La organización Corriente Clasista y Combativa (CCC) vive una ofensiva judicial por causa armada, derivada en una serie de allanamientos a comedores, merenderos, locales y domicilios particulares de la organización y algunos dirigentes en el AMBA. Integrantes de la organización social denuncian que que se implementaron métodos ilegales de espionaje y la ejecución del "fishing trip" o "excursión de pesca", práctica mediante la cual, ante la ausencia de pruebas para culpabilizar a alguien, se arman causas a partir de denuncias falsas e investigan delitos con el fin de imputar, en este caso, a militantes sociales.

Según explica la organización en diálogo con la periodista Silvina Friera, la causa tiene su raíz durante el macrismo por una denuncia falsa al Ministerio de Desarrollo Social -entonces a cargo de Patricio Martínez- que fue remitida a la jueza federal Alicia Vence, quien dispuso al fiscal Jorge Sica a cargo de la investigación.

En diálogo con Enfant Terrible, Ramón Rodríguez coordinador del Movimiento de Trabajadores Desocupados y Precarizados de Córdoba e integrante de la CCC, contó que “en septiembre del año 2019, antes que culmine el gobierno de Mauricio Macri, los denunciantes señalan que se les había dado de baja de un programa social por no querer aportar dinero a la organización”.

El programa que menciona Ramón es el de Proyectos Productivos Comunitarios y la denuncia es realizada por Héctor Darío Sánchez, quien decía haber sido forzado a realizar aportes, participar en movilizaciones y percibir el plan durante seis meses. Según el mismo Sánchez, dos personas más de apellido Valle y Méndez también habrían sido dadas de baja en los mismos términos.

“También se denunció a la CCC por venta de mercadería que proveía el Ministerio”, continuó el dirigente y explicó que “el resultado de esta investigación por lo que informa el fiscal, es que las denuncias son falsas, porque las personas que denunciaron ser dadas de bajas no fueron nunca dadas de baja, permanecían en ese momento cobrando el programa”.

Con respecto a la venta de mercadería, también “se investigó en la feria de San Martín que no había una vinculación con la CCC y no se había encontrado mercadería proveniente del Ministerio”. Desde la organización pudieron constatar que tanto Sánchez como Valle y Méndez, se encuentran militando en ConstruyendoAr, una ONG de San Martín vinculada al macrismo.

Al no encontrar pruebas de delito por parte del fiscal contra la CCC, la causa debía ser cerrada o archivada. Sin embargo años después, la jueza Vence la reabrió bajo la carátula de "Averiguación de antecedentes" ordenando una nueva investigación y buscando encontrar un delito. Por este motivo, el pasado 5 de julio se allanaron 23 sedes entre comedores y merenderos en los distritos de San Martín, CABA y La Matanza.

Además, comenta Ramón:

“Se emplearon métodos como las escuchas telefónicas en tiempo real que son totalmente ilegales, porque nosotros somos una organización social, y esos métodos se utilizan en casos de narcotráfico o secuestros extorsivos”.

Sin embargo, el hostigamiento no finaliza aquí, ya que mientras un oficial realizaba las escuchas en tiempo real y pasaba la información al juzgado de Vence, la jueza filtraba esta información y la de los allanamientos a periodistas del Grupo Clarín, quienes realizaban operaciones mediáticas para criminalizar a la organización y sus integrantes.

De esta manera, las imágenes de la mercadería, el dinero de la organización y otros materiales propios, eran presentados como "adquiridos ilícitamente" en los medios de comunicación hegemónicos. Es decir, que mientras la causa se abría y se utilizaban métodos de espionaje, la organización no tenía conocimiento de esto, “nos enteramos antes por los medios de comunicación”, comentó al respecto Ramón y agregó que “denunciamos que una investigación de este tipo sea filtrada a los medios de comunicación, como los audios y las imágenes que han pasado”.

Para el dirigente social, la persecución implementada por la funcionaria judicial “tiene vinculación política por el contexto actual, donde algunos sectores buscan ir enardeciendo el ambiente para favorecer que el gobierno de Alberto Fernández se vaya antes, es esencialmente político”.

“Sabemos que Vence trabajó seis años con Claudio Bonadio, un juez que milita para el PRO”.

Un caso similar sucedió en Jujuy el pasado 6 de julio, a días de la visita de Alberto Fernández a Milagro Sala, cuando la Policía provincial allanó los domicilios de al menos 6 dirigentes sociales, cinco de comedores, merenderos, cooperativas y sedes de organizaciones sociales con órdenes de allanamientos del fiscal Diego Funes, bajo la imputación de "asociación ilícita".

La provincia es conocida por ser "el laboratorio del lawfare", con la designación a dedo del gobernador radical Gerardo Morales de jueces y fiscales, así como el armado de un Ministerio Público de la Acusación para perseguir dirigentes y organizaciones sociales.

Como conclusión, en medio de una crisis con ingresos licuados por la inflación y la criminalización que realizan los sectores más concentrados del Poder Judicial, la economía y la política, contra los sectores de la economía popular, Ramón afirmó que “estamos en una pelea en todo el país por adquirir derechos en relación a nuestra actividad y que es permanente y en una situación de crisis todo se hace mucho más pesado. Acá se ha endeudado a generaciones enteras a partir del préstamo del Fondo Monetario Internacional en 2018 y hay 44mil millones de dólares fugados por el Gobierno de Mauricio Macri. Queremos que esos responsables paguen esta crisis”.

Por último, indicó al próximo 7 de agosto, Día de San Cayetano, como una instancia donde las organizaciones territoriales y de la economía popular se encontrarán para continuar avanzando en la ampliación de derechos para el sector. “Ahora la tarea es unir a la mayor cantidad de organizaciones sociales y políticas para que el Gobierno vaya más a fondo contra los responsables de esta crisis social y política”.