La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció la semana pasada que habrá mayor control sobre las transacciones que se realicen en billeteras virtuales con montos superores a los $400.000 e ingresos mensuales superiores a $700.000

Estos controles, según ARCA, tienen el obetivo de “garantizar la transparencia y prevenir el lavado de dinero y la evasión fiscal”.

Desde que el gobierno nacional reformó la ex AFIP a través de un decreto a fines de octubre, el renombrado organismo heredó todas sus responsabilidades y tareas como entidad gubernamental, lo que incluye gestiones, turnos y la administración del monotributo, entre otros.

En agosto se realizó la primera actualización en el Sistema Informativo de Transacciones Económicas Relevantes (SITER). Aunque, el control sobre ingresos y egreso de plata, empezará a regir desde febrero y habrá una regulación de los montos cada 6 meses. 

Según la resolución general n°5512: “Esta administración federal actualizará cada seis meses los importes previstos en este artículo sobre la base del coeficiente que surja de las variaciones del Índice de Precios al Consumidor Nivel General (IPC), conforme a los valores suministrados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y los publicará en los meses de junio y diciembre de cada año”.

La preocupación o dudas surgen alrededor de los montos impositivos (impuestos) para quienes no justifiquen cómo o para qué disponen de esa plata en las billeteras, habiendo posibilidad de una retención de hasta el 5% cuando antes era del 1.5% ¿Acaso tendrán miedo de que la casta de trabajadores informales no justifique ingresos de menos de un millón de pesos, mientras el alquiler cuesta casi el doble del monto mínimo vital y móvil ($280.000)?

Mientras, accionistas juegan a la calesita

Así como el ARCA lanzó el comunicado para anunciar el control sobre los registros de ingresos, el Gobierno nacional -con el propósito de mantener planchado el dólar y la mayor circulación de pesos posibles para evitar una corrida cambiaria-, permitió a los accionistas el blanqueo de capitales de hasta 100 mil dólares, sin necesidad de una declaración jurada. Para quienes excedan el monto, deberán pagar una alícuota (impuesto) del 5%.

Sin embargo, el mayor problema y debilidad de todo el esquema económico de Caputo y del presidente Milei, en su primer año de gobierno de ajuste y represión, es la escasa acumulación de dólares en el Banco Central. Tal es así que la semana pasada ante la retirada de la empresa Toyota del carry trade (bicicleta o calesita financiera), el Banco Central tuvo que desembolsar un total de 600 millones de dólares en reservas para pago de importaciones.

Surge la duda de si a los accionistas también les exigen justificar la especulación financiera, entre deudas y ajustes que exige el Fondo Monetario Internacional que demanda -y prevé- una nueva devaluación. A la par, el ministro Caputo ya piensa en tomar un nuevo préstamo que, como el del 2018, lo pagaremos las y los argentinos. Todo esto entre impuestos cada vez más altos, controles burocráticos cada vez más rigurosos para las y los trabajadores, y un Estado Nacional que se desentiende de la realidad de sus ciudadanos, salvo para continuar ajustando.