Por Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba
En la historia de las naciones y de sus pueblos, hay batallas y luchas permanentes o de largo alcance que adquieren distintas expresiones en la coyuntura histórica. En 1816, los patriotas de la independencia lograron la emancipación política de la corona española, defendida en la Guerra de la Independencia, de la mano de héroes como San Martín, Belgrano y Güemes.
El pasado 9 de julio, evocando el 208° aniversario de la declaración de la Independencia, la Casa de Tucumán recibió al presidente Milei y a varios gobernadores para la firma del "Pacto de Mayo" que, lejos de la tradición emancipadora plasmada en 1816, sienta las bases para un nuevo pacto de dependencia que nada tiene que ver con la libertad de los argentinos, sino más bien todo lo contrario.
La historia nos ha demostrado que se puede ser una nación "independiente" sin ser realmente libre y soberana. Han sido muchos los períodos en la historia caracterizados por esa lucha entre libertad y dependencia.
En esa historia se jalonan hitos de soberanía y períodos donde nuestro país quedó sometido a intereses foráneos, atado a la dependencia económica y el estancamiento por parte de quienes, vendiendo una falsa libertad que no es la del pueblo ni de la Patria, sino la del mercado, otorgaron libertad para el saqueo de nuestros recursos y el empobrecimiento de la población.
Otro 9 de julio, en 1947, Argentina celebró la declaración de la independencia de 1816, declarando la independencia económica, y desanudando los acuerdos totalmente perjudiciales para la Argentina del famoso Pacto Roca-Runciman y la deuda externa que se remontaba al endeudamiento de Rivadavia con la Baring Brothers.
En aquella declaración de 1947, el entonces presidente Juan D. Perón decía que 130 años después de la conquista de la libertad política, era menester conquistar la libertad económica, sin la cual no había soberanía política.
Arturo Jauretche y los pensadores de FORJA denominaron al Pacto Roca-Runciman como el “Estatuto Legal del Coloniaje”, un esquema de normas jurídicas y disposiciones legales-administrativas que ataban nuestra economía y recursos a los intereses británicos y norteamericanos.
Para ellos, todo: el control del 85% de las exportaciones de carne, apertura de importaciones y ventajas arancelarias en detrimento de la industria local, y un préstamo en moneda extranjera que en su mayor parte fue a compensar a las empresas inglesas que, por la falta de divisas, no habían podido girar sus utilidades afuera.
Desde aquella versión del estatuto legal del coloniaje hasta esta nueva versión de política para la dependencia que encarna Milei, pasaron la construcción -durante los gobiernos peronistas desde 1945- de una Argentina industrial, con desarrollo estratégico, pleno empleo y justicia social, y su destrucción.
Esa destrucción se inició con la dictadura de 1976 -que no sólo fue genocida, sino antipatria- a través de dos elementos clave: el engrosamiento de la deuda externa y la Ley de Entidades Financieras -que supuso la extranjerización de nuestra banca y la progresiva financiarización de la economía en detrimento de la industria.
La sumisión firmada con Inglaterra en los Acuerdos de Madrid en 1990, luego de la Guerra de Malvinas de 1982, fortalecieron de manera fundamental un nuevo andamiaje para la dependencia, que se materializó durante los gobiernos de Menem con el Plan de Convertibilidad y la liquidación de todo el desarrollo estratégico, industrial y soberano, y la creación de condiciones para asegurar la rentabilidad de las empresas, con cientos de miles de despidos y flexibilización laboral.
La parcial recuperación durante la “década ganada” desde 2002 se vio truncada con un nuevo e inédito endeudamiento externo iniciado en 2016, haciendo del binomio deuda externa/dependencia una relación directamente proporcional.
Con la celebración del “Pacto de Mayo” firmado el martes pasado en Tucumán, junto a la obtención de la (mini) Ley Bases y el DNU 70/23 de desregulación económica, el gobierno de Milei coloca otro sostén al andamiaje de la dependencia nacional y el sufrimiento del pueblo argentino.
Se pretende iniciar una segunda fase que profundizará los problemas que ya dejaron los primeros 6 meses de gobierno y que promete estar repleta de más desregulaciones y liberalizaciones a pedir del mercado y de las corporaciones extranjeras: más ajuste, desempleo y deuda. Algo que ya comenzó con el anuncio de apertura del espacio aéreo, en detrimento, por supuesto, de Aerolíneas Argentinas.
