Se trata de Lautaro "Lalo" Burgos, quien estuvo colaborando con la brigada forestal de San Marcos Sierras, mecánico y vecino de la zona, quien dispuso su domicilio para que funcione como Base Operativa en la lucha contra el fuego. El motivo de la detención, ordenada por la prosecretaria de la Fiscalía de Instrucción de Cruz del Eje, Cristina Brizuela, fue por desobedecer una orden policial de no entrar en la zona de incendios.

Burgos estuvo detenido este domingo y fue liberado por la madrugada por la Policía de Córdoba, que primero retuvo su camioneta Trafic con la que ayudaba a combatir los incendios, trasladando insumos y refuerzos de las brigadas. Tras enterarse del secuestro de su automóvil, Burgos se dirigió de forma voluntaria a la comisaría local y allí quedó demorado. Pero luego sufrió un pico de presión y debió ser trasladado al Hospital Aurelio Crespo.

En diálogo con Radio PA, el abogado defensor de Burgos, Pablo Olmos, dijo que “lo único que se sabe es que la orden de la detención provino de una Prosecretaría de una de las dos Secretarías que tiene la Fiscalía” y durante la detención “no hubo una sola comunicación oficial”. Además, Olmos cuestionó que hubo una “falta de criterio enorme para parte de la Policía” para detener al vecino. También contó que durante su estadía en el hospital, el brigadista estuvo esposado en una camilla y con custodia policial.

Previo a la liberación, el intendente de la localidad Luciano Vrancic transmitió un mensaje a quienes esperaban afuera de la comisaría por la liberación de Burgos, donde reprodujo la bajada de línea de la policía: “ante el menor quilombo va cualquiera en cana, así que por favor, mantengan la calma, esa fue la presión que me pusieron a mí y se las quiero transmitir”.

Por su parte, la Red de Brigadas Forestales Comunitarias de Córdoba publicó un comunicado donde denuncian “el accionar represivo” contra comunidades, brigadistas y habitantes de la zona. Y acusan que las fuerzas de seguridad cercan el acceso a las zonas de trabajo, colocan múltiples retenes policiales, impidien el ingreso de donaciones a centros de acopio y criminalizan las asistencias para dar relevos o asistencia a brigadistas.

Además de repudiar y exigir la liberación de Burgos, desde la Red consideraron que “es evidente cómo interceden, entorpecen y damnifican a la sociedad toda dejando sin acción a la única base comunitaría que seguía en funciones en San Marcos Sierras”.

Desde que iniciaron los incendios y comenzaron las dificultades para coordinar con instituciones como ETAC y DUAR que están dentro de la Policía de la Provincia, las brigadas forestales comunitarias denuncian que se ha buscado deslegitimar y entorpecer su labor. Pero la detención de Burgos avanza un paso más hacia la criminalización de las organizaciones comunitarias.

Foto de portada: cobertura colaborativa