Desde hace ya dos meses, la maquinaria oficial de muerte de EE. UU. se ha instalado en Mar Caribe y el pacífico venezolano-colombiano. El imperialismo yanqui ya ha opacado la vida de setenta y seis personas desde su primer ataque contra víctimas acusadas de narcoterroristas el 2 de septiembre hasta este pasado lunes 10 de noviembre.

El balance de estas masacres humanas arroja cero kilos de cocaína confiscados y ninguna prueba fehaciente que respalde la etiqueta de narcos y terroristas impuesta a las víctimas fatales.

Frustrado en sus intentos por invadir a Venezuela y desestabilizar a Colombia, Estados Unidos continúa oficiando de gendarme en la región pacífico-caribeña, recurriendo a la violación sistemática del derecho internacional y a ejecuciones extrajudiciales en aguas internacionales, todo ello con el objetivo de disciplinar e infundir terror en la región, fiel a sus históricas recetas contra gobiernos populares latinoamericanos.

Terrorismo estadounidense, ¿lo viejo ya no funciona?

Pese a las amenazas de invasión y el apoyo a operaciones de la CIA, la agresión contra Venezuela ha sido, en principio, contenida. Esto se debe, en gran medida, a la disuasión estratégica garantizada por la llegada de armamento ruso, acuerdos con China y, fundamentalmente, por los cuatro millones de milicianos listos para la defensa nacional. Para legitimar su despliegue en aguas internacionales, la administración Trump ha declarado formalmente un “conflicto armado directo”.

Esta ofensiva militar, que inició a finales de agosto con la movilización de buques del Ejército de EE. UU., tiene como objetivo principal a la nación venezolana, directamente en la mira de sus ambiciones hegemónicas, pero también a Colombia. Ello se debe a que el presidente Gustavo Petro ha mantenido y fortalecido en reiteradas ocasiones la solidaridad latinoamericanista con su país vecino, lo cual provocó una contraofensiva y unidad sin precedentes cercanos.

El verdadero objetivo detrás de esta militarización busca un cambio de régimen en Venezuela, deseo de antaño de las distintas administraciones yanquis, republicanas o demócratas. Washington busca, en última instancia, apoderarse de los vastos recursos petroleros y otros bienes que legítimamente pertenecen al pueblo venezolano. La lucha contra el narcotráfico funciona como una conveniente -y renovada- excusa para la intervención, tal como aquí ya lo explicó el periodista Lautaro Palacios.

Tanto el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela como el de Gustavo Petro en Colombia han condenado estos ataques navales. Ambos líderes han denunciado las acciones como asesinatos y ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas estadounidenses, subrayando la gravedad de las operaciones y el desprecio por la soberanía y la vida de las personas a bordo de las embarcaciones, quienes no tuvieron -en el caso de que fueran narcotraficantes- posibilidad de defensa alguna como lo garantizan las constituciones de las naciones nombradas.

La ONU condenó el accionar estadounidense

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) también condenó recientemente a los bombardeos aéreos de EE.UU. El secretario general, Antonio Gutérres, afirmó que los ataques son “evidentes infracciones de los derechos humanos y del derecho internacional” .

La ONU pide a Estados Unidos que detenga inmediatamente estas operaciones letales y se apegue a los métodos de cumplimiento de la ley establecidos.

A su vez, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Volker Türk, también condenó los ataques, señalando que se han producido más de 60 masacres extrajudiciales. Türk exhortó a la Casa Blanca a detener sus bombardeos y a adoptar medidas para prevenir la ejecución extrajudicial de personas, sin importar la conducta delictiva que se les pueda atribuir.

Un punto central de la denuncia internacional es que ninguna de las víctimas representaba una amenaza inminente para la vida de otras personas. El portavoz adjunto de la ONU, Farhan Haq, enfatizó que no existían circunstancias que justificaran el uso de fuerza armada letal en contra de los tripulantes. Los 18 barcos atacados por Washington, de los cuales afirma sin pruebas que Venezuela está implicada, evidencian una política de fuerza desmedida.

Pese a todo el despliegue mediático y armamentístico, el Tío Sam se ve impedido de concretar sus deseos. El mundo no es el mismo que hace 20 años atrás. Ahora está obligado a ver más allá de su ombligo.

Símbolos de guerra

El despliegue militar de EE.UU. amenaza la paz y la seguridad no solo de Venezuela, sino de toda América Latina.

A pesar de la condena internacional y las pruebas de violaciones a los DD.HH., el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, mantiene su provocativa postura. Hegseth declaró la destrucción de otra embarcación el pasado lunes y aseguró que los ataques de Estados Unidos en el Caribe continuarán mientras Donald Trump lo considere necesario.

Esta actitud reitera la voluntad imperialista de Washington de imponer su fuerza sin el más mínimo respeto por la vida de los latinoamericanos, violencia supremacista que aplica en su propio territorio, al que ahora -más que nunca- cree disponible desde el Ártico hasta el extremo austral antártico.