El miércoles, el Gobierno Nacional exhibió -una vez más- que está dispuesto a todo para cotinuar con la instalación de su proyecto político y económico, incluso, a matar. ¿La prioridad? Sobrevivir al año electoral como sea.

El Estado de Derecho en Argentina está en suspenso y pospuesto por el virtual Estado de Sitio que la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, puede desplegar en el microcentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cada vez que tienen lugar las protestas. Un estado de militarización que desde la Rosada intentan federalizar con instrumentos como la Ley antimafia, la cuál habilita la creación de estados de excepción para allanamientos y detenciones contra personas que el Gobierno Nacional identifique, a su criterio, como peligrosas.

El avasallamiento de la administración de Javier Milei sobre los derechos y garantías constitucionales como el derecho a la protesta, a la libertad de prensa y a la libertad de expresión -por nombrar algunos- no es novedad. Es la forma y el contenido de la política estatal nacional.

Recordemos , Milei inauguró y blindó su gestión con el decreto 70/23 (publicado el 21/12/2023) con el cuál modificó de facto más de 300 leyes nacionales. Una reforma ilegal de la propia Constitución, con la que liberó el status democrático para escenas de terror como las vividas en las afueras del Congreso, y para la destrucción del Estado Nación tal como los conocemos.

La población argentina, a fin o en contra de las políticas neoliberales de la gestión mileísta, se enfrenta a un Gobierno Nacional que parece y cree no tener límites jurisdiccionales, ni constitucionales. Mucho menos judiciales, legislativos, políticos, morales y éticos.

La percepción de un poder ilimitado por parte del gobierno se condice con una realidad atravesada por una policrisis nacional (económica, política, socio ambiental, cultural), donde la oposición política partidaria se divide entre los colaboracionistas y los que todavía no salen del “shock” de la derrota electoral.

Realidad también donde los representantes institucionales de los Estados y la República, como los gobernadores, quienes en su mayoría provincializan el modelo mielísta; los legisladores, integrantes de un Congreso en descomposición; y el Poder Judicial, tan resposable de la actual crisis como la propia política, no hacen más que legitimar y dar piedra libre al autoritarismo de Nación, que por acción u omisión ellos también comparten.
El problema es más grande que el avance del fascismo en la estructura estatal. Hay un sistema en descomposición deliberada.

Apuntar a matar: la prensa en la mira

El saldo de la planificada represión, donde las fuerzas desplegaron evidentes estrategias con las que luego justifican sus prácticas dictatoriales, fueron cientos de manifestantes heridos, uno de gravedad, Pablo Grillo, fotógrafo y militante peronista.

En los últimos años, el/la trabajadora de prensa que cubre las protestas desde el lado de las y los manifestantes, corre verdadero riesgo. Lo vivió en carne propia el periodista y militante Facundo Molares, bajo la presidencia de Alberto Fernández y la gobernación de Horacio Rodríguez Larreta en CABA. Y ahora, en un contexto mucho más represivo y peligroso para el ejercicio del trabajo, lo sufre el joven que actualmente se encuentra en terapia intensiva en el Hospital Ramos Mejía.

El Gobierno Nacional fue alertado en reiteradas oportunidades por los gremios de prensa del país y también por la CIDH con respecto a la violación a la libertad de prensa y de expresión, pero hizo caso omiso.

Que el disparo haya sido a la cabeza del joven freelance, responde a una orden represiva instalada en las fuerzas: disparar a los ojos como en Jujuy o el año pasado en el tratamiento de la Ley Bases o disparar a directamente a matar. Grillo hasta el momento pudo sobrevivir, destino no compartido por Fernando Gómez, trabajador bagayero asesinado por la Gendarmería de Bullrich en diciembre pasado en Orán (Salta), también en el marco de una protesta social.

