Desde esta mañana la Unidad Piquetera concentra en el Patio Olmos para movilizar al local del Ministerio de Desarrollo Social (Chacabuco 329) por la baja de 85.000 planes Potenciar Trabajo (PO) y “el retaceo a la asistencia alimentaria a la población más vulnerable”.

La acción está enmarcada en un plan de lucha nacional que tiene su epicentro en Ciudad de Buenos Aires donde las organizaciones exigen ser atendidas por la ministra Victoria Tolosa Paz, quien ya adelantó a FM Urbana Play que como “no hay petitorio y no hay pedido de audiencia formal” no dará lugar a la solicitud. Además agregó que “con la gente de rehén no los vamos a recibir”.

La ministra también expresó a la radio FM Delta que “el piquete y la extorsión no es la contraprestación del Potenciar Trabajo. Llevar a pibes y pibas, nenes de cuatro años y bebés con su mamá al acampe en la 9 de julio tampoco lo es. Me da mucha tristeza ver esta Argentina donde un sector de UP, para hacer política y posicionarse en año electoral, utiliza a la gente más pobre”, dijo Tolosa Paz apuntando contra la organización que encabeza Eduardo Belliboni.

Para seguir cobrando el PO había que realizar un proceso de validación de identidad desde el pasado 22 de noviembre pasado, que tenía plazo hasta el 15 de enero y luego los datos serían evaluados por la Secretaría de Economía Social, aunque se otorgarían 60 días más para quienes estuvieran fuera de plazo. Hoy 15 de marzo, ese “fuera de plazo” son las 85 mil bajas, junto a otras 20 mil del Programa Nexo.

La cifra de cobro del PO ($34.750) representa poco menos de la mitad de un Salario Mínimo Vital y Móvil. Desde que ingresó al Ministerio, Tolosa Paz se ha encargado de hacer un seguimiento estricto de los destinos del plan, algo que hizo ruido dentro del Frente de Todos (FdT) cuando el propio Juan Grabois (hoy candidato a presidente) criticó la lejanía con la realidad social de la ministra “que vive en un country”.

Cierto es que las declaraciones de Tolosa Paz sobre los piquetes corresponden a una visión política que en un contexto de crisis, pobreza y malestar (también debido a la propia responsabilidad del Estado), son confrontativas con la realidad y se alinea con una derechización discursiva que alimenta la criminalización de la protesta social.

Mientras tanto, el ministro Sergio Massa se prepara para desembolsar $5.200 millones de dólares al Fondo Monetario por la deuda contraída durante el macrismo. Plata hay, ajuste también.