Por Julia Pascolini para Enfant Terrible

A partir del secuestro y violación sexual de una niña de tres años ocurrido hace unos días en Chiclayo, Perú, el gobierno de Pedro Castillo propuso la castración química obligatoria para los violadores de menores de edad, adolescentes y mujeres. El procedimiento busca “eliminar el impulso sexual mediante un tratamiento farmacológico u hormonal”. El mandatario peruano se pronunció enérgicamente a propósito del caso que conmocionó el país vecino:

"Basta ya de tanta violencia, los crímenes de violencia sexual contra los niños no serán tolerados por este gobierno, ni quedarán impunes. El dolor de esta familia también es el nuestro, me siento indignado ante tanta crueldad"

La propuesta, sin embargo, debe ser aprobada por el congreso peruano e incorporada al Código Penal con posterioridad. La idea es reducir o prevenir las agresiones sexuales y operar simultáneamente como una estrategia sancionatoria para aquellos que cometan este tipo de delitos, a partir de la supresión de la testosterona. Al respecto, Matilde Cobeña, abogada adjunta para la niñez y la adolescencia de la Defensoría del Pueblo peruana, dijo a Página 12 que “la castración química es una medida ineficiente para los delitos contra la libertad sexual. Ya tenemos las máximas penas y ¿ha disuadido esto a los agresores?"

En argentina existen antecedentes de intentos similares al peruano. El primero a cargo del entonces gobernador de Mendoza, Celso Jaque, que en 2009 propuso que se llevara adelante una medida similar en la provincia. Luego, en 2012, el diputado del PRO Alfredo Olmedo buscó incorporar al Código Penal una medida más parecida aún a la advertida por el mandatario peruano aunque no tardaron en exponerse resistencias por parte de organismos de Derechos Humanos. En ese entonces Mario Juliano era juez del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de Necochea y presidía la Asociación Pensamiento Penal, además de ser uno de sus creadores, dijo que

“la castración, sea física o química, es una mutilación, una medida que atenta contra la integridad y la dignidad humana”

En una línea parecida pero menos agresiva, en 2013 en Argentina se creó el Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual que pertenece al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Pasaron 5 años para que fuera reglamentado. Isabel Yaconis, presidenta de la organización Madres del Dolor fue una de sus mayores impulsoras. Isabel es madre de Lucila Yaconis, víctima de femicidio luego de un ataque sexual en 2013. Lo que impulsó la creación del registro fue la imposibilidad de dar con el ADN de quien fue responsable de la muerte de la adolescente.

En este sentido, contar con un "registro de violadores” aportaría a encontrar a los atacantes en futuras situaciones semejantes incluso aquellas que no terminaran en femicidio y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas o sobrevivientes. El registro, sin embargo, no tuvo mucho éxito e incluso contó con múltiples resistencias. 

Hace algunos años, cuando se sancionó la ley que creaba el “registro de violadores” de Argentina, Asociación Pensamiento Penal publicó 10 motivos por los cuales estaban en contra de su creación. Entre ellos se encontraba que

“penaliza a las personas y no a las acciones, y esto es inconstitucional. Al etiquetar a alguien de por vida se le quita la posibilidad de modificar sus conductas y supone que un sobreviviente de una violación no puede jamás reponerse del trauma, con lo cual sería justo marcar al violador de la misma manera, de por vida. Pero la violación no es un estigma, ni para la víctima ni para el violador. Es un abuso de poder de los más violentos que puedan imaginarse, y uno de los pocos que están penados por ley”

El enfoque, claramente no punitivo, apunta a la creación de políticas públicas para el abordaje de las violencias contra la integridad sexual antes que a la personalización del delito. 

Las medidas punitivas, dice Claudia Cesaroni en su libro “Contra el punitivismo”, no evitaron ningún femicidio o abuso sexual. Los hechos lo demuestran y es que desde la modificación del Código Penal en 2017, por ejemplo, a partir del femicidio de Micaela García, los números no fueron positivos o al menos no se modificaron. Sin embargo, una parte de las personas condenadas por delitos de abuso quedaron doblemente privadas: de la libertad y del derecho a la libertad condicional.

Según datos de la Corte Suprema de Justicia en 2017 se llevaron adelante 251 femicidios, 255 en 2018, 268 en 2019, 251 en 2020, 222 en 2021 y 51 durante los dos primeros meses del 2022 (1 femicidio cada 28 horas). Los números no bajan y sin embargo las salidas, o los intentos de salida, continúan siendo del tipo punitivas. 

Identificar el problema del abuso sexual desde la perspectiva punitiva despierta medidas como las expuestas en la presente nota. Se trata de estrategias que no ven al conflicto desde una perspectiva integral y social sino desde un enfoque personalizado e individual.

Entender la violación a la integridad sexual de una persona como producto de una necesidad biológica y no como síntoma de una sociedad construida con el esquema de la cultura de la violación, implica negar un problema de fondo

La castración, además de implicar una violación a los Derechos Humanos cuando se trata de una práctica llevada a cabo por parte del Estado, es una medida miope en torno al conflicto. La violación no es un “desahogo sexual” sino una práctica aleccionadora y de ejercicio del poder por parte de una figura masculinizada. Entonces, no tiene que ver con la cantidad de testosterona que exista en el cuerpo de un varón sino con la sexualización del cuerpo feminizado, con la falta de aplicación de políticas públicas en torno a estas temáticas o la falta de abordaje de la masculinidad desde una perspectiva integral y no criminalizante. 

Del mundo a Perú: ¿por qué tomaron relevancia los dichos del mandatario?

Los dichos del mandatario peruano no responden a cuestiones personales sino a abordajes claramente colectivos y del tipo punitivista a nivel global. Estados Unidos, por ejemplo, lleva adelante la práctica desde hace ya años en siete de sus cincuenta y cinco estados. En 1966, se estima, fue la primera prueba y “tres décadas después, (en 1996) California modificó su código penal para incluirlo como castigo contra los abusadores de menores” según relata la BBC.

El auge de los feminismos a nivel global ha aportado sin dudas al desarrollo de estas propuestas, sin embargo son los propios feminismos populares y no punitivistas los que se oponen a estas prácticas. ¿Será que no se escucha a todos los feminismos? Las prácticas de castigo apuntan a la constitución de un sistema regido por la represión de los cuerpos “desviados” y consecuentemente a su patologización. La patologización de las personas es una práctica condenatoria (que limita el accionar de la persona a una práctica) y es excluyente, porque propone la exposición y marginación de la misma en nombre de la (in)seguridad de la población. 

Pedro Castillo se encuentra en el ojo de la tormenta. Sin embargo, se trata de, por lo menos, el décimo país en ofrecer (si no aplicar) la práctica de la castración como parche a las agresiones del tipo sexual. Es decir, espantarse por el pedido de castración en Perú, pero no en Estados Unidos o Polonia, demanda un análisis político más finito. No casualmente, Perú es víctima de múltiples intentos de desestabilización desde la asunción de Castillo, en 2021.

Tal vez, su propuesta haya tenido que ver con la necesidad de responder a los pedidos de castigo ampliados en la sociedad peruana en relación a la muerte de la niña, mencionada al comienzo. Ante los intentos redundantes de desestabilización, económica y política, las respuestas punitivas pueden operar como medidas paliativas, aunque no siempre. En este caso, sólo logró la atención del mundo y el fortalecimiento de nociones en torno a la práctica de la violación desde una perspectiva patológica.