A cuatro años de conquistar la IVE: desregulación y batallas culturales
Cuatro años de una ley que dio cuenta de que la salud integral salva vidas. Pero para decidir interrumpir un embarazo en condiciones propicias, tiene que haber una sociedad que acompañe y un Estado que asegure el acceso a derechos
Hace 4 años que la ley 27.610 estableció que quienes quisieran realizar un aborto en Argentina no deben justificar ningún tipo de causal, sea por riesgo de salud o por abuso; solo presentarse al espacio de salud más cercano y realizar el pedido dentro de las primeras 14 semanas inclusive. A partir de la semana 15, se puede interrumpir el embarazo por motivos casuales de riesgo de salud, vida o abuso sexual.
Más que una ley, una conquista
Dos son los métodos con los cuales las personas pueden interrumpir su embarazo dentro del primer trimestre de gestación: el primero es utilizando medicamentos recomendados por la OMS, el Misoprostol, la Mifepristona o la combinación de ambas y las más recomendada por su efectividad, el Mifekit. El segundo, es la Aspiración Manual Endouterina (AMEU), técnica de intervención quirúrgica de aspiración en vacío, el cual previene cualquier tipo de riesgo de dañar la cavidad uterina, a diferencia del método de dilatación y raspado conocido como el legrado.
Desde la promulgación de la ley en enero de 2021, hasta entrado el primer trimestre de 2024, según el Proyecto Mirar, se realizaron 250 mil abortos en todo el país y se redujo en un 50% la mortalidad materna por abortos realizados en condiciones inseguras. La mayoría de ellos se realizaron de manera ambulatoria, a través de seguimiento telefónico por la línea del 0800-línea de salud sexual. Entre enero y octubre del 2022, se recibieron 24.012 llamados, de los cuales el 90,9% fueron para solicitar una interrupción del embarazo.
Para Mayca Balaguer, directora ejecutiva de Fundeps Argentina, fundación que formó parte de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito: “la ley permitió que las personas que necesitan abortar lo hagan en condiciones seguras, mejorando el acceso a la salud de niñas, adolescentes y mujeres. Eso lo demuestra la reducción a la mitad de las muertes por abortos. Además el sistema de salud de salud se ahorra un montón de recursos que antes disponía para atender a las mujeres que eran hospitalizadas por consecuencias de abortos clandestinos”.
Además de la ley, otro proyecto que contribuyó a la promoción y prevención en salud sexual y reproductiva fue el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA), creado en el 2017. El objetivo del mismo fue promover el acceso a los derechos vinculados a la salud sexual y reproductiva de adolescentes y la prevención de embarazos no intencionales en la niñez y en la adolescencia. Si bien no todas las provincias adhirieron, los datos relevados en las regiones donde se implementó el Plan ENIA, como el NOA, NEA y Capital Federal, arrojaron que los embarazos forzados en la adolescencia temprana y media -de los 14 a 18 años- se redujeron en un 50% (el 80% de estos fueron causados por abuso sexual intrafamiliar).
Además, previo a la sanción de la IVE, en el año 2012, las organizaciones transfeministas lograron que la Suprema Corte de Justica (SCJ), a través del «fallo F.A.L», dictaminara que las mujeres embarazadas producto de una violación pudieran acceder a la ILE (interrupción legal del embarazo) sin autorización judicial. En ese marco, ratificó que la interrupción del embarazo en Argentina es legal desde 1921, según el artículo 86 del Código Pena, que establece como causales la violación y el riesgo de salud o de vida de la mujer.
El fallo FAL significó un avance histórico, pero no por ello dejó de haber oposición de sectores antiderechos. En Córdoba, por ejemplo, el «Portal de Belén» presentó un amparo justificando el “derecho del niño por nacer”, viéndose las personas gestantes impedidas de acceder a un aborto seguro en hospitales provinciales. La judicialización y persecución resultaba en que quienes decidían abortar, lo hicieran en condiciones insalubres, inseguras y clandestinas. Según datos estimados por el Ministerio de Salud de la Nación en 2005, por año había entre 370 mil y 520 mil abortos clandestinos. A su vez, el 38% de quienes gestaban de manera forzada, como en su mayoría eran adolescentes, no terminaron el secundario.
