Entrevista al consultor en estrategia digital Lucas Malaspina sobre la relación entre redes sociales, política y hegemonía en tiempos de campañas virales y Fake News. El nuevo terreno de la disputa política donde el monopolio de los datos, la censura y el odio son el fundamento de las campañas electorales, estrechamente monitoreadas por los guardianes de la "libertad virtual".

¿Que podes contarnos sobre los controles y las leyes en materia de campañas políticas en redes sociales?

Bueno, hace tiempo que la ley busca dar un tratamiento a los medios de comunicación, si bien las redes sociales no son estrictamente medios. Por eso yo creo que en materia contenidos virtuales, la ley nace impotente. Ahí hay una gran responsabilidad de los gigantes de las redes, por caso Facebook que es poseedor de Instagram y Whatsapp (que no es formalmente una red social) o Google que es dueño de Youtube.

Lo mas relevante es que, por ejemplo se intenta que los candidatos clarifiquen cuales son sus gastos en publicidad política en redes sociales y esto es un esfuerzo fútil, porque revelar esos datos no evidencia la totalidad del dispositivo de campaña. Existen una gran cantidad de organismos no-oficiales que de manera entre cínica y sarcástica, constituyen el "lado B" de esas campañas. A veces suelen implicar sostener a un grupo de trolls pagos, o incluso la organización de militantes o simpatizantes de tal o cual candidato para que difundan determinada información, que los canales oficiales no pueden o no quieren transmitir.

En este sentido es paradigmática la investigación que la revista Piauírealizó el año pasado sobre la campaña del candidato Ciro Gomes (PSDB), concretamente sobre la interacción de datos que generaban dos canales de este candidato: uno de ellos oficial donde había mensajes y posts mucho mas propositivos y "diplomáticos", y el otro era una fanpage donde se colgaban recortes de intervenciones televisivas con titulares explosivos tipo "Gomes fulminó a tal" como sucede acá con páginas como Revolución Popular Noticias, entre otras. El más consumido era claramente la fanpage no oficial, porque esas cosas funcionan muy bien en las redes, la indignación es tendencia.

En Argentina se habla de un trollcenter dirigido por Marcos Peña, un ejercito de militantes pagados para intervenir en redes sociales desde un ángulo muy agresivo, lo que vuelve rápidamente virales las discusiones. Estos gastos no están planteados formalmente como gastos de campaña, por eso cualquier intento de la justicia electoral de auditar estos gastos es inútil, la ley en materia de redes sociales es impotente. 

¿La ley no debería exigir a cada candidato que rinda cuentas de cuánto y dónde se gastan recursos en campañas políticas, e incluso a los responsables de las redes sociales a hacer públicos esas inversiones publicitarias?

Bueno han habido algunas experiencias a nivel en internacional en este sentido. En enero, los responsables de seguridad informática de Twitter, Joel Rotts y su homólogo de Facebook Nathaniel Gleyzer publicaron sendos comunicados en el  Newsroom de ambas plataformas, donde anunciaban que habían dado de baja una serie de cuentas que infringían las "normas comunitarias", casualmente esas cuentas eran rusas y difundían fake news y contenidos en dos sentidos: supremacismo blanco y radicalismo negro.

Esta política de fiscalización de contenidos en redes viene tras la presión ejercida después de las elecciones de 2016 en Estados Unidos por parte del Partido Demócrata, algunos Republicanos anti-trump, y sobre todo de los grandes medios como el Wall Street Journal o el NY Times, que están enojados con Facebook porque distribuye información de la que ellos ya no son únicos poseedores. Todo este lobby terminó con Zuckerberg citado al congreso de Estados Unidos, donde planteó que "hay que defender a Facebook" porque ésta red social permite y sostiene la hegemonía virtual de Estados Unidos. Recordemos que en Rusia el uso del FB es bastante marginal y en China ni siquiera es posible.

Tras todo este lobby ejercido por el establishment yanqui para disciplinar a Facebook y a Twitter, tenemos este 31 de enero, anuncios de ambas redes sociales donde se anuncia el cierre de cuentas y fanpages vinculadas al gobierno de Venezuela, de Irán, de Rusia y de Bangladesh.
Todo esto resuelto de forma ambigüa, ya que los responsables de estas redes llamativamente reconocen que las cuentas no violan las normas comunitarias, pero que pero esta censura está orientada contra cuentas ubicadas en países geopolíticamente opuestos a Estados Unidos.

Es inevitable preguntarse entonces ¿no encontraron ninguna cuenta que viole las normas comunitarias de FB y TW en Estados Unidos? O en Argentina sin ir mas lejos, donde abundan. Ahí se hace patente que todas las eliminaciones de cuentas están dirigidas por una agencia de 14 personas llamada Digital Federal Research Lab, cuyo fundador es un ex asesor de inteligencia de la Casa Blanca durante la administración Obama.

¿Qué pasaría en Argentina durante la campaña electoral si permitiéramos a FB eliminar todo el contenido virtual que considera que viola sus normas comunitarias? La discusión sobre el impacto que tienen las redes sociales en nuestra vida política es mucho más importante de lo que se pensó hace una o dos décadas cuando practicamente todo el arco político sostenía una ideología que defendía que "con internet estaremos más conectados y por ende será todo más democrático" esto ha demostrado no se tan cierto.

En síntesis, hay una presión muy grande sobre las plataformas sociales web para eliminar contenidos que no gustan al gobierno de los Estados Unidos. Es importante que, tras la discusión de la Ley de Financiamiento de Partidos, donde se abordó la cuestión de gastos publicitarios y redes sociales, se comience a politizar esta discusión que antes estaba despolitizada.