Lucas Funes y un juicio que aborda la impunidad policial en Río Tercero

En pasado lunes comenzó el juicio que podría romper con el cerco de impunidad reinante en Río Tercero, ya que el caso de Lucas es la cabeza de un iceberg que abajo trae consigo tres casos más de asesinatos estatales policiales sin juzgar y una convivencia corporativa entre sectores de la policía y la justicia local.

La mañana del 14 de diciembre del año 2012, en la Ciudad de Río Tercero, efectivos policiales cumplirían con sus amenazas sobre la familia Funes, asesinando a uno de sus hijos, Lucas, de 24 años de edad.

Ese día, el joven se encontraba con su hermano Sergio en el barrio Monte Grande, cuando empiezan a ser perseguidos por los policías que los hostigaban desde su temprana adolescencia por el hecho de ser "pibes de barrio". Bajo el supuesto delito de "robo a mano armada", oficiales de la unidad de investigaciones, de la patrulla y la motorizada, tras perder el rastro de Sergio, quien se divide de su hermano, comienzan una cacería dirigida a Lucas, a quién siguen por techos y veredas durante cuatro cuadras, disparándole balas de goma, hiriéndolo en su parte inferior. Luego, es fusilado con dos balazos de plomo, efectuados por el uniformado Luciano Carnero, mientras la víctima ingresaba a un descampado sobre la calle Lavalleja.

A doce años del hecho, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba aceptó la elevación a juicio propuesta por la fiscal Paula Bruera, luego de que la causa transitara una década, entre idas y vueltas, por distintas cámaras judiciales de diferentes localidades. La funcionaria imputó a Carnero por "homicidio simple con exceso en el legítimo ejercicio de un cargo", y ahora el hecho está siendo juzgado por los jueces de la Cámara del Crimen de Río Tercero, Marcelo Ramognino, Guarania Barbero y José Arguello.

"Lo podrían haber agarrado si hizo algo malo, lo podrían haber puesto preso y podría haber sido condenado si mi hijo cometió un delito o no. Pero esto no fue así, se logró lo que ellos querían, matarlo".

Mónica Sosa, madre de Lucas Funes.

Tribunales Policiales de Río Tercero

Afuera del edificio judicial central de la ciudad hiela, pero las velas prendidas en el altar en homenaje a Lucas Funes y los abrazos entre distintos familiares de víctimas de la represión logran que el frío otoñal se sienta menos.

Adentro, policías de civil y de uniforme copan las instalaciones. Deciden quién entra, quién no, cuántos familiares ingresan y cuántos se quedan afuera, pero no de la sala, sino del edificio. Parece que el caso de Lucas es el único siendo juzgado en toda la sede, pues los funcionarios judiciales no llegan a la docena, siendo hasta duplicados en cantidad por sus colegas de pistola en cintura.

Ni el carnet de prensa, ni las cámaras en manos son instrumentos legítimos para que los oficiales que custodian la puerta de la pequeña sala de la Cámara del Crimen permitan el ingreso de periodistas al juicio "público". Mantendrán la orden hasta el primer cuarto intermedio.

La familia de Lucas ingresa por la misma entrada que ingresa el asesino de su hijo. "No se puede entrar con esa remera", advierte el oficial a cargo del orden en la sala, mientras señala el rostro del joven asesinado, estampado en una remera con la leyenda: "no fue enfrentamiento, fue gatillo fácil". "Pero sí en Córdoba nosotros podemos llevarla", expresa el padre de Ezequiel Castro, asesinado en la capital provincial en 2022. "Es una resolución de Río Tercero", responde ofuscado el agente, y guarda silencio cuando le preguntan sobre el número de tal ordenanza. Los familiares se la sacan, pero la levantan igual para la foto.

Sergio Funes, hermano de Lucas, sobreviviente del crimen. Foto: Enfant Terrible

Una vez que ingresan los jueces, el primero en declarar es el propio acusado, Luciano Carnero, quién luce un refinado traje con una corbata de distintos colores opacos que le aprieta un tanto el cuello. "Niego el hecho", expresa sobre la acusación que cae en su contra, luego de responder cuestiones de su vida personal.

Al instante, comienza el desfile de oficiales uniformados y de civil, en funciones, jubilados y retirados a la fuerza, que estuvieron el día de los hechos. Declaran un total de once, luego serán citados al menos 4 más, es decir, la causa tiene involucrados -no imputados- a 15 policías, la mitad de los testigos totales de la causa.

