Metele Catú en La Piojera
Metele Catú se presenta el viernes 17, a las 20:30h, en el Centro Cultural La Piojera (av. Colón 1559). Entrada libre, salida a la gorra

Tierra del Fuego AIAS vuelve a estar en el centro del debate público por medidas intervencionistas de Nación y por una renovada presencia estadounidense.
Al poco tiempo de que el Gobierno Nacional formalizaba la intervención del Puerto de Ushuaia, una comitiva de 23 civiles estadounidenses —liderada por el congresista republicano Morgan Griffith— aterrizaba en suelo fueguino en un Boeing C-40 Clipper de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos (USAF), el pasado fin de semana.
Sin avisos oficiales por parte de la Casa Rosada y de la gobernación de TDF AIAS, la comitiva permaneció dos días en tierra austral. Quien sí emitió un comunicado fue la embajada estadounidense, expresando que su razón era «abordar la degradación de entornos naturales, la tramitación de permisos para la gestión de minas y residuos, el procesamiento de minerales críticos, la investigación en salud pública y la seguridad médica».
Pero el despliegue de logística militar para transportar legisladores del Comité de Energía y Comercio del Congreso estadounidense luego de reiteradas visitas de los jefes del Comando Sur y su deseo de tener presencia militar en la Base Naval Integral, no da lugar a dudas:
Se trata de una misión de inspección sobre bienes estratégicos argentinos, en desmedro de la soberanía nacional.

La presencia estadounidense responde a una estrategia de control hemisférico que Washington intensifica de norte a sur. A diferencia de Groenlandia, Canadá, México, o Cuba, donde las presiones para subordinar políticas encuentran ciertas resistencias, en Argentina el escenario es de concesión absoluta. El país se posiciona hoy como el territorio más permeable a la agenda del Capitolio: sin informes públicos ni transparencia institucional.
Durante su estancia en Ushuaia, la delegación bipartidaria (demócratas y republicanos) tuvo un encuentro con científicos argentinos y representantes de instituciones académicas locales, que estuvo marcado por el desplante del Centro Austral de Investigaciones Científicas - CONICET, quién rechazó oficialmente la invitación.
Pero esto solo sería lo superficial. En lo subyacente existió lo que reveló Agenda Malvinas: la visita tuvo otros motivos. Recabar información sobre dos proyectos estratégicos financiados con capitales chinos que Washington busca contener.
Uno es el proyecto de industrialización de gas para la producción de urea, valorado en u$s 1.250 millones, el cual busca transformar las regalías energéticas en fertilizantes de exportación mediante una planta de alta tecnología y un puerto propio en el norte de la isla.
Pese a su potencial para autoabastecer el mercado interno y generar divisas, la iniciativa —sellada en 2022 con el gigante asiático Shaanxi Chemical Industry Group— hoy se encuentra paralizada debido a que la gestión nacional ha dilatado las autorizaciones ambientales y de infraestructura, según remarca el sitio web especializado en el Atlántico Sur.
Detrás de la demora administrativa subyace la disputa entre potencias extranjeras: la planta representa el desembarco de infraestructura pesada china cerca del Estrecho de Magallanes (punto neurálgico del tráfico global), algo que la Casa Blanca ve con malos ojos. Es de esperar que la presión de Washington, personificada en la visita de Griffith, apunte a obturar este avance para evitar que Beijing consolide presencia logística en el acceso al paso interoceánico.

Otro es la nueva usina termoeléctrica de Ushuaia, obra presupuestada en u$s65 millones, que es ejecutada por el consorcio asiático Rainbow International Xi’an Engineering para generar 60 MW, algo que ayudaría enormemente a la desgastada red energética de la ciudad austral.
La importancia de este proyecto radica en la fragilidad crítica del sistema actual: Ushuaia depende de una central térmica que ha superado su vida útil, con equipos de más de 40 años que registran fallas frecuentes y un déficit de generación que obliga a cortes programados durante los picos invernales. La nueva usina permitiría cubrir el 100% de la demanda residencial e industrial proyectada para la próxima década, eliminando la dependencia de costosos generadores móviles de alquiler.
Como bien remarca el combatiente de Malvinas y director de AM, Daniel Guzman, el interés real de la comitiva fue medir el nivel de penetración tecnológica y financiera de Beijing en la ciudad austral.
Tras abandonar Tierra del Fuego AIAS a las 07:00 de la mañana del martes 27 de enero, el Boeing C-40 Clipper aterrizó a las 09:34 en Neuquén. Los senadores se dirigieron a Vaca Muerta para supervisar el despliegue del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), mecanismo con el que Nación busca desplazar la oferta de tecnología china en infraestructura de exportación de crudo y gas.
En Neuquén, la presencia estadounidense tiene un antecedente importante: la instalación de una base denominada formalmente como de «Ayuda Humanitaria», pero denunciada por diversos gremios y organizaciones de la provincia como una base de inteligencia estadounidense encubierta.

La intervención por 12 meses del Puerto de Ushuaia, formalizada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), se produce en días complejos para el gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella, quien debió aceptar las renuncias de sus ministros de Economía y Bienestar Humano; mientras Luis «Toto» Caputo acusa a la provincia de padecer un “colapso financiero por la gestión kirchnerista”.
Para la Casa Rosada, la intervención del puerto es una medida de seguridad «técnica», ya que en sus informes de 2025 se revelan pilotes cortados en muelles claves, un sistema contra incendios obsoleto y una ejecución de obras de apenas el 1,3%.
A su vez, Nación designó a Iñaki Arreseygor como responsable directo de la intervención. Arreseygor, actual titular de la ANPyN y exdirector estatal en la firma Mirgor (el holding empresarial más poderoso de Tierra del Fuego AIAS, cercano a Nicolas Caputo), llega con la orden de «normalizar» una caja portuaria que el Ministerio de Economía acusa de ser utilizada para financiar el déficit de la obra social provincial (OSEF), desviando fondos que debían destinarse a muelles y seguridad operativa. Con la intervención portuaria de Nación, Milei garantiza que cualquier decisión sobre el futuro de la terminal pase enteramente por su filtro.

Por su parte, el gobernador denuncia que la administración de Javier Milei no envió «ni un solo centavo» en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) desde el inicio de su mandato, por lo que califica la intervención como un «castigo político» y una «herramienta de presión» para socavar su gestión en un escenario de extrema fragilidad provincial.
La imagen provincial no es buena: hospitales sin insumos, la obra social estatal (OSEF) en quiebra técnica, escuelas con edificios sin calefacción y salarios pulverizados por la inflación austral. El epicentro de la crisis se sitúa en Río Grande, donde la industria tecnológica agoniza tras la quita de aranceles a la importación. Este escenario de asfixia financiera y conflicto social interno parece haber sido la «ventana de oportunidad» idónea para -entre otros objetivos- forzar el desembarco de la Nación en el puerto.
Provincia ha prometido judicializar la intervención y mantiene un diálogo tenso con el ministro del Interior, Diego Santilli. No obstante, la pérdida de la administración del puerto le quita al gobernador su herramienta de negociación más potente. Sin el control de los ingresos por tasas portuarias y con la deuda en dólares de la provincia, el margen de maniobra de la autonomía fueguina es hoy mínimo.

Entre inversiones chinas que plantean una dependencia tecnológica, las exigencias de supervisión estadounidenses que limitan el desarrollo nacional, y la ocupación británica que bloquea militarmente parte del centro geopolítico del país, la Argentina queda reducida a un rol de espectadora en su propio suelo.
Foto de portada: Lautaro Palacios/Enfant Terrible.
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