A las 14:40 horas del domingo, miles de militantes bolsonaristas asaltaron las sedes de los tres poderes públicos de Brasil. El palacio de Planalto, el congreso y la Corte Suprema de Justicia fueron objeto de una invasión promovida por radicalizados militantes de extrema derecha que destruyeron las instalaciones. El recién asumido presidente Lula Da Silva señaló que los "vándalos nazis que desataron la barbarie en Brasilia serán identificados y pagarán con la fuerza de la ley”. Medios locales informan que los golpistas roompieron cristales, piezas de arte y robaron mobiliario.
Frente a los desmanes y los destrozos generados por los ultras, el presidente Da Silva ordenó la intervención de las fuerzas estatales de Brasilia y pidió a los fiscales de la Abogacía General de la Unión el arresto del ex ministro de Justicia de Bolsonaro, Anderson Torres, quien habría estado al corriente de los preparativos del asalto. Torres huyó a Florida, Estados Unidos, horas antes del comienzo del asalto para reunirse con el ex presidente Jair Bolsonaro, quien también se encuentra prófugo en el país del norte.
A propósito de estas sospechas, Lula declaró que “la escalada violenta contra la sede de los tres poderes solo podía ocurrir con la anuencia y hasta la participación efectiva de las autoridades competentes por la seguridad pública e inteligencia" Y ha añadido que la organización de esos actos golpistas era un “hecho notorio y sabido, que fue divulgado por la prensa brasileña”.
La trama de implicados en el asalto a los tres poderes públicos incluyen -por ahora- a varios cargos del Ejército, un sobrino de Bolsonaro y un asesor del ministerio de Defensa. También se sospecha de varios integrantes de las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas. Con el argumento del "derecho a expresarse" los comandantes del Ejército se han negado hasta ahora a desalojar los campamentos que rodean los principales cuarteles de Brasil, donde simpatizantes del ex presidente exigen la intervención de las FFAA para evitar "el regreso del Comunismo" encarnado en el PT y en Lula.
En los días previos al domingo, por los grupos de Télegram que nuclean a los militantes mas radicales de la derecha, circularon mensajes invitando a acudir a Brasilia "con todos los gastos pagados" incluyendo transporte y comida. Fuentes oficiales indicaron que se está investigando quién financió la escalada violenta. Mientras todos los ojos están puestos en el ex mandatario Jair Bolsonaro, este desmintió su responsabilidad en el asalto a los poderes públicos a través de un tímido hilo de twitter.
Mientras el ex mandatario continúa prófugo en el estado de Florida, la diputada demócrata Alexandra Ocasio-Cortez, solicitó que Bolsonaro fuera expulsado del país y tuiteó este domingo que "dos años después de que el Capitolio fue atacado vemos un movimiento tratando de hacer lo mismo en Brasil, Estados Unidos no debe conceder refugio a Bolsonaro en Florida".
Dirigentes de todo el mundo expresaron su solidaridad con el recién electo Lula Da Silva y repudiaron el ataque a las instituciones democráticas entre ellos los presidentes de Colombia, Francia, México y Estados Unidos. Por su parte, la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner respaldó al mandatario brasileño vía twitter y condenó la escalada golpista.
"Quienes creemos en lo nacional, popular y democrático debemos darnos además un análisis profundo y descarnado frente a este fenómeno que más allá de la existencia de organizadores, financiadores y responsables (que siempre los hay) captura a segmentos de la población (inclusive algunos en contra de sus propios intereses económicos) para jaquear la democracia. Confiamos en la experiencia de Lula Da Silva para afrontar este verdadero desafío a la democracia del Brasil" señaló Cristina.
Las similitudes entre el alzamiento de ayer en Brasil y el copamiento al Capitolio de los Estados Unidos de 2021 son incontestables y sin embargo, difieren por el enorme despliegue que tuvo el bolsonarismo ayer en el país hermano. El copamiento a los tres poderes y la complicidad de ciertos sectores de las fuerzas de seguridad auguran una etapa convulsa para el nuevo gobierno del PT. Después de lo sucedido el domingo, la coalición encabezada por Lula Da Silva se enfrenta a la más descarnada expresión de la estrategia de la derecha global y a una oposición política cuyo compromiso con la democracia es nulo.
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