El terreno de la toma de Guernica repite un paisaje conocido en el conurbano, pero también en otras grandes ciudades de Latinoamérica. Las construcciones precarias y los charcos de barro contrastan con las casas de varios pisos y arboledas enormes que asoman por los muros de los barrios privados
La lluvia es sinónimo de inundación, cortes de luz y complicaciones de todo tipo para quienes viven sobre calles de tierra y bajo techos de chapa que dejan pasar algo más que unas gotas. Pero no todo temporal es noticia. En la que se convirtió en la toma de tierras más grande del país hay alrededor de 2500 familias que durante los últimos dos meses vivieron prácticamente a la intemperie. En esas condiciones dieron nombre a cuatro barrios, armaron comedores sin paredes, ollas populares cuando hubo leña seca y eligieron delegades por cada manzana. Hubo asambleas feministas, se protegió a compañeras de situaciones de violencia, se tejieron redes de acompañamiento y de cuidado entre vecinas.
El sábado el agua atravesó el nylon de la mayoría de las carpas que hacen las veces de refugio. Mojó los colchones, las frazadas, los abrigos. La inminencia de un desalojo entristece las miradas de quienes pretenden que esta vez la solución no sea temporaria. No alcanza con un techo para cubrirse de la lluvia, dicen. Sueñan con un barrio, con vecines, con un cachito de tierra para vivir, que es mucho más que evitar la muerte.
¿Cuántas historias más habrá que contar para ponerle fin al discurso de odio que lanzan desde los medios masivos para deslegitimar a quienes reclaman que se cumplan sus derechos? Las voces de la toma confirman lo que registró el censo que hizo el Gobierno de la Provincia y también los datos sobre empleo y pobreza que publicó el INDEC esta semana. El 56 por ciento de les menores de 15 años vive en un hogar pobre.
La crisis se hace cuerpo en Guernica. Es ahí, en el Conurbano, en donde las cifras son más crudas. Como es de esperar, las más afectadas son las mujeres jóvenes con hijes a cargo. El desempleo para mujeres en el rango entre 14 y 29 años (sí, se mide a partir de los 14) es el que más aumentó: la tasa se ubica en un 28,5 por ciento. En la toma el desempleo entre mujeres, lesbianas, travestis y trans que respondieron al censo más que duplica esa tasa: es del 76 por ciento como lo devela el informe del Equipo de Investigación política en un informe sobre la situación de esta población en clave feminista.
¿Cómo no van a ser las trabajadoras de casas particulares las primeras en ser echadas de sus cuartos de alquiler si su ingreso promedio es de $9.600 (Ecofeminita – en base a EPH)? ¿A qué clase de vivienda se accede con ese nivel de ingresos? Se calcula que unas 55.000 perdieron su empleo. Muchas accedieron al Ingreso Familiar de Emergencia, pero se cobró apenas cuatro de los siete meses que llevan las medidas de aislamiento.
Según el Censo, en la toma hay 1.904 grupos familiares o personas adultas solas. Acerca de la situación laboral, les adultes contestaron que: 1.859 son desocupades, 494 ocupades, 271 con trabajo informal y 20 otros (jubilades, pensionades, personas con discapacidad).
Una de esa minoría que tiene trabajo es la hija de Oscar, enfermera y jefa de un hogar monomarental. Todavía garúa pero Oscar tapa los charcos del terreno para que su nieto de doce pueda jugar a la pelota. “Este espacio es de mi hija. Estoy acá para ayudarla a ella. Con todo esto ya casi no tiene francos. Se la pasa en el hospital. Y está sola con su nene. Ahora vive conmigo, pero en casa también está mi otro hijo, con su mujer y mi nieto”. Son cinco adultes y dos niñes en una casa de dos ambientes. “Yo pude comprar mi casa cuando era joven. Queda acá a siete cuadras. Para mis hijos es imposible. Ni trabajando el día entero alcanzan a pagar un alquiler” dice.
Benjamín festeja que, después de dos meses, sus xadres consiguieron instalar una antena para poder ver televisión, aunque después de la tormenta se cortó la luz. Su familia nunca se movió del terreno. Son de los que no tienen ni siquiera un lugar en el que refugiarse los días de lluvia. Hasta hace poco vivían los 5 en la calle, como otras 32 personas que contestaron en el censo. Su hermana Kaira ayuda a la menor de la familia, Tiara, a cruzar la zanja inundada. Se tropieza y cae al agua. Está descalza y tiembla de frío. Su madre, la turca, pone una olla a calentar para bañarla, como se hacía hace un siglo.
¿Por qué́ sus necesidades siguen sin ser una preocupación para el juez a cargo de la causa? Por otro lado, desde el Ejecutivo insisten con que las tomas "no son una solución" y temen que dar lugar al reclamo de Guernica desate nuevos conflictos en toda la provincia. Señalan también que son cientos de miles les que necesitan respuestas urgentes. Hay barrios en los que la contaminación se lleva vidas y situaciones de hacinamiento críticas en casi todos los partidos bonaerenses. Hay decenas de tomas, cientos de miles de personas que sufren alguna forma de crisis habitacional y millones que viven en alguno de los más de que 1000 barrios que identificó el Registro de Barrios Populares (RENABAP). Aunque se mencionen esas cifras y se recuerde que es un problema histórico y estructural, Guernica no es un caso más. Su extensión, medida en tiempo y en hectáreas, lleva un sello de época: las urgencias que generó una crisis que en pocos meses disparó la desigualdad en el mundo entero.
