Nuestro amo juega al esclavo

El Primer Ministro Israelí, Benjamín Netanyahu, dió marcha atrás -al menos por ahora- su intención de aprobar la reforma judicial esta semana. Las movilizaciones más grandes de su historia y el comienzo de una huelga general sin precedentes (acordada por la clase trabajadora y las patronales) lograron -por el momento- lo que querían: frenar el polémico proyecto hecho a medida de la ultraderecha gobernante.

"Cuando es posible impedir una guerra civil mediante el diálogo, yo, como primer ministro, me tomo un tiempo para negociar", declaró Netanyahu en una entrevista televisada mientras Israel arde a sus espaldas.

Netabyahu se vió obligado a postergar hasta después de la pascua judía (del 5 al 13 de abril) la segunda y tercera lectura de la reforma que impulsa junto a sus aliados ultraortodoxos de Likud. Estados Unidos, principal aliado internacional, aplaudió la medida.

En principio los manifestantes entienden que han dado un gran paso, pero el verdadero objetivo que implica la baja total de la reforma todavía no se ha logrado, lo que supone que las movilizaciones continuarán y que Netanyahu todavía no piensa en desistir de la medida como una opción real.

Sin embargo, los sujetos políticos (sindicatos, organizaciones civiles, patronales, ceo's) que el ejecutivo deslegetimó desde un principio, ahora lograron posicionarse en una mesa de negociación que el oficialismo deberá convocar antes de que sea tarde y caiga como Gobierno o estalle una guerra civil como los sectores opositores han advertido. Pero ¿Cómo llegó Israel a este presente?

En noviembre del año pasado se llevó a cabo la última elección para elegir al Primer Ministro de “Israel”* -el principal encargado de ejercer las funciones ejecutivas-, la tercera en tan solo dos años, lo que refleja el disenso creciente y la crisis política entre las fuerzas que dominan el Parlamento israelí.

Benjamín Netanyahu, quien ya había gobernado al “país” durante 1996 a 1999, y desde 2009 a 2021, fue nuevamente electo Primer Ministro luego de que lograra una alianza con sectores de la ultraderecha sionista. Estos últimos han obtenido una elección histórica en cuanto a la obtención de escaños en la asamblea unicameral y también en puestos dentro del nuevo gobierno.

En primera instancia, la victoria de la coalición más derechista de la historia de Israel fue presentada como una garantía de estabilidad y “orden” a la crisis que padece su clase política tradicional. Pero pocos meses de gobierno bastaron para que se desnudara su verdadero interés: lograr una reforma judicial que busca reducir el poder de la Corte Suprema y acrecentar el del Parlamento y el Ejecutivo, ambos hegemonizados por Benjamín y sus aliados.

En el día de ayer, cientos de manifestantes se concentraron en la casa del Primer Ministro luego de que éste cesara a su Ministro de Defensa por haber criticado su plan de reforma judicial. Por otra parte, el Ministro de Justicia amenazó con dimitir si el premier da marcha atrás con el proyecto. Oficialismo y oposición se acusan mutuamente de llevar al “país” al borde de una “guerra civil”.

Desde hace 12 semanas se realizan intensas y masivas movilizaciones en distintas ciudades ocupadas exigiendo “democracia”. Desde hoy, los principales empresarios, los Ceos de todos los bancos y la CGT israelí acordaron un paro histórico e inédito hasta “bajar” la reforma judicial de Netanyahu. Anteriormente, el Presidente de Israel, Isaac Herzog, se sumó a las críticas contra el premier. Sectores del Ejército, la Iglesia y entidades civiles ya habían manifestado su oposición meses atrás.

¿De qué se trata la reforma?

El Gobierno avanza con su enmienda judicial a través de tres proyectos de ley que ya han aprobado la primera de las tres instancias necesarias para su entrada en vigencia.

Sus objetivos se basan en:

● Modificar el Comité de selección de jueces (integrado por nueve miembros). En la actualidad esto requiere del consenso judicial-político para el nombramiento de los supremos y demás jueces de “Israel”. Si se aprueba, el Gobierno solo necesitaría una mayoría simple (que ya ostenta) para elegir a los jueces según su conveniencia.
● Reducir las capacidades de la Corte Suprema a la hora de revisar leyes aprobadas por el Parlamento. El Gobierno podría legislar nuevas leyes sin que los supremos puedan invalidarlas.
● Imponer una “cláusula de anulación” que habilitaría a la unicameral a promulgar leyes impugnadas por la propia Corte.
● Generar impunidad para los procesos judiciales que padece el mismo Netanyahu. Está acusado por corrupción, fraude y abuso de confianza. Su causa está en curso en el Tribunal de Jerusalén desde mayo de 2020 y la reforma que impulsa lograría “limpiarlo” de cargos y culpas al poder seleccionar a jueces.

