Por Julia Pascolini para Enfant Terrible

La ley N 26.657 de Salud Mental vuelve a estar en discusión tras las declaraciones de Marina Charpentier, mamá de Santiago "Chano" Moreno Charpentier, quien fue baleado por un policía durante un episodio psicótico el año pasado.

En el marco del 11 aniversario de la sanción de la Ley, Marina expuso ante el Senado y declaró que “El artículo 20 hay que cambiarlo. Una persona adicta tiene su voluntad tomada por la sustancia y no puede decidir con su sano juicio qué es lo bueno y lo malo para él”.

El artículo al que refiere Marina dice que “la internación involuntaria de una persona debe concebirse como recurso terapéutico excepcional en caso de que no sean posibles los abordajes ambulatorios, y sólo podrá realizarse cuando a criterio del equipo de salud mediare situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros”.

Lo cierto es que la internación como toda solución responde a un viejo paradigma de salud mental que no reconoce los Derechos Humanos de las personas con padecimientos mentales, como sí lo hace la Ley N 26.657 y que apuestan a la construcción de ciertos consensos sociales que patologizan y criminalizan a estos sectores.

En diálogo con Enfant Terrible, Florencia Casettari, co-fundadora de la Red de Salud Mental de Argentina (RESMA) plantea que: “La patologización de las personas con padecimientos es histórica, lo que trae esta ley es un paradigma con enfoque de Derechos Humanos que prioriza la autonomía de la persona y su lugar como sujeta de derechos. A la vez que busca promover la desmanicomialización y externación de las personas con padecimientos mentales, sin por eso negar la posiblidad de una internación. Es decir, la ley preveé la intrnación como una situación excepcional, sí, pero la preveé". Y agrega:

“El viejo paradigma entendía la exclusión como la regla para solucionar las cuestiones vinculadas a la salud mental. Tapar el problema y olvidar, sobre todo, que estamos hablando de personas, de humanos. Eso es lo que viene a “reparar” o intentar reparar esta ley”

Intereses Corporativos

El 22 de febrero de 2021 se hizo público un incendio sucedido en una comunidad terapéutica privada que desarrollaba tareas en la localidad de Pilar. Cuatro jóvenes murieron en ese episodio. Las víctimas se encontraban hipermedicadas por un tratamiento por adicciones. El caso continúa en la justicia a cargo de la UFI N°3 de Pilar. El fiscal a cargo es Germán Camafreitas. Múltiples organizaciones de Derechos Humanos tales como la Comisión Provincial por la Memoria y el CELS denunciaron que el establecimiento no estaba habilitado y que las personas allí alojadas eran sometidas a aislamiento extremo, castigos y sobre-medicación.

A principios de este año Gabriel Pérez de 29 años, decidió internarse voluntariamente en la colonia psiquiátrica de Oliveros. El 9 de marzo, apenas 15 días después, murió atado y quemado. Padecía de esquizofrenia desde muy pequeño. Antes había sido internado de forma involuntaria en dos ocasiones. Según autoridades de ese lugar “hubieron pequeños descuidos” que allanaron el camino para el trágico final. En el psiquiátrico faltaba una alarma de incendios y los usuarios tenían acceso a fósforos.

Estos lugares no habilitados para pacientes internados, escasez de personal, falta de perspectiva de derechos humanos entre otros factores, derivan en la muerte y el sufrimiento de quienes ya son excluidos de la sociedad por su condición de "enfermos mentales" son parte de esa mirada aún persistente sobre salud mental, basada en la internación, la sobre medicalización y la patologización de usuarios y pacientes.

En diálogo con Federico Morgade, también co fundador de RESMA, apunta que la Ley de SM impulsó la creación de Órganos de Salud Mental en todas las provincias que deben velar por el cumplimiento de la Ley y adecuación de los establecimientos.

“Los órganos están implementados y creados. Después lo que tenemos que observar es el caso a caso. Cómo opera cada uno en la situación particular. En ese sentido no contamos con estadísticas que den cuenta de cuáles son los casos, cómo se resolvieron o si efectivamente hubieron resultados positivos con, por ejemplo, la intervención ambulante. No lo sabemos, y es algo que debemos exigir que exista”

El caso de Chano abrió una vez más discusiones sobre qué modelo de salud queremos construir y vuelve a abrir el debate sobre la necesidad de un abordaje integral de la salud, la necesidad de un modelo que afecta a los intereses corporativos, que piensan en la relación salud-enfermedad desde una perspectiva mercantil.

El hecho de que un varón no racializado, de clase alta y en pleno Barrio Norte haya recibido como toda respuesta a su brote psicótico violento, un disparo en el abdomen, nos permite imaginar qué pasaría si eso hubiese sucedido con un pibe morocho en el conurbano o en algún barrio periférico provincial.

La criminalización de los cuerpos que padecen o que, simplemente son catalogados como padecientes, no nos lleva a ningún lugar propositivo. Desde el paradigma patologizante y corporativo, las personas con consumos problemáticos se las observa y considera como enfermas, incurables, adictas. Al respecto la ley incluye por primera vez, a quienes sufren consumos problemáticos como usuarios pasibles de acceder a tratamientos de SM, poniendo en jaque la idea del adicto como un sujeto individualizado y cuya problemática se circunscribe a circunstancias sin relación con su entorno social, histórico, económico, político y cómo no, de salud.

Esta perspectiva va de la mano con otro paradigma, el del prohibicionismo y las famosas políticas de "guerra contra las drogas". Los consumos problemáticos -y todos los consumos en realidad- suelen disparar pedidos criminalizantes y punitivos. Una asociación casi instantánea entre usuaries de drogas, personas con consumos problemáticos y narcotráfico que genera estigma y la posterior penalización de los cuerpos, el encierro, la cárcel.

En este sentido es que las personas usuarias no son definidas como sujetas políticas sino como sujetos dependientes y enfermos: el cuerpo adicto. En nombre del “cuidado” existien internaciones que violan la autonomía y decisión de las personas, por eso aparece la ley y su artículo 20. El proceso de desmanicomialización busca garantizar justamente el cumplimiento de los Derechos Humanos de las personas con padecimientos de salud mental. Evitando su encierro cuando fuera necesario pero garantizándolo cuando correspondiera, bajo la definición del órgano de Revisión de Salud Mental.