James Bernard Murat heredó en 1.969 un campo en Pujols-sur-Dordogne (Burdeos) por parte de su madre, donde por más de 40 años se dedicó a la viticultura aplicando agroquímicos para fumigar. En 2011 fue diagnosticado con cáncer broncopulmonar, una enfermedad reconocida por la Mutuelle Sociale Agricole (Mutual Social Agrícola) como "profesional", es decir, adquirida en el ámbito laboral debido al uso de Arsenito de sodio.

Lo que llamaba la atención de James Bernard era que siempre había sido respetuoso con los protocolos. Lo que no sabía, es que la protección utilizada aumentaba la exposición a los químicos en lugar de reducirla. Un año después falleció, y no pudo demandar un resarcimiento por su enfermedad. Su hija, Valérie Murat no quiso que el caso quedase impune, ni que más productores y sus familias se expusieran a estas sustancias dañinas.

En 2013 Valérie realizó la primer denuncia para que su padre sea reconocido como víctima de la industria química y dos años después apuntó contra el Ministerio de Agricultura y la empresa multinacional Bayer-Monsanto. En este sentido, reparó en las etiquetas que adornan las botellas del mundialmente reconocido vino de Burdeos: "Haute Valeur Environnementale" o Alto Valor Ambiental (en adelante HVE).

Estas certificaciones impulsadas en 2013 por el Ministerio de Agricultura de Francia con el objetivo de "garantizar el respeto al medio ambiente", relevan entre otras cosas los químicos utilizados en la producción del vino, que son comercializados por Bayer-Monsanto.

Condenada por decir la verdad

En septiembre de 2020, Valérie junto a la asociación Alerte Aux Toxiques, decidieron realizar un análisis de 22 vinos, 20 de ellos etiquetados como de HVE y sólo algunos provenientes de Burdeos.

Los resultados de los análisis realizados por el laboratorio Dubernet, aprobado por Cofrac (Comité francés de acreditación), registraron la presencia de 28 residuos químicos diferentes -entre ellos, alteradores endocrinos, CMR (con efectos cancerígenos, mutágenos y tóxicos para la reproducción), Qosi (inhibidores externos de la quinona), SDHI (inhibidores de la succinato deshidrogenasa)-.

A pesar de la evidencia, el laboratorio se distanció, argumentando que la presencia de residuos era legal y débil, ya que las sustancias detectadas no están prohibidas por la etiqueta de HVE.

Ante la difusión de los resultados, la asociación interprofesional de vinos de Bordeaux (CIVB) presentó ante el Tribunal Comercial de Libourne (otra localidad cercana), una denuncia contra los resultados por "denigración de los vinos de Bordeaux", considerándolos responsables de la caída en las ventas de esos productos de este último lugar y a pesar de que no todos los vinos analizados provenían de ahí.

En febrero de 2021, lejos de atender a las pruebas del laboratorio, el tribunal de Cámara falló contra Valérie por "difamación", condenándola a pagar 125.000 euros de multa.

De ese monto, 100 mil euros irían para la CIVB y 25 mil serían repartidos entre otros demandantes (dueños de castillos, viticultores asociados y comerciantes). Una fuerte coalición que se dió el gusto de destrozar judicialmente a Valérie, con un tribunal y 12 abogados que defendieron sus intereses.

Además, la Cámara obligó a Alerte Aux Toxiques a bajar de su página web y redes sociales el estudio y todas las publicaciones que hicieran alusión a las fumigaciones. Por último, debían publicar en su página web la decisión del juzgado durante 3 meses.

Para Valérie, el tribunal "estuvo de acuerdo con la omerta" (la ley del silencio). “No se nos permite revelar y decir que en los vinos HVE hay algunos de los pesticidas sintéticos más peligrosos, como yo lo he hecho. No tenemos derecho a criticar lo peor de la vitivinicultura”, dijo a la Agence France-Presse. Por su parte, Eric Morain, abogado de Valérie, declaró a la misma agencia de noticias que la condena se trata de una "ejecución social", con una clara maniobra para encubrir al sector viticultor.

El Estado del "green-washing"

El HVE es un estándar creado en 2012 por el Ministerio de Agricultura de Francia, en pos de que los productores reduzcan el uso de pesticidas y fertilizantes químicos, protejan la biodiversidad y regulen el gasto de agua. Sin embargo, no prohíbe la presencia de pesticidas sintéticos y la gran cantidad de químicos hallados en los estudios del laboratorio no refleja una aplicación conciente de los mismos.

Además, si bien en Francia hay un Límite Máximo de Residuos (LMR) para la uva recogida y luego usada en cualquier proceso, los resultados obtenidos en los análisis de laboratorio son de productos terminados; osea, vinos envasados. Es por eso que los análisis demuestran qué químicos fueron utilizados, aunque no qué cantidades fueron aplicadas previamente, las cuales se muestran reducidas o eliminadas por el proceso de vinificación.

Según cifras del Ministerio de Agricultura de Francia, el 1 de julio de 2020, más de 8,000 granjas estaban certificadas por HVE, "un 52,2% más en apenas seis meses", según el mismo organismo. Esto apunta a 50.000 granjas certificadas en 2030 (de las 437.000 en Francia).

La pregunta que cabría hacerse es, ¿para quiénes están pensados esos estándares? Algo que lleva a dudar si no se trata lo que se conoce como "green-washing". Para Valérie, estas etiquetas en realidad confunden y engañan a les consumidores, quienes terminan por pensar que tienen mayor calidad que la etiqueta BIO (productos orgánicos).

Será justicia

Luego de su condena, lejos de darse por vencida, Valérie logró que los principales medios de Francia y toda Europa, dejaran en evidencia la operación judicial para defender los fraudulentos HVE. A pesar del mal rato, más de 40 organizaciones de Europa expresaron su solidaridad con Murat, incluyendo Greenpeace, el Instituto de Medio Ambiente de Münich, la Red de Acción de Plaguicidas de Europa e integrantes del Parlamento Europeo.

Además, puso en evidencia un tema central para la salud de miles de personas, desde productores hasta consumidores. Lejos de difamar al sector, las luchas como las de Valérie ponen en tensión las políticas a las que deben ajustarse los Estados y las empresas multinacionales como Bayer. Al contrario, les hace un favor.

Con toda esa fuerza, redes y conocimientos, Valérie Murat sigue en pie de batalla y en curso para continuar apelando la decisión del Tribunal, contra los castillos, los jueces y abogados del poder, hasta que se haga lugar a la verdadera justicia ambiental.