Desde hoy temprano se registró un fuerte operativo policial con presencia de divisiones de Infantería y y Caballería de la Policía de Córdoba, que rodeó al acampe comunitario en el kilómetro 46 de la Ruta Provincial N°5, establecido por vecinxs de Punilla y Paravachasca con el objetivo de frenar el desmonte ilegal iniciado por la realización de la Autovía de Paravachasca.
En una Carta Abierta al Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, vecines de Paravachasca hicieron responsables de la situación a la Cámara Contencioso Administrativa de 2° Nominación de la ciudad de Córdoba y sus integrantes: Leonardo Fabián Massimino, Ángel Antonio Gutiez y Gabriela Adriana Cáceres, al Fiscal Diego Fernández de Alta Gracia y la Jueza de Paz Vilma Rodríguez. Esto no sólo por la amenaza de represión, sino también por el continuo incumplimiento de las normativas ambientales y ciudadanas que implica esta obra y el procedimiento que lleva a cabo el Gobierno de la Provincia para realizarla.
Al no contar con la licencia social pertinente y presentando serios errores técnicos en cuanto a los impactos que generaría la obra en la región, sumada a las ya deterioradas condiciones de vida e infraestructura en el Valle de Paravachasca, desde la Asamblea de Paravachasca el año pasado presentaron un Amparo Ambiental Colectivo sobre el cual debe aún expedirse el juez Leonardo Fabián Massimino.
Es decir que la obra se encuentra judicializada, sin embargo el Gobierno de la Provincia de Córdoba busca avanzar a toda costa con una obra que implica la destrucción de monte nativo y el movimiento de grandes proporciones de montaña.
A 24 días del operativo policial que terminó con la vida del trabajador, Guillermo Bustamante, en una estación de servicio de Villa Páez, el fiscal de la causa, Guillermo González, modificó la calificación legal de los cinco uniformados que estaban detenidos y ordenó la inmediata liberación
Hoy, la Agencia Nacional de Noticias del Estado (Télam), cumple 80 años. Nacida en 1945 como agencia estatal de noticias, hoy enfrenta el desafío de defender el derecho del acceso a la información, en medio del intento de cierre impulsado por el Gobierno Nacional.
El pasado sábado murió en prisión, Pedro Vergez, condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. El mismo se jactaba de haber creado el centro clandestino de exterminio "La Perla".
