En los últimos meses, cientos de titulares anunciaban la adopción de esta política: “Argentina: tras la confirmación, quiénes cobrarán la Renta Básica Universal”; “Alemania pone a prueba 1500 casos de una Renta Básica Universal”; “En España ya se puso en marcha”. En medio de la peor crisis que quienes estamos vivos podamos recordar, hay quienes se ilusionan con romper la dependencia de los ingresos laborales y garantizar a toda la población una renta que cubra las necesidades básicas.
La caída abrupta de la actividad y el aumento acelerado del desempleo dejaron a millones de personas sin ingresos de un día para el otro. Entre los paquetes de medidas de asistencia, muchos países otorgaron transferencias monetarias por tiempo determinado a quienes perdieron sus ingresos debido a las medidas de aislamiento obligatorio. En ninguno de los casos se trató de una política universal, es decir, para el conjunto de la población sin distinción. En América Latina, lo hicieron Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica y Ecuador, entre otros. Lo que se discute es si esas políticas tendrán continuidad y si así fuera, qué forma van a adoptar.
Es en este contexto vuelve a emerger el debate sobre la Renta Básica Universal. Portadas de diarios en todo el mundo aseguraron que había países que ya la habían puesto en marcha, sin importar si en realidad se trataba de transferencias de ingreso orientadas a porciones específicas de la población, por más extendidas que fueran.
El nombre Renta Básica Universal o Ingreso Básico Universal (IBU) resume una consigna sencilla, una especie de atajo que solucionaría dos grandes problemas a la vez: la falta de ingresos asociada a la inestabilidad laboral y la pobreza. En líneas generales, se define como un ingreso incondicional, regular, básico, individual y monetario. Así lo describen desde la Red Mundial de Ingreso Básico (BIEN, por sus siglas en inglés). Según la Red, las propuestas que circulan coinciden en estas características pero difieren en otras dimensiones decisivas como por ejemplo, el monto, la fuente de financiamiento, el tipo y la cantidad de reducciones de otras transferencias que acompañarían a la propuesta, etc.
A primera vista, todo indicaría que existen los recursos para que una política así se pueda aplicar. Nadie podría dudar sobre la existencia de riquezas que, distribuidas de otro modo, alcanzarían para cubrir ingresos para todxs. Sólo durante la pandemia, las fortunas de las setenta y tres personas más ricas de la región se incrementaron en $48.200 millones de dólares. El reparto de ese flujo alcanzaría para dar a cada latinoamericanx $6000 dólares mensuales durante un año entero. Pero es una cuenta que apenas sirve para generar indignación y poner en evidencia, una vez más, lo obsceno del modo en el que se acumulan las ganancias. Las propuestas de Renta Básica nunca vienen asociadas a políticas que pongan límites a esa acumulación.
En general, escasea la discusión sobre el modo en que la Renta Básica se financiaría y por ende, poco se dice acerca del efecto final que podría tener en términos de reducción de la desigualdad. En este sentido, no sólo importa el diseño de la política sino el impacto que tendría en otras variables de la economía, en particular, en precios y salarios. Por eso no es posible defender una renta básica en abstracto, sin tener en cuenta el contexto de cada región y las propuestas específicas. En América Latina, donde la gran mayoría de los países tienen a más de la mitad de su población bajo la línea de pobreza y las empresas, nacionales e internacionales, sacan provecho del pago de salarios de miseria ¿A quién beneficiaría, en última instancia, una renta básica universal?
Desde corrientes políticas de izquierda, autores como Paolo Virno y Maurizio Lazzarato –que desarrollaron el concepto de capitalismo cognitivo– sostienen que la renta básica sería una forma de reconocer que en la actualidad el tiempo de producción se extiende más allá de la jornada laboral. El avance de la robotización y la pérdida de puestos de trabajo por la automatización serían motivos para exigir un ingreso que se desligue del trabajo.