La calle arde y el Tío Sam se preocupa

Desde fines del año pasado, las calles de “Israel” han sido copadas por miles de manifestantes que denuncian una “dictadura” y exigen que se respete el sistema democrático del “país”. Pues acusan que los poderes legislativo y ejecutivo pretenden quedarse con las atribuciones y funciones históricas del Poder Judicial, el único de los tres poderes estatales que no está cooptado por la coalición gobernante.

La oposición también ha recrudecido sus críticas contra el Gobierno y ha apoyado las protestas, en un intento de capitalizar la crisis a su favor. Acusa al oficialismo de impulsar una “guerra interna”.

Las marchas son masivas e históricas. Y la represión ha recaído con fuerza sobre israelitas disidentes y palestinos. Estos factores han fisurado -por momentos- el permanente blindaje mediático internacional que ostenta “Israel” por sus innegables lazos políticos y económicos con EE.UU y la Unión Europea, quienes hegemonizan la prensa mundial, lo que le permite una plena impunidad y ocultamiento en sus crímenes de genocidio contra el pueblo palestino y sus adversarios árabes.

Pero tanta basura no puede ocultarse bajo la alfombra. La semana pasada, Joe Biden, Presidente de Estados Unidos, llamó a su homónimo israelí para dialogar sobre la crisis. Según trascendió, el norteamericano instó a éste último a generar acuerdos más amplios sobre su reforma y también le habría advertido que respetara los “derechos democráticos fundamentales”. Benjamín habría aceptado realizar algunas modificaciones a su proyecto pero el objetivo principal continúa sin tapujos, deslegitimando la crisis social y política que le respira en la nuca.

La realidad indica que la situación está fuera de control y tiende a profundizarse. El desenlace del conflicto ya no depende tanto del gobierno de Netanyahu y su habilidad política, sino de la capacidad de movilización de los sectores que copan las calles y por momentos superan a las fuerzas de seguridad. La crisis también se traslada a la economía. El shekel (moneda israelí) se ha depreciado en casi 10 puntos en el último tiempo y parte del empresariado ha empezado a transferir sus capitales al exterior.

Avanzada fascista sobre Palestina

La campaña electoral de octubre del año pasado se centró -entre otros aspectos- en un fuerte discurso antipalestino que prometió acabar con los actos de insurrección, donde jóvenes palestinos se enfrentan a las fuerzas israelíes, en las distintas ciudades ocupadas.

Una vez en el poder, el Gobierno comenzó sin demoras a cumplir sus promesas de orden y muerte sobre Palestina.

No sólo profundizó los sistemas de control y represión que varían según el territorio ocupado, sino que impulsó leyes nefastas que no han tenido el más mínimo llamado de atención por parte de la “comunidad internacional” pese a la resolución de la ONU 87-26, sancionada un día después de la victoria de Netanyahu, donde se exige a la Corte Internacional de Justicia investigar las consecuencias de la ocupación sionista, al mismo tiempo que demanda un cese al hostigamiento sobre el pueblo palestino.

Pese a ello, en los últimos meses se prohibió la exhibición pública de la bandera palestina en todos los territorios ocupados y el ejército ha asesinado a más de 100 palestinos en lo que va del año.

Además, Ben Gvir, Ministro de Seguridad Nacional y líder del partido ultraderechista “Poder Judío”, impulsó el tratamiento de un proyecto de ley que impone la pena de muerte para palestinos que cometan actos de “terrorismo”, como respuesta al asesinato de más de diez colonos en el último tiempo.

Gvir ya había limitado el tiempo de higiene para los palestinos presos en las cárceles del régimen, quienes se mantienen en huelga de hambre en distintas localidades.

El cuestionado ministro fue vetado recientemente por la Corte Suprema y ya no puede dar órdenes operativas a las fuerzas represivas. La sanción se corresponde por las apariciones públicas del funcionario en la primera línea de combate, donde se muestra ordenando y ejecutando la represión sobre los manifestantes israelíes y palestinos. Luego de esta medida, Gvir acusó a la CSJ de iniciar un “golpe de estado”.

Los bombardeos en la Franja de Gaza, las incursiones genocidas del ejército en ciudades como Huwara, Nablus, Yenín y Jerusalén, y el ataque cada vez más frecuente por parte de colonos israelíes a viviendas, cultivos e instituciones palestinas, se intensifican a medida que avanza la crisis política de los ocupantes.

Este escenario ha generado unidad en los distintos sectores palestinos que han realizado más de dos huelgas generales en los territorios ocupados en lo que va del 2023.

El desenlace del conflicto interno en “Israel”- Palestina está abierto y se profundiza de desigual manera en los territorios ya hegemonizados por el régimen y aquellos en donde impera una mayor resistencia contra el mismo.

¿Podrá Palestina y su pueblo capitalizar la crisis a su favor? ¿Sobrevivirá Netanyahu al peor escenario que le ha tocado vivir en su carrera política? ¿Dará de baja la reforma? Todo pareciera definirse en el transcurso de la semana. De todas maneras, el gobierno está herido y todo lo que haga será en función de sobrevivir como proyecto político.

*El autor de la nota no reconoce a “Israel” como Estado.