Por Julia Pascolini para Enfant Terrible
La palabra adicto supone un conflicto casi inabordable por parte de la sociedad. “El adicto es un enfermo” dijo Scioli en 2015, en plena campaña electoral. Este término estigmatiza, determina y condena social y moralmente a la persona que es usuaria de drogas. En todo caso, podemos hablar de consumos problemáticos, aunque tampoco nos queda del todo bien el término ya que, en definitiva, continúa ubicando la responsabilidad plena sobre le usuarie y no sobre las trayectorias que desencadenaron en ese tipo de uso específico.
Sin embargo, hay abordajes que contemplan que efectivamente esa relación puede tener apenas una punta de verdad. En la cárcel, un estudiante de la carrera de comunicación social privado de su libertad dice: "Para pasar el rato los pibes se meten la pastilla que sea. Con tal de pasar el tiempo, no importa. Prefieren tener la cabeza apagada”.
Esto da cuenta de varios conflictos, por un lado el hecho de que la cárcel suponga un lugar de violencia tal que requiera “apagar la cabeza” de forma permanente. Por otro lado, el tráfico de drogas no regulado por el Estado llega a esos lugares a los que fueron llevados quienes las usaban o distribuían (generalmente de forma acotada) afuera. Queda claro que la cárcel lejos de buscar la resocialización condena a la irregularidad y la marginación a quienes están allí encerrades.
El narcotráfico cumple un rol especial entre los motivos por los cuales los estados regulan o no ciertas drogas y sustancias. La regulación implica el acortamiento de baches arbitrarios. Es decir, para que pequeños grupos puedan enriquecerse, por ejemplo, con la distribución de drogas, debe existir un marco (i)legal que lo justifique. La regularización del uso de drogas implica desarmar un sistema de reproducción de lógicas paternalistas y de dependencia que serían (no rápidamente) abortadas mediante la intervención estatal.
A su vez, el Estado, en ocasiones, delega tareas a organismos no gubernamentales. Allí donde los métodos represivos no pueden ingresar por niveles de conciencia altos o por respuestas rápidas en materia de Derechos Humanos, ingresan estos dispositivos de control no estatales. En Argentina, sin embargo, no era la regla. Es decir, contamos con un Estado intervencionista y presente en materia de Derechos Humanos que de pronto se encontró lidiando (y permitiendo) la existencia de grupos narcotraficantes que llevaron consigo la vida de más de 20 personas y la integridad física de más de 100. Esto es relativamente nuevo y puso en evidencia el déficit estatal en materia regulatoria de drogas, sustancias y sus usos.
En 2015 Mauricio Macri convirtió al narcotráfico en eje de campaña. “La droga arruina la vida de familias enteras. No podemos resignarnos ni aceptar esta realidad como algo natural” decía el entonces presidente de la Argentina. ¿Podríamos preguntarnos entonces si el narcotráfico es una creación del Estado?
El Estado democrático, dice Mercedes Calzado -investigadora del Conicet- abre, según las concepciones de la derecha, una puerta al consumo problemático que nunca es otra cosa que eso: consumo y problemático respectivamente. La libertad atenta, entonces, contra la seguridad del pueblo, contra la noción de Familia. La supuesta lucha contra el narcotráfico habilita a su vez al brazo represivo del Estado que se traduce en sus formas más individuales. Sobre todo, las detenciones arbitrarias.
El CELS dijo al respecto que, “en 2002 las policías registraron 15.508 hechos en todo el país y en 2017 registraron 47.665, es decir que hubo un incremento del 200%”. Entre 2015 y 2018 el aumento fue muy significativo superando el 85%, pasando de 31.600 aproximadamente en 2015 a 47.700 aproximadamente en 2018. Ese mismo año, en la Provincia de Buenos Aires, se realizaron aproximadamente 100 detenciones por día vinculadas al uso o distribución de estupefacientes.
El punitivismo es una perspectiva de mundo que tiene como eje central la criminalización de ciertos sectores de la sociedad. Tiene que ver con una cosmovisión condenatoria de aquello identificado como moralmente incorrecto aunque en el plano legal no lo sea. Es decir, el enunciado de “que se pudran en la cárcel” no tiene su correlato en el plano legal ya que según la ley 24.660 “El condenado podrá ejercer todos los derechos no afectados por la condena o por la ley” y que “el interno tiene derecho a la salud” a la “asistencia médica integral, no pudiendo ser interferida su accesibilidad a la consulta y a los tratamientos prescriptos”. Este es solo un ejemplo de lo que la ley promueve. Sin embargo, el sentido común suele ir en contra de ésta o al menos descree de ella.
El punitivismo es una forma de interpretar al mundo y a las relaciones interpersonales. En este sentido y en relación al uso de drogas, su permanente condena tiene que ver más con dispositivos morales de las instituciones familiares que con razones médicas o de salud. La noción de que le usuarie es drogadicto, delincuente, loco y subversivo, no sólo es condenatoria de aquellas personas que lo son sino que además implica la justificación de modelos de Estado represivos para con ciertos sectores de la sociedad y el efectivo ejercicio del punitivismos desde el ordenamiento jurídico.
La relación entre punitivismo y seguridad es tan cercana como peligrosa. Cercana porque la cosmovisión punitivista del mundo desemboca en pedidos de mano dura ante ciertas prácticas y peligrosa porque la mano dura se constituye como una forma de adoctrinamiento de aquellos sectores que no responden a los cánones del deber ser. Los militantes, los pobres, los jóvenes, las mujeres, etcétera. Les usuaries de drogas son parte de ese combo de personas no aceptadas por la sociedad.
Aún existiendo una ley que ampara a personas que quieren cultivar y hacer uso de la planta de marihuana siguen existiendo tabúes en relación a su uso “recreativo” y no medicinal o terapéutico. En realidad el tabú pesa sobre todos sus usos, pero el segundo se lleva los premios. En cambio, no nos espantamos cuando alguien dice que toma clonazepam o antidepresivos, Tampoco le preguntamos si se lo recetaron o se auto medica.
Foto de portada: Ministerio Público Fiscal (Córdoba)
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