Por Cocó Polinari Sabattini para Enfant Terrible
El gobierno de Javier Milei despliega una metodología de confusión que parece ser una estrategia deliberada. A través de declaraciones ambiguas, decisiones contradictorias y un estilo de comunicación alejado de lo tradicional, su administración busca no solo mantenerse en el poder, sino también consolidar su base de apoyo en un electorado ansioso por respuestas rápidas y efectivas, que por el momento carecen de profundidad en términos de reformas estructurales.
Comenzando por el hecho de declararse anti-Estado mientras se ejerce la jefatura del mismo, se traza una inconsistencia que da el puntapié inicial. Algo evidente es que los procedimientos del oficialismo irrumpieron por lo “novedoso”. Eso que en principio se presentaba como eje de un concepto estético del movimiento libertario, comenzó rápidamente a derramarse en sus propuestas, en sus contradicciones discursivas y en su poca experiencia comunicándose con otros. También se sublima en su forma de gobernar, y aquí, es el tiempo el que mostrará las consecuencias de vivir a cuenta gotas en un constante desmantelamiento que desorienta.
Metodologías
Anteriormente hablamos sobre inseguridad jurídica y la forma en la que durante el proceso de desarticulación del Estado y sus dependencias, los ciudadanos quedamos en medio de un entramado que, lejos de beneficiarnos, nos mantiene en una duda que se vuelve cotidiana. La falta de claridad se hace costumbre.
Esta práctica abarca a todo el aparato humano de La Libertad Avanza y la utilización de todas sus herramientas. Podemos reconocer que la metodología va de menos a más, desde la difusión de noticias falsas en redes por parte de militantes que forman parte del círculo más cercano al presidente, al usar plataformas como X, generar un constante microclima de noticias y viralizar versiones sesgadas de la realidad -o directamente hechos inexistentes. Un ejemplo cercano ha sido lo sucedido con las causas federales por los casos de incendio, cuando desde perfiles que se reconocen militantes de LLA comenzaron a difundir una versión de los hechos que no eran parte de la realidad y la justicia cordobesa debió desmentir los dichos que tomaron relevancia cuando el presidente lo término replicando.
Ante la viralización y masividad, desde el Ministerio Público Fiscal del Poder Judicial de la provincia de Córdoba lo tuvieron que desmentir a través de un comunicado oficial y por su parte el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros también tuvo que hacer públicas sus declaraciones.
Estas estrategias de desinformación para gestionar la subjetividad podemos verlas ejecutadas de diversas maneras. Otro ejemplo de esto es la discusión alrededor de las auditorías en las universidades nacionales, en donde las distintas esferas del gobierno mantienen una línea discursiva contraria a lo que sucede históricamente y a lo regulado por La Ley de Educación Superior, donde se establece que las Universidades Nacionales deben ser controladas por la Auditoría General de la Nación (AGN), que depende del Congreso, y, a su vez, contar con mecanismos de auditoría interna. Aquí nuevamente han sido las instituciones las que han tenido que salir a desmentir al Poder Ejecutivo. En Córdoba, la UNC sacó comunicados aclarando la situación
Este fenómeno particular de dependencias estatales o funcionarios que deben salir a desmentir al propio presidente se torna parte del día a día.
A su vez, esto escala en materia legal o legislativa, contrario a lo comprendido en el artículo 8 del Código Civil y Comercial de la Nación donde se deja asentado que el Derecho se presume conocido por todos, y en este caso, es el poder Ejecutivo y cercanos quienes gestionan confusión sobre lo legislado.
Para visualizarlo podemos retomar la situación de los incendios, donde de pronto todo lo asumido por los ciudadanos era incierto y aquí se entremezclaban varios factores. Por un lado el presidente había anunciado a principio de su gobierno, el 20 de diciembre, que modificaria la ley de Manejo del Fuego, pero luego no lo llevó a cabo. Sin embargo, esa idea quedó instalada como algo hecho y recién en septiembre/octubre de 2024, con los incendios en puerta, se esclareció masivamente la situación. En este mismo caso podemos observar otra metodología: el entramado legal y el uso de herramientas que sí son legítimas pero que se comienzan a utilizar de maneras poco transparentes.
