El pasado martes, el vocero presidencial Manuel Adorni dijo al pasar en sus conferencias matutinas que el Gobierno cerrará el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI) y dejará en la calle a 900 trabajadores, a quienes llamó “empleados” y al instituto lo definió como “agencia de empleo político”.
En un comunicado, desde ATE-INAFCI cuestionaron la decisión del Gobierno y sobre todo, remarcaron que tanto Adorni como el propio presidente, Javier Milei, dijeron "una serie de mentiras" para justificar el cierre. En este sentido, desmintieron que haya a disposición 204 vehículos para el organismo, que existan dos sedes, que no haya reclamos para mayor presupuesto y que se hable de "puestos de no trabajo", ya que "podemos dar cuenta de proyectos ejecutados y en ejecución", dijeron.
“Desde 1993, se sostiene esta política pública en gran medida por el compromiso y voluntad de las y los trabajadores que hoy nos estamos enterando por las redes sociales que nos quedamos sin trabajo. No somos la casta, tenemos 30 años de precariedad. Con un 100% de trabajadorxs no formalizadxs”, reclamaron en un comunicado.
El INAFCI había sido creado en 2022 por medio de un decreto, como forma de institucionalizar la agricultura familiar que se realiza en distintos puntos del país, generando alimentos desde la producción campesina e indígena, cuidando bienes como la tierra y el agua, creando el acceso al monotributo social agropecuario y creando datos estadísticos a través del RENAF (Registro Nacional de la Agricultura Familiar campesina e indígena).
El fortalecimiento de la política alimentaria puertas adentro de Argentina, viene siendo un pendiente cuesta arriba hace tiempo, y se mantiene en pie gracias al trabajo de pequeños productores -organizaciones rurales campesinas indígenas- que comercializan y hacen circular los alimentos a través de ferias sin intermediarios.
El día de ayer, en la sede centro de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Córdoba (Duarte Quirós y Vélez Sarsfield), desde ATE-INAFCI se sumaron a una convocatoria de Conicet, en la previa de una Jornada Nacional de Lucha, por el “brutal proceso de ajuste que amenaza con despidos del personal administrativo y recortes en becas, promociones e ingresos” en el ámbito de la ciencia y la tecnología nacional.
En este marco, Enfant estuvo en diálogo con Natalia Arrieta, licenciada en Economía y trabajadora como Técnica de Terreno especializada en el INAFCI de la Provincia de Córdoba: “Junto con otros tres compañeros, una abogada, un veterinario y un agrónomo, somos un equipo interdisciplinario que prestamos asistencia técnica a los pequeños productores, y a la vez, llevamos todas las políticas que hay del Ministerio de Agricultura y de cualquier otro ministerio para el sector”, contó.
Mientras conversamos, unas 20 personas, entre investigadoras y trabajadoras del Estado, realizan una "carteleadada" en la histórica esquina, en el momento que semáforo se pone en rojo: "unidad de los trabajadores y al que no le gusta, se jode", cantan mientras levantan las pancartas.
“Nos sumamos a la lucha del Conicet, así como estuvimos participando en otras movilizaciones como de los Centros de Referencia (CDR) y todos los otros organismos que están amenazados con la disolución o cierre de sus delegaciones provinciales, porque todos somos trabajadores del Estado”, comenta Natalia.
Tanto la alimentación como la ciencia y la tecnología nacional son temas de soberanía. De hecho, la elaboración de tecnología para la mejora de productividad también es una de las tareas del INAFCI, algo que también se refleja en el nombre del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) que todavía no ha sido afectado por el plan motosierra.
“Todo lo que es la ciencia y técnica, como lo es también la producción de alimentos, hacen a la soberanía nacional; sin eso pasamos a depender de que del exterior nos traigan la tecnología y los alimentos”, esboza Natalia, quien expresa preocupación por el panorama: “Estamos con total incertidumbre, no solamente nosotros por quedarnos sin nuestros puestos de trabajo, sino los pequeños productores”.
En su relato, Natalia manifiesta inquietud respecto a la retención del presupuesto por parte de Nación, para con los proyectos que ya fueron aprobados el año pasado y ya tienen número de expedientes: “muchos de los presupuestos llegan desde el exterior, al ingresar a la Argentina se transforman por el Tesoro Nacional, se transforman a pesos y ese es el fondo con el cual nos manejamos para hacer proyectos. Esa plata estaba, pero nunca se depositó y tampoco sabemos si se van a poder ejecutar al disolver el organismo”, explicó la delegada.
De esta manera, comienza a evidenciarse de manera más cruda una política de hambre por parte del Gobierno de Javier Milei, que comenzó pisando el acelerador con el recorte a los comedores comunitarios y escolares, con la excusa de “eliminar intermediarios”. Primero en los barrios y comedores populares, ahora en los cinturones verdes, en las granjas de los y las campesinas.
“Los productores con los que trabajamos no producen alimentos para exportar, sino que producen alimentos que llegan a la mesa de todos los argentinos y que comemos diariamente, que vienen de las huertas, todas las hortalizas, frutas, verduras y los animales de granja, principalmente, cabras, ovejas, pollo, todo tipo de actividad según la provincia y el micro clima que tenga cada lugar”, explicó Natalia.
Por último, la licenciada en economía advirtió por la dependencia que se genera en la alimentación a un sector como el agroexportador a partir del régimen de la libre importación al que aspira Milei, ya que la agroindustria pasaría a competir con los productos de afuera, volviéndola poco competitiva: “va a vender poco y que todo el sector privado va a caer en un nivel de desempleo muy grande”.
“La esperanza del presidente Milei es el ingreso de divisas, pero tampoco sabemos si las exportaciones van a ser tales o en los niveles que esperan. No sabemos si todo el sector del campo y los mismos productores van a querer exportar, a la vez va a venir una gran devaluación, sumado a que ese dinero que pueda llegar a entrar se va a terminar, ¿y qué va a quedar dentro de Argentina? Una gran recesión, toda la economía paralizada”, finalizó Natalia.
Foto de portada: Archivo Enfant Terrible
Al paro de Aceiteros y ATE-SENASA se sumó la Federación Sindical Marítima y Fluvial (FE.SI.MA.F). Además, desde la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) anunciaron paro total para el próximo lunes.
En rechazo a la Ley Bases y el Impuesto a las Ganacias, el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) y ATE-SENASA paralizan el 80% de las exportaciones argentinas.
La semana promete un importante ajetreo por el tratamiento de la Ley Bases que, si no pasa, será una herida grave para el Gobierno, mientras la oposición quiere hacer caer DNU en Diputados. El 1° de Mayo, para tomar aire.