Para los aceleracionistas, un grupo de académicos que proponen fundar las bases para una izquierda post-capitalista, la exigencia de una renta básica acompaña la idea de una sociedad que ya no se organice alrededor del trabajo compulsivo. El fin del trabajo, dicen Nick Srnicek y Alex Williams en su manifiesto, sería la consigna que podría aglutinar a las grandes mayorías y la renta básica constituiría una pieza clave de esa construcción.
En estos planteos, la renta básica aparece como respuesta ante el desempleo tecnológico, una preocupación extendida en los países centrales, aunque muy lejana a la realidad latinoamericana. A partir de la confianza en que la automatización haría posible la vida sin trabajo, adjudican al IBU un lugar central en el diseño de una nueva organización social.
Para el FMI, la renta básica también estaría relacionada con la automatización. En el Monitor Fiscal de Octubre de 2017 se lo describe como una política posible para reducir la incertidumbre laboral producto del cambio tecnológico. Para mantener la sostenibilidad fiscal, es decir, evitar que aumente el déficit, el FMI sugiere que sea financiado con mayores impuestos o que acompañe reducción de otros gastos, como subsidios económicos. En una línea similar argumenta el Banco Mundial y enfatiza además la importancia de que el IBU contribuya a aumentar el capital humano para garantizar la formación de lxs trabajadorxs del futuro.
Desde la Organización Internacional del Trabajo (OIT), organismo en el que confluyen empleadores, representantes de gobiernos y sindicatos, advierten sobre ciertas propuestas del IBU que puedan utilizarse como excusa para desarmar las prestaciones del Estado de Bienestar. Los sindicatos, por su parte, se preguntan cómo evitar que redunde en un subsidio indirecto a los empresarios y a los sectores más ricos en general, vía la reducción de salarios.
Mientras desde los espacios progresistas se propone financiarlo con aumento de impuestos a los sectores de mayores ingresos, los liberales de derecha retoman la propuesta del “Impuesto Negativo sobre la Renta”, que acuñó Milton Friedman en los años sesenta. La propuesta consistía en eliminar todo tipo de subvenciones, regulaciones al salario mínimo y servicios públicos, a cambio de garantizar un ingreso en efectivo a todxs lxs ciudadanxs. En sus variantes más extremas, el IBU introduce la utopía derechista de una sociedad por completo privatizada.
Por estas latitudes, las transferencias en efectivo son políticas asociadas a la lucha contra la pobreza y la pobreza extrema y vieron sus primeros ensayos en la década de los noventa. En pleno auge del neoliberalismo, se extendieron las transferencias de ingreso a los sectores más vulnerados como respuesta al aumento del desempleo y la informalidad laboral provocados por las recetas del Consenso de Washington. Los organismos internacionales promovían estas políticas focalizadas al mismo tiempo que recomendaban la privatización de servicios públicos y recortes salariales.
En las décadas siguientes, con transformaciones, cambios de enfoque y la ampliación de su cobertura, la mayoría de esas políticas continuaron vigentes. Fueron bandera de los gobiernos progresistas y blanco de críticas de todo tipo por parte de las derechas regionales, como es el caso de la Asignación Universal Por Hijo en Argentina (2009) o el Bolsa Familia en Brasil (2003). Aunque no se trata ni de rentas básicas (no cubren un mínimo de subsistencia) ni universales (la reciben los sectores de menores ingresos), funcionan como referencia ineludible para el debate actual de la renta básica universal. Fueron sin duda políticas claves para la mejora de la distribución del ingreso y la recuperación de los indicadores sociales en la región durante los años 2000.
