será recibido ni por el gobernador fuegino, Gustavo Mellela, ni por el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto. Ambos rechazaron su presencia en territorio nacional.

Con el argumento de fortalecer la cooperación militar y securitaria de la región, Estados Unidos profundiza su influencia en una base naval “conjunta” en el extremo austral del continente americano. Tener cierto control en la zona es vital para el gigante del norte en lo que definimos en este medio como la disputa del siglo: la lucha por la Antártida.

Ushuaia, conocida internacionalmente como la “Puerta de la Antártida”, ya que concentra la mayor parte del tráfico turístico y logístico hacia el continente blanco, consolidándose como su principal “puerta de entrada”, es la ciudad elegida por el Comando Sur para consolidar su presencia en la argentina austral, justo en la mitad del país, lo que vulnera la seguridad e integración bicontinental de la Nación.

A la llegada del jefe militar a la región, le antecede la publicación de un reciente artículo en el New York Times (actor significativo dentro del soft power -poder blando- estadounidense), titulado “¿Cuánto tiempo permanecerá salvaje ‘El Fin del Mundo’?”, donde se explora el impacto de la industria del turismo internacional en la ciudad y sus cercanías, el aumento de los precios de la vivienda y la disputa sobre los recursos naturales.
Es importante recordar que la cartografía nacional en aquella región austral también incluye otros territorios de relevancia geopolítica, tales como el Canal Onashaga (conocido como Beagle), el Estrecho Patagónico (conocido como Magallanes), y el Pasaje Piedrabuena (conocido como Hoces o Drake), definidos por EE.UU. como “rutas marítimas vitales para el comercio global”.

Por su parte, el Gobierno Nacional niega la cesión de soberanía a Estados Unidos. En el informe de Jefatura de Gabinete del 2025, Guillermo Francos, expresó que no existen previsiones para otorgar concesiones especiales a Estados Unidos, asegurando que el país extranjero no está involucrado en las construcciones que se llevan acabo actualmente en la Base Naval Integrada.
Situación poco creíble ante un gobierno que vulneró el acceso a la información pública y que firmó y/o formalizó distintos acuerdos con Estados Unidos en lo que respecta a la ciberdefensa, a la administración de la Vía Navegable Troncal Paraná-de la Plata, y a la formación y entrenamiento de militares yanquis en tierras patagónicas.

En diálogo con Enfant Terrible, David Pizarro, historiador e investigador especialista en el Atlántico Sur, expresa al respecto: “Estados Unidos busca eliminar cualquier vestigio de inversión o influencia china en la región, atendiendo a una visión geopolítica estratégica de asegurar su presencia allí”.

Pizarro sostiene que la Antártida tiene un presente de cooperación, pero tiene un claro futuro de disputa.

“Estados Unidos nunca dejó de mirar la Antártida. Sucede que ahora la mira con mayor intensidad y ve con especial interés nuestro territorio nacional antártico. Y está frente a un Gobierno Nacional al que entiende como mero objeto de subordinación a sus intereses, lo que genera un problema enorme para nuestra soberanía”, advierte el investigador.

La creciente disputa por la Antártida lleva a una formalización de los lazos y relaciones internacionales entre potencias con intereses en la región y los dos países sudamericanos con presencia territorial en el continente blanco: Argentina y Chile.
En el caso del país trasandino, seis días atrás firmó un acuerdo con el Reino Unido que tiene como

objetivo principal desarrollar la industria de construcción naval y reforzar el intercambio profesional y la transferencia de conocimientos técnicos entre la Armada de Chile y la Royal Navy del Reino Unido.

“Existe hoy una tensión entre el Reino Unido y Estados Unidos, lo cuál debería ser leído como una oportunidad para nosotros. Estados Unidos se está retirando de Ucrania y eso dejó secuelas entre europeos y norteamericanos, tanto en sus relaciones diplomáticas como en la OTAN. Los yanquis están marginando un poco a los británicos en su política internacional y por eso éstos responden aliándose con Chile”, explica Pizarro.

¿Quiénes se benefician con las vulneraciones a las leyes de seguridad interior y defensa?