Los números de la primera fase arrojan una desocupación en niveles altísimos, ascendiendo a 7,7% en el primer trimestre de 2024 (enero – marzo), los peores indicadores desde 2002 de redistribución del ingreso con un índice Gini de 0,467, un nivel salarial en pisos históricos en lo que va del siglo XXI, alcanzando niveles de 2003 (a la salida de la crisis de la convertibilidad), caída de todos los indicadores de producción y consumo, y un ajuste sin precedentes sobre jubilaciones, transferencias a las provincias, salud y educación.
Ahora se avanza otra vez con una Reforma Laboral que legaliza y fomenta el trabajo en negro y sin ningún tipo de derechos o estabilidad, con menos impuestos para los más ricos con las modificaciones de Bienes Personales y más impuestos para los trabajadores, con la restitución del impuesto al salario.
En el corazón de la Ley Bases, el “Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones” (RIGI) promete un régimen de saqueo y explotación por 30 años para empresas que realicen inversiones por más de 200 millones de dólares, con beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios inéditos, que ni siquiera los obliga a liquidar dólares en Argentina.
¿Para qué las inversiones, si no nos van a quedar ni siquiera divisas para afrontar el endeudamiento?
La insistencia de algunos senadores logró morigerar algunas disposiciones: el 20% de los insumos utilizados serán de producción nacional, las regalías de minería suben del 3% al 5%, y la restricción de los rubros.
Aun así, la norma es, como todo en este gobierno, sobregirada y excesiva: se entrega la explotación sin ningún límite de nuestros recursos mineros, petróleo, gas, energía, siderurgia, forestal, además de las áreas tecnológica, infraestructura y turística, con condiciones tan ventajosas que asemejan el RIGI a los sistemas que rigen en Nigeria o Angola, propias de economías de enclave, donde se extraen los recursos sin ningún desarrollo ni beneficio local, con poblaciones sumidas en la pobreza.
Ninguna ley ni norma existente o futura, provincial o nacional, puede invalidar los beneficios para las grandes empresas presentes en el RIGI, quienes podrán reclamar ante el CIADI (pro corporativo) si hubiera incumplimientos o nuevas políticas decididas por Argentina. Además, se garantiza la provisión absoluta de todos los recursos necesarios para la explotación, sin que ningún elemento pueda interponerse.
Si hay necesidad de agua para una explotación minera, por ejemplo, primero la multinacional, después la gente. En este sentido, habrá que seguir muy de cerca la disputa por recursos no sólo estratégicos, sino vitales, y la intervención que podrían tener en esa disputa empresas como Mekorot, la empresa israelí que conoce el manejo de agua en contextos de “escasez”.
A buen entendedor, pocas palabras.
En momentos donde se ataca nuestra soberanía y bienestar ciudadano, no podemos perder de vista que, aunque nos parezca abrumador, siempre conseguiremos resultados si continuamos la pelea.
Sin ir más lejos, la Reforma Laboral que ellos quieren es terminar con todo el sistema de Convenios Colectivos, las empresas que querían entregar incluían YPF, ARSAT, Aerolíneas, que por ahora se salvaron. Son depredadores que van por todo, y sólo se frenan si hay un pueblo decidido a ser libre y soberano.
El pasado 2 de julio, la Cámara de Comercio de EE.UU. en Argentina (Amcham) criticó que el RIGI sólo se limite a algunos rubros, cuestionó el aumento de las regalías mineras al 5%, y la restitución de la moratoria previsional: “todavía quedan pendientes reformas integrales y de profunda transformación para hacer de Argentina un país viable”.
Y fíjense dónde pone el foco AmCham: en el capítulo laboral, en tanto “no genera las condiciones mínimas necesarias para un aumento sustancial de la empleabilidad”. Claro que no, para ellos el costo laboral argentino sigue siendo alto, nuestros derechos de trabajadores son trabas para ellos, y nuestros recursos deben ser expoliados.
Evocar la independencia sólo adquiere pleno sentido si se hace desde la defensa del interés nacional, el amor propio y la valentía para defender lo nuestro y a los nuestros.
Todo indica que al momento de votar la adhesión al RIGI en la Legislatura de Córdoba no habrá inconvenientes, y que los sectores concentrados del agro, inmobiliario y de la obra pública tendrán vía libre en la provincia mediterránea para continuar favoreciéndose.
En este momento, la seguridad jurídica, condición necesaria que nos da la capacidad de prever qué pasa con nuestros derechos, se ve enfrentada al modelo de gobierno propuesto por Javier Milei y su equipo, ya que su eje principal es -la reforma del Estado-.
La detención de Alejandro Mercado, quién asumió el pasado diciembre, fue en el marco de una investigación sobre una red de corrupción que involucra una financiera ilegal. ¿Quién es Mercado?
