El fiscal federal Sergio Mola abrió la nueva temporada del lawfare argentino el pasado lunes, al exponer su alegato contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Según denunció el ministro de Justicia, Martín Soria, el fiscal habría visitado al ex presidente Mauricio Macri y a su operador judicial "Pepín" Rodríguez Simón, -que permanece prófugo- en al menos una ocasión en 2019 -mientras el ingeniero era presidente-. En la misma tónica que los camaristas Hornos y Borinsky, la preparación de la causa contra Cristina, discutida con altos dirigentes de la oposición data al menos de 2019 y se ejecuta en estos días.

La llamada "Causa de Vialidad" investiga las concesiones de obras públicas en Santa Cruz, presuntamente otorgadas de forma discrecional por la actual vicepresidenta. Sin embargo, tras los primeros peritajes ha quedado demostrado que en ninguna de las concesiones se nombra a Cristina Kirchner. Según denuncia la vicepresidenta, esta jugada del Partido Judicial "ya tiene la condena escrita de antemano" y buscaría obturar su participación política con una inhabilitación de cara la próximo 2023.

Con mayor o menor eco, los funcionarios y dirigentes del Frente de Todos han salido a respaldar a la vicepresidenta y mostrado su desacuerdo. Algunos con mayor énfasis, otros pensando en la importancia de garantizar la estabilidad política del gobierno en un momento tan delicado.

Según exigen las calles, la estabilidad necesaria es la económica y ahí entra a jugar Sergio Tomás. Tras un fin de semana de ubicar a sus alfiles en las áreas estratégicas de los ministerios de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura, Ganadería y Pesca, se respira un ambiente de expectación. Los mercados relajaron apenas unos puntos la presión sobre la divisa de referencia que se mantiene cercana a los 30o pesos. Con todo, la aprobación por la designación del superministro es general: los mercados, el campo, la UIA y el Frente de Todos ganaron algo de oxígeno.

Según indica La Política Online, Massa ya encaró una negociación con tres bancos internacionales con el objetivo de hacer crecer las reservas del Banco Central en el corto plazo, con miras a una "devaluación ordenada" que permita condiciones más óptimas para el campo para liquidar la soja.