Miles de trabajadores de la educación se echaron a las calles de San Salvador de Jujuy en la tarde de ayer para exigir que se derogue el decreto 8468 impulsado por el gobernador Gerardo Morales, que busca criminalizar el derecho a la protesta y permite al poder judicial sancionar y perseguir a quienes se organicen para defender sus derechos laborales.
La movilización fue encabezada por el gremio de docentes, que ya se encontraba en paro indefinido desde la semana pasada y por trabajadores estatales, que reclamaron también por los bajos salarios y la pérdida del poder adquisitivo, con la consigna "Abajo el decreto, arriba los salarios".
Según consta en el decreto que el gobernador firmó sin respaldo de la cámara de legisladores provinciales, en adelante se prevén sanciones de "hasta mil unidades de multa quienes permanezcan en espacios públicos, alterando el orden, obstaculizando la libre circulación vehicular y/o peatonal, causando temor en la población o limitando ilegítimamente y de cualquier modo el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos".
Esta ofensiva contra el derecho a huelga se enmarca en la carrera electoral que atraviesa el país y que encuentra a Gerardo Morales como ladero del precandidato Horacio Rodríguez Larreta, con quien comparte además la intención de abrir el frente Juntos x el Cambio para integrar espacios del peronismo anti kirchnerista. La profundización del modelo represivo y anti huelga escenifica el modelo mano dura, con el que harán su campaña electoral.
Por su parte, la Central de Trabajadores Argentinos - Autónoma, denunció al gobernador Morales ante la OIT, por "violar los convenios internacionales tras las modificaciones que ha introducido el gobierno provincial en el Boletín Oficial para restringir el derecho constitucional de protesta y huelga».
Otra provincia norteña que se encuentra en pleno conflicto es Salta. En el marco de una enorme huelga de los trabajadores de la educación que ya dura 5 semanas, el gobernador Gustavo Sanz reactivó un proyecto de ley para limitar el derecho a la protesta. La llamada Ley Antipiquetes salteña, prevé la sanción y posible represión de todas las manifestaciones que no hayan sido aprobadas por el Ejecutivo y debidamente solicitado un permiso 24 horas antes de cada convocatoria.
La respuesta más contundente a la Ley vino de la docencia salteña, que se halla en pie de lucha desde hace más de un mes contra la obligatoriedad de devolver los días de paro con el dictado presencial de clases los días feriados y sábados. También se sumaron trabajadores de otros gremios. El pico de tensión se disparó cuando un grupo perteneciente a la Asamblea Provincial de Docentes Autoconvocados cortó la ruta nacional 51, conocida como "La Ruta del Litio", por ser el camino por el que pasa gran parte de la producción litífera del país. El gobierno de Sanz respondió con una feroz represión que se saldó con varios heridos y detenidos.
Finalmente, el proyecto de ley contra la protesta se halla parcialmente vetado. "La decisión se tomó, dijo el ministro de Seguridad de Salta, Marcelo Domínguez "por observaciones del Poder Ejecutivo sobre algunos artículos", es decir por su virtual inconstitucionalidad.
Todo indica que al momento de votar la adhesión al RIGI en la Legislatura de Córdoba no habrá inconvenientes, y que los sectores concentrados del agro, inmobiliario y de la obra pública tendrán vía libre en la provincia mediterránea para continuar favoreciéndose.
En este momento, la seguridad jurídica, condición necesaria que nos da la capacidad de prever qué pasa con nuestros derechos, se ve enfrentada al modelo de gobierno propuesto por Javier Milei y su equipo, ya que su eje principal es -la reforma del Estado-.
La detención de Alejandro Mercado, quién asumió el pasado diciembre, fue en el marco de una investigación sobre una red de corrupción que involucra una financiera ilegal. ¿Quién es Mercado?
