“Mi plan era salir y ponerme en pedo, pero por ahí me fumo uno y arranco colecta para camionetas y bombas de agua para los incendios de Corrientes”. Así arrancó el nuevo hit en redes sociales del influencer vernáculo Santi Maratea. En pocas horas el joven mediático logró reunir algo mas de 100 millones de pesos, que distribuirá entre organizaciones que combaten el fuego en la provincia norteña.

En paralelo, las críticas contra el ministro de Ambiente Juan Cabandié (FdT) y contra el gobernador Gustavo Valdés (JxC) por la ineficacia del Estado a la hora de paliar los incendios, arrecian por todos lados y en todas las redes. Entre otras críticas contra el mandatario correntino, señalan que apenas el 0,01% del presupuesto provincial está destinado a planes de prevención y manejo del fuego.

Asimismo, ambientalistas y organizaciones sociales señalan la falta de voluntad política del oficialismo ante la pérdida de estado parlamentario de la Ley de Humedales, que fue presentada 3 veces y no logró ser aprobada. Esta ley permitiría la expropiación de tierras agrícolas para explotación estatal, asegurando la reducción de incendios y quemas fomentados por grandes propietarios sojeros o inmobiliarios.

Mientras tanto el departamento de Ituzaingó en Corrientes fue declarado zona de catástrofe y aunque la previsión de lluvias colabora con la reducción de focos ígneos, el saldo de hectáreas quemadas ya equivale al 9% de la superficie provincial.

Toda recaudación es política

En el discurso de Maratea -de forma más o menos explícita- habita la conclusión que "la política" es incapaz de enfrentar los problemas "de la gente" y que la salida a la ineficacia e inmovilidad del Estado es "la solidaridad" . Desde esta perspectiva se construye el imaginario de que la suma de voluntades individuales articuladas por la capacidad de convocatoria de un sujeto "apolítico", -desprovisto de pertenencias ideológicas y políticas- puede reemplazar las funciones de un Estado burocrático, lento e ineficaz.

Ante el aluvión de aportes que llenaron su cuenta de Mercado Pago (plataforma denunciada por contrabando, evasión, especulación financiera, abuso al consumidor y competencia desleal) la solidaridad pensada en clave Maratea, termina por correr el foco de las políticas públicas como herramienta para la justicia ambiental, y lo ubica en la voluntad individual como vehículo de la transformación social, en el individuo y su determinación como único factor de cambio. En este sentido cabe preguntarse: si en lugar de juntar plata para los incendios se hubiera pronunciado a favor de la Ley de Humedales ¿Habría cambiado algo?

Está claro que el Estado debe agilizar sus mecanismos, planificaciones y presupuestos -y recaudaciones- para hacer frente a la crisis climática. Que la voluntad política no puede quedar en una declaración de buenas intenciones sin ejecución política real. Está claro, también, que la solidaridad importa cuando de paliar un incendio que arrasa el territorio nacional se trata.

Lo que parece no estar tan claro es que ni la renuncia de un ministro o un gobernador, ni la buena voluntad de un influencer son suficientes para hacer frente al desafío climático, y que para abordar la problemática hay que afectar intereses, sancionar leyes, rediscutir el modelo productivo, agilizar los mecanismos del estado y construir la justicia climática con justicia social.