“Se trata de una de las leyes más debatidas en democracia, aprobada por mayoría en las dos cámaras, con apoyo multipartidario y que sigue teniendo un amplio consenso social. Es un ley fuerte que sigue vigente pese a los más de 30 intentos de sectores conservadores por derribarla con acciones judiciales”, insistió Mayca.
Foto: Julio Pereyra / Enfant Terrible
Desregular, desfinanciar y desmantelar, ¿a qué costo?
Si algo quedó claro, es que quien decidiera abortar lo haría. El punto de discusión eran entonces las condiciones. Si el Estado, por ejemplo, no regula la distribución de medicamentos como el Misoprostol, Mifepristona o Mifekit, demora el acceso a una atención inmediata, quedando en vilo la interrupción, con múltiples posibles consecuencias como un embarazo forzado.
“Estos retrocesos impactan en la vida de las personas. No es simplemente no contar con la medicación que se guardan; es la medicación que necesitan las personas. El aborto es una práctica sensible al tiempo, no puede esperar y las consecuencias pueden ser terribles”, comenta.
Actualmente, el gobierno nacional, previo a dejar de enviar suministros para interrumpir el embarazo, además de desfinanciar el plan ENIA, había congelado el presupuesto de 2023, mientras la inflación aumentó en un 209% en el promedio interanual. De igual modo, dentro del presupuesto 2025, el sector salud presenta una disminución del 73.6% en términos reales en comparación con el año 2023 y del 82.4% con respecto al año 2021. Mientras que «Prevención del Embarazo Adolescente» se verá afectada con una reducción del 66%.
“El acceso al aborto, el acceso a la salud sexual y reproductiva, la anticoncepción o los mecanismos para prevenir las violencias, todos estos derechos, ¿cómo lo van a garantizar y cómo van a dar cumplimiento a estas obligaciones? Eso es lo que no se sabe. Es una simple retirada con la excusa de que ‘no hay plata’, pero las obligaciones persisten”, cuestiona Mayca.
Por otra parte, si bien en Córdoba el Gobierno de la provincia continuó comprando insumos, la falta de acceso público a la información no permite saber con certeza cómo y de qué manera se están previniendo los embarazos forzados o no deseados. Sobre este punto, en diálogo con Enfant, la médica e integrante de la cooperativa de trabajo Salud Integral Limitada, NadyaScherbovsky plantea que lo que parece paradójico, es más bien una estrategia política por parte de la provincia por quedar bien, como quien dice, con Dios y con el Diablo.
“Esta contradicción de que no difunde pero a la vez 'garantiza', me da la sensación que tiene que ver con querer apaciguar un problema, para que no explote la demanda de organizaciones transfeministas porque no se está implementando la ley, ni haya embarazos no deseados que lleguen a término y toda la implicancia de un aborto inseguro”, comenta.
Entonces, si el Estado está en retirada y su posición es en “defensa de la vida por nacer”, ¿quién se hace responsable de las que gestan? Y más aún, ¿Quién les asegura trabajo, techo y comida para resguardar los derechos del niño o niña por crecer?
Por poner un ejemplo, según el informe de Proyecto Mirar, se estima que en el país, el abandono y el rezago educativo vinculados al embarazo adolescente y la maternidad temprana, representan un costo o pérdida estimada en 288 millones de dólares al año. A la vez, estas situaciones no hacen más que profundizar la desigualdad de género y la precarización de las condiciones de vida de quienes pueden gestar, pero no lo deciden.
“Es muy difícil saber cuales son las repercusiones cuando no hay datos epidemiológicos actuales para poder conocer lo que está sucediendo”, reflexiona Nadya.
Foto: archivo Enfant Terrible
¿Cuáles son los riesgos de la batalla cultural?
La agenda de restricción de derechos hacia mujeres-cis y personas del colectivo LGBTIQ+ viene tratando de instalarse casi al mismo tiempo que el debate por el aborto legal, seguro y gratuito. En 2015, la consigna del #NiUnaMenosy las discusiones sobre los diferentes tipos de violencias que reciben mujeres y disidencias en el ámbito público y privado habían hecho mella en la sociedad. Aunque no fue hasta que el aborto fue tema de agenda pública que los sectores conservadores buscaron instalar su propio lema: «salvemos las dos vidas».
