El 2021 anuncia que hay cosas que aún no cambian y que urgen respuestas eficientes. La violencia de género que termina con la vida de mujeres y personas del colectivo LGTTTBIQ+ pone nuevamente sobre la mesa la ineficiencia del Estado para su abordaje. Quizá la prueba más contundente de esta situación fueron las 18 denuncias previas que acumulaba el autor del femicidio de Úrsula Bahillo, Matías Martínez, quien además era miembro de las fuerzas de seguridad. Esto último, obligó a poner atención en el porcentaje de denunciados por motivos de violencia de género que forman parte de las fuerzas de seguridad. Respecto a este punto, el informe indica que "el 17% de los femicidios fue cometido por personas de las fuerzas de seguridad (policías, militares, servicio penitenciario, ya sean activos o retirados), y en el 37% de los femicidios cometidos por armas de fuego, se utilizó un arma reglamentaria."

En este sentido, otro dato que podemos observar para concluir la negligencia estatal para abordar las violencias de género, nos indica que en el 29% de los casos ya existían denuncias previas. Es importante tener en cuenta esto, sin caer en la idea absurda y oportuna que se expandió en el último tiempo, para adjudicarle toda la responsabilidad por los femicidios y transfemicidios al Ministerio de Género y Diversidad, encabezado por Elizabeth Gómez Alcorta. El Estado tiene el deber de garantizar nuestros derechos y nuestras vidas, pero no es la única arista a la que hay que apuntar para erradicar la violencia de género.

Por otro lado, una cifra relevante a considerar es que ya en estos dos meses que lleva el 2021, son 55 niñxs y adolescentes que se quedaron sin madre. Además, en el caso de los femicidios, respecto al vínculo de la victima con su agresor, el 64% de los femicidios fue cometido por parejas o ex parejas, el 15% de los femicidios fue cometido por hombres conocidos de la víctima, el 8% fue cometido por hombres familiares directos de la víctima, el 8% fue cometido por hombres familiares indirectos de la víctima. Por último, un dato alarmante es el lugar físico donde se produce el femicidio: el 70% de los femicidios fueron cometidos en la vivienda de la víctima o en la vivienda compartida.

El registro es llevado a cabo por el Observatorio Nacional MuMaLa, y recoge datos a partir del análisis y monitoreo de medios digitales y gráficos de todo el país, buscadores, sistema de alertas, seguimiento de organizaciones, portales especializados en género, feminismo, DDHH, y policiales/forense. "Exigimos al Gobierno Nacional la declaración de la #EmergenciaNiUnaMenos con el objetivo de reasignar y priorizar recursos humanos y económicos para la atención integral de mujeres e integrantes del colectivo LGTBIQ+." , expresan las integrantes.