El primer testigo citado, de apellido Ardanaz, colma la paciencia de la jueza Barbero y la fiscal Bruera a los pocos minutos, pues dice "no recordar casi nada", a pesar de reconocer que en 15 años de funciones en la fuerza este es el único operativo en el que participó donde hubo "un muerto".

La fiscal intuye contradicciones en el relato del oficial y le exige respuestas sobre su accionar ese día, mientras procede a leer de a poco, la declaración realizada por este en el año 2013. Ardanaz no reconocerá su real participación hasta la advertencia de la fiscal de acusarlo por "falso testimonio" y ordenar su detención y la de los policías que hagan lo mismo. El hombre admite que en su vida solo disparó tres veces y que a Lucas le disparó dos. No recuerda que Carnero haya fusilado a Lucas, a pesar de que en su primer declaración lo había admitido.

La escena antes nombrada se repetirá con cada uno de los once oficiales, y a pesar de que a todos se les leerá su declaración -realizada una década atrás-, las contradicciones y omisiones serán tan evidentes como la cara de enojo de Carnero, quién con su rostro en rojo y sus manos en el expediente, no puede disimular su frustración con sus colegas. En su contra, 7 oficiales dirán que nunca le vieron armas a Lucas. La teoría del enfrentamiento armado es lo que intentarán dilucidar los jueces.

Sergio y Mónica Sosa, hermano y madre de la víctima. Foto: Enfant Terrible

El segundo testigo, es el oficial Velmonte, quién en el 2012 integraba la división motorizada de la Policía, y quién años más tarde sería uno de los oficiales acusados de asesinar a Yamil Alexis Malizia. El oficial, al igual que Ardanaz y Carnero, es de los últimos policías en ver con vida a Lucas. Admite que no le vió armas al joven una vez fallecido, pero que le pareció que Lucas hizo un gesto de "sacar algo de la cintura", antes de que Carnero, de "mejor estado físico", se adelantara en la persecución final, gritando "¡alto Funes!", y aplicando el "sistema doble tapa" sobre la víctima.

La jueza Barbero le pregunta: ¿Qué protocolo es ese?

-Velmonte: Es para amedentrar, no es específico

-Jueza: ¿Cómo? ¿Para amedrentrar?

-Velmonte: Coso.. es el movimiento"

-Jueza: Pero.. ¿se tira abajo, arriba, a la cabeza?

-Velmonte: Son dos tiros continuos

-Jueza: ¿Recuerda para que tipo de situaciones se usa?

-Velmonte: No, no recuerdo.

El tercero en declarar es el oficial Urquiza, quién admite que no vio con armas a Funes una vez muerto en el descampado y que el joven tenía un buzo azul, algo que entrará en contradicción con todos sus compañeros, quienes identificaron que el joven llevaba una musculosa gris ese día, dato no menor. Todos los detalles aquí valen oro y pueden jugar a favor o en contra.

El cuarto, de apellido López, dice que divisó a Funes "hacer el gesto" de desenfundar un arma antes de la calle Lavalleja, pero que una vez muerto no tenía ninguna a su alrededor. También admite que antes de que le disparen en la cabeza, el joven corría "al trote y cruzado", demostrando estar herido en una de sus piernas.

Familiares de Lucas y policías implicados en el crimen, a metros de distancia. Foto: Enfant Terrible

Hagamos un paréntesis para marcar lo siguiente: el presente juicio, a diferencia del proceso judicial de Rodrigo Sánchez, se centra en la persecución seguida de asesinato, no en el presunto robo, algo que la fiscal Battistelli insistió en mencionar en cada audiencia.

El quinto oficial en declarar es Cabrera, quién en su momento participaba de la unidad de investigaciones, y al igual que todos los demás, criminaliza de entrada a los hermanos Funes, a quiénes les atribuye hechos delictivos que no puede constatar con información judicial empírica. Admite que no le vio armas a Lucas, y que fue él quién llamó a la ambulancia una vez realizado el crimen. También expresa que recibió el llamado de una vecina, la cuál habría encontrado una supuesta arma manchada con sangre en su patio, aunque ésta nunca fue incautada ni presentada en la causa.

Asimismo, al contrario de lo relatado por López, Cabrera dice que recuerda ver a Funes "correr al trote" sin notarle una herida. "Antes de escuchar los dos tiros, Lucas se da vuelta, nos mira, y se agarra la cintura, pero como levantándose los pantalones, no haciendo el gesto de tener un arma. Creo que Carnero no da la voz de alto", expresa, mientras el acusado se agarra la nariz expresando descontento.