La Ley Bases, que fue sancionada en junio de este año por el Congreso, sí habilita al Poder Ejecutivo, en su artículo 5, “a modificar, transformar, unificar, disolver o liquidar los fondos fiduciarios públicos de conformidad con las siguientes reglas, y las que surjan de sus normas de creación, instrumentos constitutivos u otra disposición aplicable” y si bien el fondo existía, en el primer trimestre no hubo ejecución presupuestaria para combatir el fuego.
Aquí vemos cómo se operó sobre una misma temática (manejo de fuego) desde distintos frentes. Por un lado lo comunicacional con el presidente anunciando algo que no iba a llevar a cabo, por otro lado legislar una cuestión particular en una ley amplísima como lo fue la Ley Bases, y a su vez, dejar libradas a otras dependencias, decisiones como el fondo, que quedan en un limbo. Existen en la letra, pero de hecho no son ejecutadas.
El rol de los Decretos
En este sentido de hacer inaccesible el entendimiento de lo legal, toma especial relevancia la herramienta del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). En términos generales siempre ha sido una herramienta muy usada por los distintos presidentes, pero con Milei nos encontramos con dos particularidades: la cantidad decretos en relación a la cantidad de días de gobierno y la extensión del primer decreto inaugural del gobierno.
En primer lugar, analizando la información publicada por el Sistema Argentino de Información Jurídica (SAIJ) del Ministerio de Justicia de la Nación, si observamos la emisión de DNUs por día, Javier Milei tiene un promedio de 0,13 por dia (46 decretos en 330 días de gobierno analizando hasta el 11/11/24).
En caso de compararlo con otras presidencias, quedaría en cuarto lugar luego de Rodríguez Saá (8 días en el gobierno y realizó 6, casi 1 por día), Eduardo Duhalde (presidencia de forma interina entre 2002 y 2000, 154 DNUs durante 1 año y 4 meses de gestión, 0,3 por día) y Néstor Kirchner (promedio por día 0,14 en 1.660 días. En total, fueron 236 DNUs).
La clave está también en pensar que mientras los otros 3 presidentes que lo anteceden en cantidad de DNUs, han sido dos que ejercieron en el interludio de la crisis del 2001 y un presidente con mandato completo, Milei apenas va por el primer año.
A su vez, esto también se observa si se piensa en la magnitud de los decretos, ya que el decreto N° 70/2023 que da comienzo a la era libertaria destacó por su extensión, siendo comparable solo con dos decretos de otras figuras presidenciales: uno es el de Alberto Fernández al disponer el ‘ASPO’ (Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio) en la pandemia. Ese decreto fue el N° 297/2020 y genuinamente representaba una urgencia, ya que el Congreso no podía sesionar por una situación que sobrepasaba a nuestra República.
El otro, el N° 2284/91 de octubre de 1991, de Carlos Menem, también presentado como un mega decreto desregulador de la economía de más de 100 artículos, pero con la particularidad de que es dictado en ejercicio de facultades de emergencia y de reforma del Estado, que le había otorgado en abstracto el Congreso en 1989. Además, en 1991 no existía la condicionalidad restrictiva (que sólo pueden dictarse ante la imposibilidad de seguir trámite ordinario de sanción de las leyes) que luego impuso la Constitución de 1994 para los DNUs y con la que sí debe convivir Milei en la actualidad.
Estas comparaciones nos sirven para darle un marco al uso que hace Javier Milei de los decretos y poder reflexionar sobre lo que se comprende como urgencia o necesidad, en este momento los DNUs son utilizados como herramienta política para sobrepasar las capacidades del Congreso, e imponer los intereses del Poder Ejecutivo y su plan de desmantelamiento estatal.
¿Cómo conocemos el derecho si todos los días se desregula el sistema que conocemos por medio de decretos?