La visita de alto mando militar yanqui se da en un contexto local donde el Gobierno Nacional viola la Ley de Seguridad Interior Nº 24.059, normativa que establece el marco legal para la actuación de las fuerzas de seguridad federales en el territorio argentino y delimita las diferencias entre seguridad interior y la defensa nacional.
En un acto que degrada la tarea de las Fuerzas Armadas en su rol de defensa de la soberanía nacional, el Gobierno, a través del encargado de la cartera de Defensa, Luis Petri, autorizó al personal militar a detener civiles en flagrancia, en la frontera Norte del país, donde funciona el denominado “Operativo Roca”, lanzado el mismo día donde se formalizó el acuerdo con el FMI, el 11 de abril.
“Es una medida controversial para todos los que defienden narcos, terroristas y violentos delincuentes. Elijan de lado van a estar”, expresó en sus redes sociales el ministro proveniente de las filas del radicalismo, quien reconoció lo polémico de la decisión.
Además, en el mismo posteo, Petri confesó que la medida sigue los lineamientos de la gestión de Donald Trump en Estados Unidos, ya que “todos los países limítrofes con Argentina usan a sus fuerzas armadas para el control y vigilancia de sus fronteras, EEUU lo acaba de anunciar en enero, ¿por que acá algunos se escandalizan?”.
De esta manera, el Gobierno refuerza la militarización interna con la excusa de combatir el narcotráfico, mientras utiliza las fuerzas federales ya previstas para actuar en frontera, como la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval, para reprimir jubilados cada miércoles en el centro porteño.

La policialización de las Fuerzas Armadas se extiende más allá del norte argentino, evidenciándose también en Buenos Aires. El 4 de abril, durante un entrenamiento antidisturbios en una base naval de Vicente López, la estudiante de la Marina Brisa Páez, de 21 años, sufrió una grave lesión cerebral tras ser pateada por un instructor en un ejercicio de represión de protestas. Este hecho, que la Marina intentó encubrir, expuso un entrenamiento impropio de sus funciones legales, lo que suscita interrogantes sobre su posible preparación para reprimir manifestaciones .

La analista internacional Emilia Trabucco expresó en una reciente entrevista en Barricada TV, que existe una influencia de Estados Unidos en esta dirección.

Bajo la excusa de cooperación en defensa, los yanquis buscan imponer su doctrina de seguridad nacional en la seguridad interna, como ya ocurre en Perú y Ecuador. No obstante, la influencia no es exclusivamente estadounidense. Recientemente, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich firmó en Londres una renovación de memorándum con autoridades británicas para coordinar acciones contra amenazas a la seguridad, incluyendo un intercambio sobre el régimen penal juvenil y reuniones con la Agencia de Investigaciones Criminales del Reino Unido.

“Me pregunto qué beneficio tiene firmar un convenio en materia de defensa e intercambio de información con una nación ocupante. Con los ingleses no hay diálogo ni acuerdo posible mientras no se incluya nuestra soberanía. Es una vergüenza y hasta una traición a la patria este memorándum”, expresa David Pizarro.
Por su parte, Israel tampoco se queda atrás. Ayer, el embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, anunció en el “JNS International Policy Summit”, encabezado por el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, importantes avances en la relación bilateral. Destacó que Argentina e Israel están muy cerca de establecer un vuelo directo entre Buenos Aires y Tel Aviv y anunció que en la próxima visita oficial del presidente Javier Milei a Israel, se ejecutaría la firma de un Memorándum de Entendimiento.

Este acuerdo bilateral se centrará en la “defensa de la libertad y la democracia”, así como en “la lucha contra la discriminación y el terrorismo”, buscando reforzar los “valores democráticos y la cooperación internacional en seguridad y derechos humanos”.
Argentina se encuentra en un momento bisagra y límite. Urge entender que detrás del ajuste y represión patrocinados desde afuera, no solo hay un plan de destrucción de derechos conquistados o del mismo sistema político democrático, sino un proceso de destrucción del Estado Nación argentino como lo conocemos, que de no frenarse puede conllevar a la pérdida real de territorio nacional y la fragmentación territorial bicontinental.