El Presidente Javier Milei aprobó los planes uruguayos de ampliación del puerto de Montevideo, en detrimento del Canal Magdalena y los puertos nacionales.

A través de su delegación en el Comité Arbitral del Río de la Plata, Argentina puso fin a una disputa de diez años sobre el expansionismo del puerto uruguayo que capitaliza la entrada y salida de exportaciones e importaciones sudamericanas, que tienen acceso desde y por el Río Paraná y Río de la Plata .

El Presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, agradeció con creces la decisión del liberal libertario y auguró un crecimiento exponencial de la economía uruguaya, pues no es para menos.

Según FIPCA (Fundación Interactiva para la Promoción de la Cultura del Agua), Argentina resigna 7 mil millones de dólares cada año por no construir el Canal Magdalena y seguir dependiendo del puerto extranjero. Esos dólares que hace décadas se quedan en el país vecino aumentarían debido al plan uruguayo de dragar a 14 metros el canal de acceso al principal puerto de su país, lo que permitiría el ingreso de buques más grandes con capacidad para mayores cargas (menores costos para sacar mayor producción).

Como venimos informando en esta columna desde el año pasado, Argentina no cuenta con una salida soberana desde sus principales vías fluviales hacia sus vías marítimas, ya que toda embarcación que sale desde la Vía Troncal Navegable (VTN) -mal llamada "Hidrovía"- hacia el Mar Argentino, debe pasar por el canal de Punta Indio y el puerto de Montevideo.

Un país bicontinental con más de 4.500 kms de costa y una de las principales rutas fluviales de comercialización del mundo depende de un puerto y un canal de acceso extranjeros hasta para realizar un viaje en sus propias aguas, de un puerto nacional a otro.

En ese sentido, la planificación uruguaya afecta directamente a los detrimento los puertos bonaerenses de La Plata y Bahía Blanca.

Capitular la entrega

Argentina es un caso particular en el mundo. No cuenta con una flota mercante, cuando casi el 80% de sus exportaciones se transporta por vía marítima; y no apuesta al transporte ni a la industria fluvial de bandera, cuando le pertenecen 1400 kilómetros de una de las vías fluviales y comerciales más importantes del mundo.

En el último cuarto de siglo, ningún gobierno hizo algo al respecto para transformar esta realidad de entrega extrema a grandes capitales trasnacionales, más bien, todo lo contrario; siendo que la recuperación total de la VTN es la única manera de avanzar en una proyecto de Nación que pueda desendeudarse, al tiempo que recupere su soberanía económica, política, social y comercial.

En este sentido, el Gobierno de Javier Milei viene a consagrar una etapa de entrega de la soberanía nacional que empezó con Menem, siguió -con matices- durante los gobiernos kirchneristas y se profundizó con los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández.

El control de la mal llamada Hidrovía y el extenso Mar Argentino es un asunto mayor para las grandes potencias mundiales. La decisión de Milei se corresponde con los intereses norteamericanos y occidentales (FMI, Black Rock, Bunge y Born, Glencore, etc) que velan por quedarse con el dominio de esta estratégica parte del Océano Atlántico, ya sea por sus bienes comunes naturales como por su determinante posición geopolítica.

A su vez, el Puerto de Montevideo está concesionado a una multinacional belga por 80 años, por lo que la decisión argentina no hace más que sumarse a una planificación yanqui-occidental en detrimento de toda Sudamérica.