El día de ayer, a sólo dos días de concretarse el inicio del juicio contra 27 estudiantes de la UNC (Universidad Nacional de Córdoba) por la toma del Pabellón Argentina en 2018, los abogados defensores fueron notificados de la suspensión de la audiencia preliminar que reactivaría el curso de la causa y estaba citada para mañana 29/9, a las 8:00 horas.

La suspensión se da en el marco de la reanudación de asambleas estudiantiles en la Ciudad Universitaria, donde se vienen problematizando, por ejemplo, respecto a la deserción estudiantil debido al recorte del Comedor Universitario y el impacto de la alimentación en la imposibilidad de sostener una cursada diaria.

Para este viernes al inicio de la audiencia, debido a las previsiones que tomaron las organizaciones estudiantiles -sobre todo aquellas que vienen impulsando reclamos hacia la gestión Boretto/Marchisio- se había realizado una convocatoria a favor de la absolución de las imputaciones por “usurpación” del Pabellón. Ya que dicha convocatoria prometía ser movilizante, organizaciones y asambleas argumentaron que la suspensión se dio por “el apoyo y adhesión de amplios sectores”.

“El apoyo y adhesión de amplios sectores hizo que la Justicia Federal diera marcha atrás una vez más con el intento avance del juicio, marcando que este es el camino para tirar abajo esta causa”, expresan desde la Asamblea por el Comedor. Además, llaman a “conformar una coordinación amplia de todos los sectores en lucha contra la criminalización de la protesta y a mantener la concentración este 29/9 a las 9:00 horas”.

Cabe recordar que la reanudación del juicio ya había sido reprogramada para el mes de enero del año pasado, en diciembre de 2021, por el entonces y actualmente juez jubilado, Ricardo Bustos Fierro. Hoy en día, esa titularidad pasó a manos del juez Pablo Montesi, quien fue el encargado de notificar sobre la nueva suspensión del juicio y a la vez, no programó una nueva fecha.

La demora del inicio del juicio es leída por las organizaciones como favorable, ya que es sinónimo de que existe presión sobre las autoridades judiciales.

Al mismo tiempo, continuar dilatando los tiempos de una causa que lleva ya cuatro años y tiene imputadas a 27 personas en el marco del ejercicio del derecho constitucional (como es la protesta social) no habla bien respecto del Poder Judicial Federal, como ente de la democracia que debería resolver un tema de urgencia y suma gravedad, como es la criminalización de dicho derecho. Una vez más, los tiempos judiciales van más en favor de dilatar procesos y no de resolver conflictos.