El día 30 de agosto, el Poder Ejecutivo Nacional publicó el decreto 780/2024 que modifica la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública e implica un retroceso en los derechos adquiridos de la ciudadanía.
El derecho de acceso a la información pública, es el derecho que tiene toda persona a buscar y recibir información en manos del Estado, lo cual fortalece la participación ciudadana, la gobernabilidad, la transparencia y consolida la democracia. Este derecho se encuentra garantizado por la Constitución Nacional, en tratados internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto de San José de Costa Rica y a través de la Ley de Acceso a la Información Pública aprobada en el Congreso Nacional en el 2016.
Allí se establece que la ciudadanía puede “buscar, acceder, solicitar, recibir, copiar, analizar, reprocesar, reutilizar y redistribuir libremente la información bajo custodia de los sujetos obligados”. Por ejemplo, cualquier ciudadano puede pedir información sobre el Poder Judicial de la Nación, el Banco Central, las empresas y sociedades del Estado, licenciatarios de servicios públicos, etc.
Si quisiéramos pensar en alguna situación puntual en la cual se hizo uso de este recurso, podríamos remitirnos al acceso por parte de la ciudadanía al registro de ingresos a la Quinta de Olivos durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio que expuso al expresidente Alberto Fernández.
El Decreto impulsado por el gobierno actual amplía la cantidad de información que se considera fuera del interés público, lo cual incrementa el secreto y otorga mayor discrecionalidad para determinar qué constituye un documento público y qué información puede ser clasificada como privada.
Otra manera que tiene el Poder Ejecutivo de contribuir a la confusión social es el uso (y desuso) de lo simbólico. Aquí podríamos ubicar algunas estrategias como los cambios de nombre o la eliminación de imágenes. Algo que hace común a todos los gobiernos es el poder nombrar a sus obras de manera tal que rememoren a figuras o ideas que identifiquen la ideología que encarnan. Es así como tenemos rutas, plazas, parques, hospitales y demás que responden a nombres de distintos dirigentes de distintos partidos y corrientes políticas.
Lo lógico sería que La Libertad Avanza hiciera lo mismo con las obras propias nombrándolas según sus referencias, pero se da un nuevo fenómeno, ya que, en vez de inaugurar obras, cambian los nombres de construcciones hechas por otros gobiernos, como es el caso del Gasoducto Néstor Kirchner y el Centro Cultural Néstor Kirchner (actual Palacio Libertad). Aquí también podríamos encuadrar la eliminación del Salón de las Mujeres o el deseo de eliminar el edificio con la imagen de Eva Perón sobre la Avenido 9 de Julio.
Hay una intención de gestionar la subjetividad al plantear como propias obras que le son ajenas al gobierno y que de hecho no podrían ser llevadas a cabo bajo el presupuesto que Javier Milei entiende óptimo para obras públicas.
En este análisis podemos terminar de ver un método claro: el ruido constante, la polarización y la desviación del foco de las críticas sustantivas hacia la forma. Hay también un aprovechamiento del cansancio social sobre el cual refuerzan la idea del Gobierno como destructor de privilegios y defensor de un pueblo olvidado. Mientras son ellos mismos los que gobiernan desregulando todo aquello que supo ser herramienta para defenderse como ciudadano.
En la base de este gobierno hay una construcción de discurso polarizante que apela a las emociones más profundas, ubicándose como anti casta, anti tradicional, anti élite, para conectarse con una sociedad que está objetivamente decepcionada de la política.
Hay una idea opositora de que las acciones disruptivas de Milei lo debilitan, cuando en realidad son estas mismas las que fortalecen su narrativa y consolidan ese núcleo electoral.
El impacto de este uso de la confusión como metodología, no se encuadra en las medidas concretas que se implementen o en la cantidad de obras que logren construir, sino en cómo estas se subliman en el imaginario colectivo. Se apela a un sentimiento de desencanto y frustración, ofreciendo una alternativa que no se construye en la promesa de algo nuevo, sino en la destrucción de lo antiguo.
Este sistema que implementan encuentra fortaleza en el caos; generan controversia porque es allí donde construyen su poder.
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