El Gobierno Nacional oficializó la baja de la licitación de la mal llamada Hidrovía Paraná-Paraguay, a través de una resolución de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ex Administración General de Puertos), publicada el pasado lunes en el Boletín Oficial.

El proceso de apertura de sobres comenzó el miércoles pasado, pero se frustró a los días. Ya en enero, abogados socio ambientalistas habían denunciado al ministro Caputo y al Subsecretario de Puertos y Vías Navegables, Iñaki Miguel Arreseygor por distintos delitos e irregularidades del proceso en marcha.

Un día antes de que se abran los sobres con las ofertas, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), perteneciente al Ministerio Público Fiscal, denunció “serias y evidentes irregularidades” en la licitación.

En su informe, PIA resaltó posibles irregularidades en la inexistencia de estudios de impacto ambiental actualizados; en el acto administrativo por el cual se autorizó el llamado a la licitación; en la conformación de la comisión evaluadora de ofertas; en el procedimiento para determinar el plazo de duración del contrato de concesión; en la ineficacia de las mesas interdisciplinarias convocadas para participar de la redacción del pliego de bases y condiciones; y en la fórmula estipulada para efectuar la evaluación técnica de ofertas.

Desde el lanzamiento del proceso licitatorio en noviembre pasado, la disputa por el control del Paraná estuvo plagado de reclamos, denuncias, acusaciones de lobby, posibles hechos de corrupción y coimas. A la hora de la presentación de ofertas de las 11 empresas que el Gobierno Nacional se jactaba de hacer competir, se terminó presentando una: DEME. Firma a la que la administración nacional acusó de “posible presión por parte de la única oferente sobre las restantes empresas, o la existencia de una connivencia entre las mismas en perjuicio del Estado Nacional”. Jan de Nul, empresa de vínculos cercanos a la Rosada, no se presentó. ¿Estrategia oficialista para exponer y dejar fuera de juego a su principal competidora?

La soberanía nacional del Paraná, ¿solo una disputa de lobbystas y empresas extranjeras?

La licitación, ya suspendida durante la gestión de Alberto Fernández, vuelve a estar en el ojo del huracán. La disputa por la mal llamada Hidrovía tiene varios actores de poder cada vez menos disimulados a la hora de exponer sus verdaderos intereses.
Las empresas extranjeras que hace tiempo pujan por quedarse con un negocio anual de 410 millones de dólares son Boskalis y Van Oord (Países Bajos); Jan de Nul y DEME (Bélgica); Rohde Nielsen (Dinamarca); Shanghai Dredging Co. (China), firma excluida por pertenecer a un Estado (articulo nº16 de la nueva reglamentación). Según Luciano Orellano, integrante del Foro por la Recuperación del Paraná, todas estas firmas tienen casos de corrupción. Sin embargo, el Gobierno Nacional no excluyó a ninguna por tal motivo.

La pelea por la adjudicación de la concesión es también una disputa entre el gobierno y sus socios políticos. Mauricio Macri acusa a Milei y Santiago Caputo de querer favorecer a la empresa Jan de Nul. Y éstos últimos sostienen que Macri hace lobby para que alguna de las empresas holandesas (preferentemente Boskalis) se quede con el control del Paraná.

En la mesa donde se negocian los próximos 60 años de los ríos Paraná y de la Plata, faltan 47 millones de argentinos.