Este viernes, el gobierno de Javier Milei inauguró otra etapa de privatización de empresas estatales. Tras las elecciones y con acelerados cambios en el gabinete, la gestión libertaria abrió el sobre de concesiones de cuatro centrales hidroeléctricas ubicadas en el norte de la Patagonia Argentina y la licitación para vender casi la mitad de las acciones de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA).
El plan libertario es que los dos paquetes de compañías, que se consolidan como piezas claves para la producción de energía eléctrica, pasen a manos de privados en los próximos 12 meses. El objetivo de la venta es ensanchar el caudal del Tesoro para cubrir algunos vencimientos de la deuda contraída por el actual ministro de Economía, Luis Caputo, durante el mandato de Mauricio Macri.
Las cuatro centrales de hidroeléctrica que Milei está dispuesto a privatizar -establecidas en el Decreto 564/2025 - son embalses ubicados sobre dos ríos de la zona de Comahue, de las provincias de Neuquén y Río Negro. Esas empresas públicas se dedican a generar electricidad a través del uso del agua almacenada.
Sobra la cuenca del Limay se encuentra la represa Alicurá, con una generación media anual de 2.360 GWh, El Chocón (3.350 GWh), Piedra del Águila (5.500 GWh) y sobre el río Neuquén se halla Cerros Colorados (1.6512 GWh), la cuarta megaobra con el cartel de “se vende”. Todas comenzaron a funcionar entre 1972 y 1993.
El gobierno aseguró que 18 grupos empresariales intentan quedarse con el patrimonio estatal. En la misma línea, el Ejecutivo prometió que el traspaso sumaría unos U$S 600 millones. En la puja por la propiedad de las represas podría figurar la empresa de Israel, Mekorot, que cumple diferentes roles en la gestión del agua en más del 50% del territorio nacional.
La compañía, denunciada ante la ONU por prácticas de apartheid hídrico en Palestina, confesó que la asesora Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (Aysa) también se encuentra a la venta.
Los convenios entre Mekorot y 13 distritos de Argentina fueron pactados por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), organismo que puede saltar las consultas populares y la evaluación de impacto ambiental. En Río Negro y Neuquén los contratos con los gobernadores son de acceso restringido bajo la modalidad “información secreta”, lo que dificulta comprender el accionar real de la firma.
En paralelo, el titular de Economía firmó la resolución 1751/2025, que habilita la transferencia de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA). La empresa es la encargada de operar las tres centrales nucleares que tiene el país: Atucha I, Atucha II, emplazadas en el partido de Zárate de la Provincia de Buenos Aires, y Embalse, en la ciudad de Río Tercero, Córdoba.
Atucha I inició su construcción en junio de 1968 y se convirtió en la primera central nuclear de potencia de América Latina, configurando un hito para el avance científico nacional.
Las instalaciones cuentan con una potencia instalada de 1763 MW y la energía es comercializada a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) que provee a regiones de todo el país. Actualmente, el capital accionario se encuentra distribuido entre el Ministerio de Economía (79%), la Comisión Nacional de Energía Atómica (20%) y Energía Argentina S.A. (ENARSA), según indica la página web oficial.
El plan que Caputo le giró a la Secretaría de Energía, implica vender el 44% de NASA en un plazo no mayor a los 12 meses, para recaudar aproximadamente US$ 500 millones.
La privatización de empresas centrales del sector energético debilita la seguridad de la producción a gran escala y la política exterior del país. La oferta resulta tentadora para magnates extranjeros que ven la posibilidad de utilizar recursos naturales y tecnológicos a un bajo costo, relegando las necesidades nacionales.
* Foto: Central Cerros Colorados/ Gobierno Nacional.
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