Javier Milei reivindicó la "motosierra" y anunció un superávit
En cadena nacional, el presidente Javier Milei defendió su programa económico y reivindicó la "motosierra". ¿Qué números hay detrás del anuncio del superávit?
Por Julia Pascolini para Enfant Terrible
El femicidio también es punitivo, porque representa una forma de corrección social. Se constituye como una forma de control, sobre todo en sociedades en las que el Estado es co autor de esos hechos. En esos casos hablamos de feminicidio. Sucede en México, por ejemplo. En Argentina, la situación es otra. Si bien hay responsabilidad estatal en tanto: no tomar denuncias por motivos de género, dejar en libertad a alguien que no estaba en condiciones y que luego comete femicidio, no existe un plan sistemático de matanza, control y uso de los cuerpos feminizados como “botín de guerra”, como expresa Rita Segato. Sin embargo, esto no implica que los femicidios sean actos individuales o que no estén arraigados a cuestiones culturales.
Más allá de si las condenas por femicidio son o no punitivas, el ojo debemos ponerlo sobre los hechos previos al desenlace final y fatal. ¿Qué tiene que suceder para que se concrete un femicidio? Una persona dispuesta a cometerlo. Suficiente. ¿Y de dónde sale una persona dispuesta a cometer un femicidio? De una escuela privada, pública, de la administración pública, privada, de la calle, de la familia, etcétera.
Aquel que concreta el acto del femicidio y quienes la acompañan y sostienen -también quienes la apoyan detrás de una pantalla- son parte y reproducción de una sociedad altamente punitiva que tiene al castigo como forma de solución a cualquier conflicto. En este caso, hacer desaparecer o liquidar a quien representa lo incómodo: ser mujer, ser disidencia, ser travesti, ser libre.
Condenar a la persona que comete un femicidio y no preguntarse de dónde vino, qué pasó en su vida, quién es su familia, cómo naturalizó semejante acto, es a lo menos miope y difícilmente ofrezca salidas propositivas a la problemática. En cambio, generar políticas públicas que contemplen todo el problema, puede que -en un futuro no cercano- aporte a generar nuevas sociedades. En este sentido, mientras existan jueces que hablan de la víctima como lo hicieron en el caso de Lucía Perez, una sociedad más justa será imposible.
“Agarrársela” sólo con el femicida y no con todo el sistema de apoyo y reproducción que tiene alrededor, puede paralizar la discusión que propongo en esta nota. Eso no significa que nos convirtamos en personas “anti sistema” y lo consideremos irreconstruible. Se trata de exigirle al Estado que produzca (más) políticas públicas para abordar la temática. Vivimos en una sociedad punitiva. No podremos modificar eso en el corto plazo. Tampoco modificaremos la mentalidad de alguien que cometió femicidio a través del encierro.
Sin embargo, es posible trabajar con las personas que están “adentro” y que dicen, sin muchos pelos en la lengua, que "al violador hay que violarlo" y que "al femicida o violador no se lo respeta". Ese es el público con el cual es necesario llevar adelante la práctica educativa en materia de género. Porque ese varón que dice que hay que violar al violador sostiene un sinfín de prácticas opresivas y de castigo. Al que lastima se lo lastima. Punto. A su vez, ese varón tiene hijas, hijos, primos, amigues, familiares a les cuales puede o no hablarles sobre el tema y por ende reproducir lógicas arraigadas al castigo como forma de pedagogía.
Sin embargo, si pudiéramos lograr que esa persona que va a compartir en algun momento, o quizás no, con otra que cometió abusos o femicidio, deje de interpretarla como un monstruo y la observe como persona, quizás ya no desee violarla o lastimarla, sino incluirla en un circuito nuevo. Es posible que quien cometió femicidio no pueda modificar su comportamiento, pero sus compañeres verán que existen formas alternativas de transitar el encierro que no sean sólo a través del castigo. Quizás el día en que logremos eso, empecemos a erradicar efectivamente la violencia por motivos de género.
El Estado argentino se encuentra llevando adelante un sinfín de medidas en materia de género que buscan apaciguar la problemática y erradicar la violencia de género. La Ley Micaela, en ese sentido, apunta a les agentes del Estado para que a la hora de abordar casos vinculados al tema, puedan hacerlo desde una perspectiva de género y Derechos Humanos, que no sea re-victimizante y agilice el abordaje del problema. Resta incorporar a esas políticas el trabajo con las personas que están privadas de su libertad y con sus familias respectivamente, que son en la mayoría de los casos, las primeras víctimas de esas violencias.
Según datos relevados por Mumalá en lo que va del 2021, en el 62% de los casos, el femicidio se dio en el interior de la casa de la víctima y en el 90% de los casos el femicidio lo llevó adelante una persona que la conocía. Estos datos dan cuenta de la relación que hay entre el femicidio y el vínculo entre las partes. Es decir: no son acciones aleatorias o azarosas propias de enfermedades o patologías individuales sino que se trata de hechos culturales fuertemente arraigados a una estructura social que lo avala. Por este motivo, es importante analizar la práctica del femicidio y el ejercicio de la violencia por motivos de género desde su espectro social y cultural.
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