Casi una semana pasó desde que el presidente, Javier Milei, se presentó en el Foro de Davos. Habló de todo. Llevó su propia agenda bien organizada y plantó bandera: mujeres-cis feministas y población LGBTIQ+ afuera. Agenda que define el transcurso de un año entero y recién es enero. Más no importa porque el Gobierno Nacional dictó frente a los magnates del siglo XXI dos mentiras bien elaboradas: la violencia de género es un gasto público y que “todos somos iguales ante la ley”.

“Yo estoy para ayudar, soy un servidor de las ideas libertarias”, dijo Mariano Cúneo Libarona, dos semanas antes del balotaje; hoy es el actual ministro de Justicia de la Nación. Las ideas de la libertad y la igualdad ante la ley pareciera no contar al basto sector de la sociedad argentina: mujeres, maricas, bisexuales, travestis, trans, lesbianas, etc. Ya que viene insistiendo, desde que asumió, la derogación de todo aquello que representa un “privilegio para las minorías”.

El fin de semana fue invitado al programa “El Despacho” de Daniel Parisini (el Gordo Dan) y se refirió a los fallos sobre violencia de género como “disparates” en donde dan “batalla dura de la mujer y después resulta que son todas denuncias falsas”. Indignado por la burocracia que debe resultar archivar el 0,01% del total de denuncias que resultan ser falsas, según el Observatorio de Violencia de Género.

No es la primera vez que el ministro deslegitima las denuncias por violencia de género o que defiende varones acusados de abuso, como fue el caso de el ex senador y dos veces gobernador electo de Tucumán, José Alperovich, quien fue declarado culpable de haber cometido nueve hechos de abuso sexual, algunos con acceso carnal y otros gravemente ultrajantes, contra su secretaria privada y  con quien tenía un vínculo familiar.

Otra circunstancia, aunque sin pruebas en su contra, fue el haber negado la denuncia de su ex pareja, Lourdes Di Natale, quien en 1998, afirmó en la justicia que Emir Yoma -ex cuñado de Carlos Menem- recibía en sus oficinas al traficante de armas Diego Palleros y a Luis Sarlenga, ex interventor de Fabricaciones Militares. Además de recibir un soborno de 400 mil dólares por el tráfico de armas a Croacia.

No solo fueron sobreseídos los acusados, sino que además, el actual ministro salió a desmentir la denuncia de su ex pareja, acusándola de “mentalmente inestable”. En 2003 y luego de quitarle la tenencia de su hija, Lourdes es encontrada muerta en el patio interno del edificio. La causa, según dijeron los peritos, fue una caída desde el décimo piso, en la carátula colocaron “suicidio”. Sin embargo, pese a los intentos de reapertura del archivo, la justicia deniega el seguimiento del caso.

Ya como actual ministro, el 20 de noviembre del año pasado, presentó un proyecto de ley por denuncias falsas junto con la diputada radical santafesina, Carolina Losada, quienes a la semana siguiente fueron denunciados por Carlos Alberto Rozanski, Bettina Calvi y Natalia Amatiello, directivas de la Asociación de Altos Estudios en Violencias y Abusos Sexuales (AEVAS), por ser sospechados de forzar a leer un texto armado a Anet Jamín Carro, quien acusó a su padre de ser “autor de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante triplemente calificado por el grave daño en salud mental de la víctima, el vínculo y la situación de convivencia preexistente”.

Igualdad ante la ley

Otro de los proyectos que propone para discutir en las sesiones ordinarias, que regirán a partir del 1° de marzo, es el de “Igualdad Ante la Ley”. La cual tiene por objetivo derogar lo que el gobierno define como “discriminación positiva”. Es decir, los derechos legitimados por ley, entre ellos: la Ley de Identidad de Género (26.743), algunos puntos de la Ley Micaela (Nº 27.499), el DNI no binario implementado en 2021 mediante el Decreto 476/2021, la Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para personas trans (Nº 27.636) y la Ley de Paridad Electoral en Ámbitos de Representación Política (Nº 27.412).

“El Estado no puede hacerse cargo de cada sector que se considere minoría”, remarcó el ministro. Asimismo los datos demuestran completamente lo contrario. Que el Poder Ejecutivo promulgue una ley, no significa que el mismo luego regule su implementación. En el caso de la Ley de Identidad de Género, las personas trans no guardan ningún tipo de privilegio ante la ley, al contrario, en sus legajos continúan las imputaciones por “resistencia a la autoridad” y figuran con su nombre y sexo asignado al nacer en la base de datos.

A su vez, el cupo laboral demanda que el 1% del total de la población este en un puesto permanente en planta. Previo al desmantelamiento de las políticas públicas era el 0,5% quienes estaban registradas dentro del empleo informal.

Respecto a la paridad electoral, el 40% de las mujeres ocupan un cargo dentro del Congreso, todas seleccionadas por concurso de idoneidad. Empero, la ley dice que la representatividad tiene que ser equitativa 50 y 50. Previo a su sanción sólo el 7% tenía voz y voto dentro del Congreso.

Ahora, lo que más llamó la atención dentro de la calle online fue el pedido de derogación de la figura de “femicidio” dentro del código penal, ya que esto “representa un privilegio para la víctima”. No es necesario hilar fino para delimitar que no puede ser tomado como “privilegio” la muerte de una mujer-cis cada 28h. Más cuando las denuncias por violencia de género llevadas a juicio son del 1%.

“Los desafío a encontrar el tipo penal llamado 'femicidio' en el código penal de Argentina. En Argentina hay un tipo penal que es homicidio, que puede ser agravado por distintos motivos. Uno es la violencia de género. Es el problema de no entender los conceptos que se discuten”, comentó en su cuenta de X, la directora del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Natalia Gherardi.

Por su parte, de acuerdo a la Unidad Fiscal Especializada en Violencia de Género del Ministerio Publico Fiscal, “en nuestro país, la ley 26.791, sancionada el 14 de noviembre de 2012, reformó el artículo 80 del Código Penal para criminalizar de modo agravado los homicidios vinculados con la violencia por razones de género. Esta norma incluyó el inciso 11 que penaliza con prisión perpetua la conducta del varón que dé muerte a una mujer mediando violencia de género, en los términos de la ley 26.743 de identidad de género que también fue sancionada ese año”.

El curro del patriarcado

Si las pretensiones por parte de los representantes del Estado argentino es que la igualdad ante la ley sea para “todos”, deberían tener en cuenta que las mujeres y las disidencias también entran dentro del Código Penal. Las reformas realizadas en el mismo demostraron más ser un piso de derechos que un resguardo tangible sobre la violencia machista.

¿Cómo podría una mujer ama de casa jubilarse sin la moratoria? ¿Cómo puede ser idónea una persona trans para ocupar un cargo público de diputada o senadora, si no terminó el secundario y tiene causas penales en su haber por el código de faltas? ¿Quién va a tomar la denuncia por violencia de género y regular su seguimiento si está desmantelado el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad?

Simples preguntas que el ministro de justicia no se hace, no tiene porqué hacérselas. Sin embargo, mientras él acusa sobre el “curro de los derechos humanos” desde su puesto como ministro de Justicia, mujeres-cis y disidencias buscan trabajo para pagar las deudas que toma el gobierno del que es parte.