Los policías parecen volverse pequeños y vulnerables en el banquillo, dan una imagen que contrasta con su amenazante y normal imagen afuera de la sala, donde policías-testigos y en funciones ríen, y deambulan de aquí para allá.

Garnica es el sexto oficial. También participaba de la unidad de investigaciones, hasta que fue retirado por el tribunal policial de fuerza tras una denuncia de su padre por "lesiones graves". Es quién identifica a los Funes a cuatro cuadras del crimen, en "actitud sospechosa", ya que éstos eran "delincuentes de la ciudad". Ese día asegura haber estado de franco, pero el "deber" fue más fuerte, por lo que empieza a perseguir a los jóvenes y dar aviso a sus pares de que éstos andaban "robando". Advierte que es Lucas quién le dispara tras negarse a su detención y al mismo tiempo admite que no pudo verlo disparar, pero que fueron "abundantes tiros", los cuáles fueron respondidos por él.

Altar en homenaje a Lucas. Foto: Enfant Terrible

En este sentido, quién también afirma haber visto a Lucas armado es el séptimo en declarar, el oficial Bustos, suboficial principal retirado. El jubilado dice que ese día, en el medio de la persecución, ingresó en el patio de una vecina identificada con las iniciales E.M para buscar a Lucas, al que vio correr con "el arma agarrada del caño" cuando él ingresa en el patio de la vivienda. "No le disparé porque veía que él no me iba a disparar, por eso no le disparé", expresa esperando que celebren su piedad. Los jueces notan dos omisiones que consideran graves, ya que en su primera declaración nunca había relatado que ve a Lucas en lo de E.M y tampoco que llevara un arma de esa manera. Cuando le preguntan si él mismo declaró eso, se excusa respondiendo: "me la hicieron, pasa que nunca leemos las declaraciones, firmamos cualquier cosa".

El oficial Loyola, octavo en prestar testimonio, admite que conocía el domicilio de "los Funes", y que es él quién ve al hermano de Lucas, Sergio, correr hasta su propia casa, a la que ingresa para requisar, pero no lo encuentra. En diálogo con Enfant, familiares de la víctima, recuerdan que Loyola rompió la puerta de la casa y elementos domésticos, y sin orden de allanamiento, les apuntó con su arma y los amenazó. Realidad que Loyola decide omitir en su relato.

En la novena presentación, se acerca al banquillo la oficial cuyo apellido empieza con G, quién fue citada tras un comportamiento particular que tuvo con la causa, a pesar de no haber participado del operativo fatal. La fiscal le pregunta si ella fue quién agregó al expediente posteos de la red social Facebook donde se publicaban datos sobre el caso. Responde afirmativamente y admite ser quién en casos "públicos", realiza este tipo de acciones.

El décimo oficial, Arregui, y el undécimo, Bernarda, declaran haber recibido el llamado de un tal J.B, quién es supuestamente la persona que advirtió que los jóvenes estaban robando.

La primera audiencia llega a su fin, el último en abandonar la sala es Carnero, quién se dirige al guardia de la sala y le estrecha la mano, hará lo mismo con los oficiales de "élite" que también custodiaron el espacio, a quienes invitará a lo que parece una reunión privada en el interior de Tribunales, junto a quienes declararon. El acusado se mueve como lo que es, un jefe, conoce como la palma de la mano las instalaciones y a cada uno de los policías presentes.

Los familiares acusan a los testigos de integrar una "banda organizada", algo que sucede con frecuencia en las ciudades no tan pobladas, pueblos y parajes cordobeses, como en Paso Viejo, donde los uniformados parecen integrar estructuras paralelas a la ley, pero con el amparo de los poderes judiciales, con el fin de amedrentar a poblaciones vulnerables, permitir la liberación de zonas para el narcotráfico y la comisión de ciertos delitos que llenen las famosas "cajas".

Por el cuarto intermedio ordenado por los jueces, las y los asistentes quieren salir afuera, pero los policías cierran la entrada principal del edificio y advierten "no tener la llave de la puerta" . Tribunales está al mando de los oficiales, quienes privan de la libertad a los presentes hasta tanto no regresen los jueces a la sala. "La justicia se parece a la cárcel", dice una persona presente.

El juicio seguirá mañana jueves con la declaración de más testigos (resta prestar testimonio casi la mitad) y se presentara la reconstrucción virtual del hecho, algo que la defensa de Carnero intentó impedir a toda costa, pues la evidencia en contra de su defendido parece ser condenatoria.

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