Gracias a las organizaciones transfeministas, significantes como “aborto legal en el hospital” comenzaron a circular en las conversaciones en mesas familiares, en universidades, hasta llegar al Congreso. Su contracara “la defensa del niño por nacer” fue sostenida por organizaciones civiles relacionadas al Opus Dei como la Cooperativa Para la Nutrición Infantil (CONIN) -a cargo del médico Abel Albino- o el Portal de Belén, a través de abogados como Rodrigo Agrelo, actual legislador cordobés, sectores que hoy se encuentran en íntima relación con el gobierno nacional.
La justificación es siempre la misma para los “defensores de las 2 vidas”, la interrupción del embarazo significa un “homicidio agravado por el vínculo”, estatuto que perdió legitimidad desde la sanción del fallo F.A.L., mencionado y desarrollado más arriba.
“La ley del aborto es una construcción democrática que se conquistó y creo difícil que se derogue, pero sí, el acceso al derecho se erosiona con el desfinanciamiento y con esta batalla cultural. No es contra del aborto en sí, sino, de una manera de ver el mundo, que es el de entender que hay desigualdades de género y esas batallas recaen sobre los cuerpos de las personas gestantes”, conjetura Mayca.
La derogación de la ley IVE no es el máximo riesgo, ya que tampoco es necesario un veto cuando resulta más efectivo desfinanciar la distribución de medicamentos para la salud sexual y reproductiva, desregular la comercialización y desmantelar los dispositivos de salud, mientras se restringe el acceso a la información pública.
“No hay una política de prevención en general en salud sexual y reproductiva, ni en particular en aborto. Incluso ahí y en otros aspectos, las organizaciones sociales transfeministas son las que han podido difundir y han hecho que la ley sea posible y se implemente. Así llegan las personas a saber que tienen derechos”, agrega Nadya.
Foto: Julio Pereyra / Enfant Terrible
¿Maternidad bajo qué condiciones?
La categoría «mujer» siempre fue más sinónimo de madre que de sujeto con derechos. Ese fue el primer planteo de los feminismos a principios del siglo XX. Ya para fines de siglo, la discusión se hizo extensiva hacia las consecuencias de las intersecciones de la precarización, siendo ejemplo de ello que alrededor del 65% de las mujeres-madres están bajo la línea de la pobreza.
La democratización de la voluntad de decidir es lo que hace a una persona un sujeto con derechos. Uno de los alcances de la ley es la posibilidad de realizar una interrupción en debidas condiciones, estando acompañada/o por el personal de salud, la pareja, amigos y familiares, dejando estipulado que abortar no es un crimen; la negligencia y el abandono de persona por ser objetor de conciencia sí.
“Tenemos otras herramientas, por suerte, en cuanto a la violencia de género pero a nivel nacional nos va a tocar reflexionar y poner a jugar, otra vez, nuestras demandas para resistir estos retrocesos”, reflexiona Mayca.
Cuatro años de una ley que dio cuenta de que la salud integral salva vidas. Una normativa que viene construyéndose hace casi 20 años cuando se presentó por 1° vez el proyecto en 2005. Sí, la maternidad será deseada o no será. Sin embargo, para que exista la posibilidad de decidir interrumpir un embarazo en condiciones propicias, tiene que existir una sociedad que acompañe y un Estado que asegure el acceso a derechos.
“No creo que los feminismos estén dormidos, ni que nos hayamos retirado posterior a la sanción de la ley. Siempre se estuvo pensando cómo proteger eso, cómo hacer frente a esas amenazas y en esa seguimos, articuladas. Pensando juntas y buscando la vuelta de cómo resistir en niveles de gobierno más pequeño, más local y provincial”, concluye Mayca.
¿Hasta dónde las élites revolucionarias estuvieron dispuestas, exigidas por las circunstancias, a modificar las jerarquías sociales y plasmar un igualitarismo difundido a partir de la retórica revolucionaria?
¿Qué se discute cuando se habla de una EPEC como posible Sociedad Anónima? ¿En dónde se pone el foco del tema energético frente a la actual coyuntura? ¿Qué nos dicen la historia y la experiencia de otras SA?