A partir del secuestro y violación de una niña de tres años ocurrido hace unos días en Chiclayo, Perú, el gobierno de Pedro Castillo propuso la castración química obligatoria para los violadores de menores de edad, adolescentes y mujeres. El procedimiento buscaría “eliminar el impulso sexual mediante un tratamiento farmacológico u hormonal”. Nos preguntamos, sin embargo, si medidas de este tipo sirven para erradicar la violencia ejercida contra mujeres, niñeces y adolescencias o se trata de nuevos parches punitivos. ¿Por qué tomaron relevancia a nivel mundial los dichos del mandatario si la práctica está naturalizada en países como Estados Unidos desde 1996?