Ayer se llevó a cabo la votación en la Cámara de Diputados. El paquete de derogación de leyes bajo la “Ley Hojarasca” y la desregulación del subsidio del gas en “zonas frías” recibieron media sanción. Un Congreso vallado por fuera que vota en contra de la ciudadanía. El gobierno como los cangrejos tres pasos hacía atrás y uno hacía adelante.

138 votos afirmativos, 96 negativos y 9 abstenciones, dieron la media sanción a la Ley de hojarasca. El proyecto, impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, pretende derogar más de 70 normas consideradas “obsoletas” por el Gobierno. Desde que asumieron, en diciembre de 2023, que la única justificación de la que disponen, deciden y ejecutan, es que el Estado está obsoleto. Derogan, desregulan, desfinancian. Rompen y dejan.

Si sus funcionarios no se sientan a leer, redactar, corregir y discutir los proyectos de derogación de leyes que después votan, ¿quién lo hace? Los diferentes bloques, tanto oficialistas como del PRO, en su defensa dieron más o menos el mismo speech: “revalorizar la ley, eliminando las leyes que sobran o todo aquello que obstruye”.

70 normas, la mayoría actualizadas, otras que perdieron vigencia y fuerza de ejecución, aunque no provocaban molestia alguna. En el derecho, la ley sirve para regular las normas de una sociedad; su derogación no trae ningún tipo de beneficio para el trabajador. En todo caso, lo deja a merced de su propia burocratización. Un enredo clandestino.

“No hay agilidad en la destrucción, lo que necesitabas fue borrado. Ese trámite, ese certificado, ese papel que tenías que buscar, no está más: a esa inexistencia del beneficio ahora le llaman desburocratización”, describe Coco Polinari Sabattini, para Enfant.

Además si realmente se pretendiera un beneficio para las “libertades individuales”, como ellos mismos llaman a la desburocratización del aparato estatal, no hubieran metido dentro del paquete de leyes las que fueron reactualizadas por su aplicabilidad en el presente, como la Ley de control y tratamiento de lepra, N°22964/1983 o la Ley N° 26.688/2011 que declara de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos.

“la reglamentación de la ley demoró tres años y no impone acciones concretas. Es una ley primordialmente declamativa, sin consecuencia práctica alguna”, argumentaron desde el ministerio de Desregulación, sobre la producción pública de medicamentos.

Desregular huele a mercado privado y extranjero

La noticia fue más por el chisme que por la profundización de la discusión. Periodismo devenido en LAM de Congreso. De las chicanas poco queda, en la letra chica de la ley que elimina leyes está lo que importa. Las 70 normativas a derogar, Palabras por el Derecho, las dividió en cinco grupos: primer grupo: “leyes superadas por normas posteriores”; segundo grupo: “normas obsoletas o sin efecto por el avance de la tecnología, economía o paso del tiempo”; tercer grupo: conjunto de leyes que el Gobierno considera que “afectan libertades individuales”; cuarto grupo: normas “cuya derogación implica un avance en el proceso de desburocratización”; quinto grupo: “leyes que remiten a procesos inexistentes o a organismos disueltos”. Bonus track, sexto grupo: leyes a modificar parcialmente referidas a “organismos para integrantes del sector público financiados con fondos públicos nacionales”.

Increíble resulta que en la titulación poética de la “Ley Hojarasca”, usen los recursos del Estado para justificar la casta del mismo. Votar una ley para derogar leyes que en gran parte el gobierno mismo ya había dejado sin efecto, ya sea por su desfinanciamiento o por su reciente modificación con la Ley Bases y el Decreto 70/2023.

“Pierre Bourdieu (sociólogo) llamaba la mano izquierda del Estado a aquellas funciones sociales que redistribuyen el bienestar desde las distintas áreas estatales. Son justamente estás las que hoy se encuentran en jaque, y, aunque resulte sorprendente para algunos sectores peronistas, progresistas y de izquierda, este proceso avanzó con aceptación popular, porque logró ser percibido como una bocanada de aire fresco, ante las viejas costumbres”, continúa Coco.

La no aplicabilidad de la ley, no es sinónimo de derogación, aunque socialmente se haya aceptado esa lectura. Si todo es obsoleto, todo es consumible y descartable; nuestra propia constitución y amparos legales también. El impacto, en caso de aprobarse en el Senado, afectaría a todo el entramado ya derruido del sistema nacional: trabajo, salud, comunicación, inmueble, cultura, turismo, defensa nacional y manutención de archivos documentales del Estado Nación.