Las ocupaciones de tierra se multiplicaron en casi todos los continentes, junto con los índices de pobreza y desempleo. La especulación inmobiliaria y la pérdida de centralidad de la función social de la propiedad del suelo son marcas del neoliberalismo. No está claro aún cuáles son las herramientas más eficaces para desandarlas. Ni quién las empuñará.
El desalojo quedó suspendido y según el juez “se hará efectivo entre el 15 y el 30 de octubre”. Se apuesta a que la salida sea política y no penal. Eso implica abrir la discusión y encontrar formas democráticas para evaluar alternativas.
El domingo cientos de autos rodearon el predio para alcanzar donaciones. Se acercaron también autoridades del Ministerio de Desarrollo de la comunidad y de Mujeres, políticas de género y diversidad a quienes les vecines no dejaron entrar. Además de llevar mercadería, decían que iban a continuar con el censo. Muches temían que se castigara a quienes dejaron el predio en busca de reparo, una ducha caliente en casa de familiares y amigues.
Sin mencionar el caso de Guernica, el gobernador Axel Kicillof presentó esta semana el “Plan Bonaerense de suelo, vivienda y hábitat 2020-2023”. Allí se menciona la construcción de 33.600 viviendas nuevas por $ 85.679 millones, la reactivación de 9.738 obras paralizadas por el gobierno de Vidal, la generación de 85.353 lotes con servicios ($ 10.120 millones), 507 proyectos integrales de urbanización en barrios populares: 507 proyectos, 6.213 viviendas con PROCREAR y 154.747 actas y escrituras.
Además, se creará un Registro de suelo urbano y un Registro provincial de demanda habitacional. Ambos son instrumentos claves para evitar situaciones como la actual en la que una orden de desalojo puede montarse sobre el reclamo de personas flojas de papeles a la hora de demostrar su propiedad. Hay entre ellos hasta una ridícula supuesta sesión que hizo una iglesia a una mujer que exige algunas hectáreas, como cuenta con detalles Mario Wainfeld en una nota del domingo pasado en este mismo diario.
El Plan no establece fechas pero abre muchas preguntas. Según puede leerse en la presentación que hizo el gobernador “las áreas de gobierno con competencia a la materia trabajarán en conjunto con los municipios para disponibilizar tierra fiscal o privada y mitigar la desigualdad socio/territorial”. ¿Las tierras de Guernica, abandonadas y con deudas impositivas, no forman parte de esas tierras que podrían pasar a ser lotes con servicios?
En su presentación, Kicillof remarcó que la ocupación de terrenos privados no estaba permitida, pero enfatizó algo que hasta ahora estaba ausente en el discurso oficial: “esto vale tanto para sectores de bajos recursos, pero también para los de altos ingresos. Me refiero a los desarrolladores inmobiliarios, no a quienes pagaron por sus casas”. Quizás podría hacerse también un censo en esos barrios junto con la actualización de los valores fiscales de los terrenos para que paguen los impuestos correspondientes.
Mientras tanto, las autoridades instalaron una mesa interministerial y apuestan a ofrecer soluciones temporarias a las familias que quieran acercarse, “hasta que se efectivice el Plan, que dará respuestas definitivas”, dice Lucía Portos, miembro del Ministerio de Mujeres provincial a Las12. Sobre las situaciones de violencia de género, la Ministra Estela Díaz declaró en la audiencia frente al juez que su cartera está asistiendo a 35 de los 52 casos detectados.
Ante la consulta de Las12, desde el Ministerio responden que se dará prioridad a mujeres que hayan sufrido violencia, a mujeres solas con hijes y a la población LGBT para el otorgamiento de soluciones habitacionales definitivas. Desde su cartera desmintieron también haber ofrecido llevar a refugios para personas en situación de violencia a los 51 casos que detectaron con el censo, como también las declaraciones del Ministerio de Desarrollo de la comunidad que dijeron que a las 31 personas que estaban en situación de calle les ofrecían lugar en los refugios para personas en esa situación.
El miércoles, en la audiencia en la que el Ministro de Justicia, Julio Alak, junto con otras autoridades provinciales y los organismos de Derechos Humanos pidieron la suspensión del desalojo, la Gremial de Abogados presentó también una propuesta elaborada por una comisión de urbanismo que se formó en la toma, en la que participan arquitectes y geógrafes de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de la Plata.
El escrito indica que “buena parte de la superficie del barrio está asentada sobre terrenos de comprobable estado de abandono hace décadas (categoría “baldío”, según Ley 14.449, Art. 64), y extremadamente débil situación de tenencia dominial por parte de los reclamantes”. Y sugiere que un polígono de 45 hectáreas “reúne las condiciones necesarias para poder ser objeto de intervención estatal para paso a utilidad social, buscando lógicamente instancias de compensación económica con los eventuales reclamantes, a través del pago de mensualidades (algo con lo cual los vecinos mostraban conformidad)”.
El proyecto prevé espacios verdes, huertas, un club deportivo y jardín de infantes. Hasta el cierre de esta edición, las autoridades de la provincia informaron haber recibido la propuesta y tener pendiente una reunión para evaluarla.
Convalidar el desalojo será, al mismo tiempo, dar lugar a la extensión de otro barrio privado más en una especie de declaración de guerra a quienes reclaman vivienda digna. Desde Guernica se escuchan gritos de paz: tierra por tierra, feminismos para habitar, tierra para vivir.
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