Según el Mapa de la Policía, organización que pudo reconstruir la escena de un nuevo crimen de Estado con la ayuda de un perito científico, el arma empleada contra Grillo, una lanza gases prohibida hasta diciembre del 2023 por su letalidad (CELS), se utilizó contraria a los protocolos de uso. Es decir, a sabiendas de que el disparo podría causar lo ocurrido. A pesar de las evidencias, la Ministra de Seguridad justificó el accionar del gendarme y adelantó que no abrirá un sumario. ¿El mensaje? tiren a matar, la impunidad está asegurada.

La sociedad de la bronca y la solidaridad

Anteayer, una multitud agolpada en la Plaza de Mayo dijo “basta”. Las y los manifestanes intentaron marcar un límite ante la crueldad sistemática contra las y los jubilados reprimidos cada miércoles.

Frente la represión estatal planificada por Milei y Bullrich, ejecutada por todas las fuerzas federales y por la Policía de CABA -cuya responsabilidad es de Jorge Macri-, hubo muestras de mayor organización antirrepresiva por parte de los manifestantes que en anteriores oportunidades:
Se levantaron barricadas e improvisaron escudos, se alertó sobre operaciones de la policía e identificó infiltrados, y muchos expresaron su opinión ante las cámaras de la prensa hegemónica que demonizó la convocatoria días previos, durante y después.

De esta manera, abuelas, abuelos, familias, hinchas, gremios y estudiantes generaron una resistencia inesperada por las fuerzas de seguridad, que tampoco pudieron contener la movilización que se dirigió a la Rosada y al Obelisco luego de siete horas de represión.

La Comisión Provincial de la Memoria caracterizó la jornada como “la represión mas brutal y violenta que ocurriera desde los hechos represivos del año 2001”.

Gracias a las postas de salud, a las personas que llevaron elementos para paliar los efectos de los gases, jóvenes que acompañaron a abuelos a lugares más seguros, el saldo de heridos (más de 600) no se incrementó en cantidad y gravedad. Aquí la solidaridad como un instrumento social de supervivencia a semejante crisis y también como una respuesta política concreta y urgente.

La unidad, concepto tan vapuleado en los últimos años, también dijo presente en la marcha, de una manera inimaginable meses atrás, donde hinchas de todos los clubes decidieron unirse para salir a marchar con la tercera edad.

Sectores populares que exhiben cada vez más astucia, creatividad y coraje ante prácticas ilegales que desde Nación y diversos gobiernos provinciales -como el de Córdoba- intentan hacer norma desde hace ya un tiempo. Y también, ante una representatividad en crisis, con estructuras como la CGT nacional que son caracterizadas como parte del problema.

En este sentido, el plan gubernamental es evidente y se cae de maduro: profundizar mes a mes la violencia estatal y paraestatal para disciplinar, controlar y ordenar a quienes desde la Rosada catalogan vagamente como terroristas o golpistas. Pues este embrionario empoderamiento de una población civil hastiada, movilizada y empobrecida -todavía sin firme representación política-, es nocivo e incompatible para el destino fijado desde Washington para la Argentina.

La movilización de ayer se realizó un día después de que Javier Milei, salteando el Congreso, se aprobó -a sí mismo- un acuerdo ilegal con el Fondo Monetario Internacional que todavía no tiene moño pero sí regalo: tierras raras, litio, oro, agua dulce, y territorios gepolíticamente estratégicos. El país volvería a tomar deuda externa y con ello subordinarse a rajatabla a los mandatos imperiales norteamericanos que entienden y necesitan un país cada vez menos nacional y soberano, en el marco de la instalación de Trump en la Casa Blanca con una doctrina Monroe recargada y actualizada al siglo XXI.

En pleno año electoral, este tipo de manifestaciones -aún con represiones ilegales y criminales como las que vimos-, parecen, en principio, debilitar a un gobierno que se aferra a las armas porque su relato económico y su apoyo social empiezan de a poco a resquebrajarse.

Foto de portada: Kaloian Santos Cabrera.