El entramado entre producción, consumo interno, recaudación, distribución de riqueza, obra social, generación de puestos de trabajo en el sector formal, forman parte de un mismo núcleo: políticas públicas reguladas por el Estado nacional. La fragmentación y ruptura a través de la desburocratización, como lo menciona Sabattini y el ministro Sturzenegger, posibilita que el mercado privado se regule a sí mismo. Las libertades individuales se vuelven ingresos informales, en tanto, los pagos de servicios pasan a tasas tributarias altas sin posibilidad de reclamo.

“Todo aquello que fue recortado responde más bien al orden de la gestión del reclamo y no tanto al trabajo que el Estado debe hacer para ordenar los sistemas”, resume Coco.

Además del efecto adverso en salud, (que ya de por sí desde el año pasado arrastra una estadística del 45% de la población vacunada, el rebrote de sífilis, enfermedades erradicadas como el sarampión, varicela y viruela, incluida la derogación del programa de creación de medicamentos que produjo la vacuna nacional contra el Covid-19, hoy descontinuada y desfinanciada para niños y mujeres embarazadas); en lo que respecta a minería derogaron la ley de exploración carbonífera; en cultura, la Ley N° 25.750 de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales; en comunicación, se restringe el aporte estatal en pos del ingreso privado de agencias externas. Colonia sí.

Uno de los puntos más notables de la intención de soltar el timón de las arcas del Estado para que lo controlen capitales extranjeros, es la posible derogación de la exención impositiva a la producción nacional, la cual, el ingreso de productos importados con retenciones 0%, la desindustrialización y el recargo tributario del 40%, le significó una caída del consumo en un 50%.

“Todo este escenario de apertura de importación y caída del poder adquisitivo de los trabajadores, se le suma la destrucción del entramado productivo. Recordemos que en diciembre de 2025 se rompió un récord de cheques rebotados. Esto habla de cómo se rompió la cadena de pago, cuando se rompe, funciona como un dominó. Empieza a afectar toda la cadena y eslabones productivo: primero el frente, el consumidor final y después los proveedores”, comenta Nicolás Mendizabal, gestor de la PyMe “Justicialistas”.

Estado importado

El Gobierno Nacional cayó en las encuestas hasta el 35%, un hecho que se mantiene desde el triunfo en noviembre de 2023. Núcleo duro, fiel, leal. Todo partido lo tiene. Siempre habrá un roto para un descocido, dicen. De igual manera, el Gobierno Nacional ya no le habla a su núcleo; tampoco a votantes periféricos que heredaron de Bullrich; menos se dirige a los trabajadores informales que hoy compiten con la gran masa de desocupados que hacen Uber y delivery. Ya no se dirige a los suyos. Habla en otra lengua, una extranjera. Ya no más banderitas de Argentina de plástico.

El pueblo ahora es extranjero en su propia tierra, mientras los extranjeros son dueños de tierras ajenas. Todo es commodities, todo es incómodo. El número de despidos superó al de la pandemia, el cierre de fábricas -la mayoría PyMes- asciende a 25.000. No importa, extranjerizan el uso del suelo: remate al costo, paga Dios. Media sanción a la quita de subsidio del gas a las “zonas frías”, para costearle la climatización a quien disponga de recursos para “invertir”.

“Antes la competencia era insuficiente, teníamos productos buenos pero el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales, los importados”. Publicidad promovida por el ministro de Economía Martínez de Hoz (1979).

Un país barato en dólares pero caro en pesos, el revés del uno a uno. Ni se gastan ni se esconden; gastan y muestran; revenden, rematan y derogan. Viven como si no vivieran en la Argentina. Cuando les piden justificación de declaración jurada de bienes, dicen no entender tal demanda.

El jefe de Gabinete, su hermano, la secretaria de Estado, la familia del presidente de la Cámara de Diputados, el ex candidato a Diputado por la Provincia de Bs.As, el presidente: todos acusados de enriquecimiento ilícito, lavado de activos, estafa, financiado por el narcotráfico. No hablan la misma lengua nacional. Extranjeros de la tierra que les dio de comer.

Winter is coming.