Concluido el boom de los commodities y los años de crecimiento, América Latina entró en la segunda década del siglo en un período de estancamiento. Antes de la pandemia, ya un tercio vivía bajo la línea de pobreza y un 11% en la pobreza extrema, con déficit graves en materia habitacional y alimenticia. En un contexto así, la garantía de ingreso básico no disuade a nadie de la búsqueda de empleo y como sucede con las transferencias de ingreso actuales, funcionaría como un complemento de ingresos laborales precarios. Lejos de permitir una mejor negociación para lxs trabajadorxs, con alto desempleo e informalidad laboral, los empleadores podrían aprovechar para reducir salarios ya que parte del costo de reproducción lo absorbería el Estado.
Otra vía por la cual podrían diluirse los efectos buscados en términos de reducción de la desigualdad es a través del aumento de precios de los bienes básicos -por ejemplo, el de los alimentos, principal consumo de las clases populares. En los países con mercados más concentrados y menores capacidades estatales de control, la posibilidad de que los beneficiarios finales no sean quienes cobran la renta sino que sean los empresarios es aún mayor.
Si además lo cobraran sectores de ingreso medios y altos (ya sea en forma directa o como deducción de impuestos, como sugieren algunas propuestas), no sólo no reduciría las desigualdades, sino que incluso podría aumentarlas, sobre todo en países con estructuras tributarias ya de por sí regresivas, dónde los sectores populares son quienes más aportan al sistema impositivo.
Estos puntos son claves para entender el interés de ciertos sectores empresariales en promover el debate y financiar organizaciones sin fines de lucro para su difusión.
Durante la pandemia, se hizo más evidente que nunca que millones de trabajadorxs que cumplen tareas esenciales en áreas de cuidado, de acceso a la salud, a la educación, en la producción y distribución de alimentos, no son reconocidxs ni remuneradxs con salarios dignos. Durante años, buena parte de la sociología del trabajo los ha descripto como marginales o sobrantes para las necesidades del capital, sin reconocer los modos específicos en los que se los explota.
Desde los movimientos sociales hay campañas incipientes para exigir salario y poner en valor todas esas tareas. Son sobre todo mujeres las que a diario garantizaron el cuidado en las barriadas más olvidadas, donde el aislamiento sólo fue posible de modo comunitario. Como decía una trabajadora de la economía popular hace poco tiempo “no somos desocupadas, estamos muy ocupadas. Lo que necesitamos es que se nos reconozca”.
Reconocer y remunerar las actividades que construyen vidas más vivibles así como orientar la creación de empleo hacia esas áreas es el desafío por delante. Cambiar salario por renta sería borrar que se trata de trabajo y que no hay robot que pueda reemplazarnos en la gran mayoría de las tareas que implican alguna forma de afecto y de cuidado. Para eso hará falta impulsar reformas tributarias urgentes que reparen años de matrices regresivas. De nada serviría exigir salarios y que sean cubiertos por el Estado con la recaudación de impuestos al consumo, pagados por los mismos beneficiarios.
Hay faros ineludibles que podrían alumbrar las discusiones actuales. En Argentina cobran particular interés los planteos de la economía popular y los feminismos que recuperan un viejo debate: por qué trabajos se paga, por cuáles se asume gratuidad y a cuáles ni siquiera se los llama trabajo. Es lo que discutían las luchas feministas por el salario doméstico en los años setenta que buscaron desnaturalizar la división sexual del trabajo y los paros internacionales feministas de los últimos años que subrayaron la centralidad de los trabajos no remunerados.
La utopía, entonces, no es la de un mundo sin trabajo, sino sin trabajo alienado, explotado, no reconocido. La idea de renta refiere a un ingreso derivado de la mera propiedad, por eso en nada nos parecemos quienes trabajamos a lxs rentistas que se apropian de aquello que no producen. En definitiva, se trata de disputar qué consideramos trabajo y cuáles son los trabajos que importan. Para quienes nos reconocemos interdependientes, no existe horizonte deseable sin el intercambio del producto de nuestros trabajos. De lo que se trata es de orientar la producción y el consumo a lo que definamos como necesario, reconocerlo y remunerarlo.
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