Por Rodrigo Savoretti para Enfant Terrible

Ezequiel Castro (21) el segundo de una familia de siete hermanxs fue detenido arbitrariamente el día 8 de junio a una cuadra y media de su casa en Barrio Cerro Norte, mientras tomaba una gaseosa con un amigo en horas de la noche. Cuando la Policía de la Provincia de Córdoba lo detuvo, su amigo fue corriendo a la casa de la familia Castro para avisarle Lorena, su madre. Ella llegó rápidamente hasta el lugar de los hechos para intentar que no se lo llevaran.

“No me dejaron acercar al móvil. Me negaron ver a mi hijo. Solo me preguntaron cuántos años tenía y que lo buscara al otro día en Tribunales. Nunca me dijeron el motivo por el cuál se lo llevaban”, recordó ella en conversación con este medio.

La cadena de mando

La familia Castro reconstruyó los últimos días de Ezequiel con vida y remarcaron un permanente ocultamiento y tergiversación de la información por parte del Estado. Una vez detenido, el joven fue trasladado a la Comisaría N°39 - Unidad Judicial N°19 de Barrio Argüello. Allí, la cámara del móvil policial que lo llevó a Ezequiel -a la cual su familia pudo acceder-, evidencia cómo un grupo numeroso de uniformados agrede, se burla y filma con sus celulares personales a Castro, quien parece tener una especie de ataque nervioso.

A su vez, en el registro también queda asentado el involucramiento de agentes del Departamento de Unidades de Alto Riesgo, quienes atan con una soga a Castro y lo tiran al piso. Luego de ello se pierde el registro fílmico. Eran alrededor de las 00:15 de la madrugada del jueves 9.

La Policía y la Justicia argumentaron que el joven tuvo un “brote psicótico” y los agentes tuvieron que reducirlo para “proteger su salud”, para posteriormente llevarlo a la Alcaldía de Tribunales Provinciales II (Polo Judicial). El ingreso allí quedó registrado cerca de las 02.30 de la madrugada del mismo jueves. La familia y sus abogadxs se preguntan lo siguiente: ¿Dónde estuvo Ezequiel entre las 00:15 que se pierde su registro en la Comisaría hasta su ingreso en Tribunales II a las 02:30?

“Se está investigando qué le hicieron y dónde. Lo han molido a golpes. No podés tardar dos horas y más para un recorrido que cuanto mucho puede durar 35-40 minutos en auto” enfatizó Guillermo, padre del Ezequiel, quien trabaja como camionero y se encontraba de viaje durante esos días.

Además, también tuvieron acceso a la imputación y a la foto tomada al joven por la Justicia, donde constataron que tenía el rostro desfigurado y le faltaba una parte del cachete. Al pedir explicaciones sobre estas imágenes, Guillermo recordó que los agentes judiciales argumentaron que Ezequiel “se puso nervioso y se golpeó en la cara solo”.

El 9 de junio, luego de intentar en reiteradas oportunidades, Lorena pudo comunicarse en horas de la siesta con Tribunales. Allí le dijeron que su hijo estaba detenido e imputado por violación de domicilio y daños y que pronto lo trasladarían al Establecimiento Penitenciario Nº9- Unidad de Contención de Aprehendidos (UCA) porque “se había puesto nervioso” tras la revisión de un médico.

“Intenté comunicarme con la UCA durante horas, hasta que me atendieron y me dijeron que nunca ingresó alguien con el apellido Castro. Luego sigo llamando durante otras horas más y me dicen que mi hijo estaba en un tal CPA. Como no conseguía el número del CPA, llamo a Tribunales y me confirmaron que estaba ahí y que me quedara tranquila, que ahí ‘se atiende muy bien a las personas’. Luego llamé a UCA de nuevo y me dijeron que podía ir a visitarlo recién el martes 14”.

Con el paso de los meses y ante la inconsistencia del relato oficial, pudieron comprobar que Ezequiel fue revisado por un médico en Tribunales II, quien pidió su derivación al Hospital Misericordia. Una vez revisado allí, los médicos dieron su aprobación para el traslado del joven a la vereda de enfrente: Centro Psico Asistencial-UCA (CPA).

Un pequeño paréntesis: el CPA fue fundado en el 2008 con el supuesto objetivo de tratar específicamente a personas judicializadas con padecimientos mentales. Hasta ese momento, judicializados y no judicializados con estos padecimientos se trataban en el Hospital Neuropsiquiátrico, donde sus trabajadores denunciaron -y denuncian- durante años las condiciones indignas e inhumanas de trabajo y salud.

Ahora bien, cabe preguntarse, ¿Quién y por qué lo deriva al CPA si Ezequiel no estaba recibiendo tratamiento por algún padecimiento subjetivo? ¿Por qué nunca le dijeron a su madre que estuvo en el Misericordia?

Ezequiel tenía firmada la libertad para el viernes 10, pero luego le fue negada y por el contrario, estuvo internado/detenido durante tres días en el CPA, ¿Por qué?¿Qué implicaba que Ezequiel quedara libre?

En el caso hay aún más preguntas que respuestas, sobre todo con respecto a las autoridades que deberían darlas, lo que demuestra una complicidad interinstitucional muy evidente. Pero por otro lado, también se vulneró -y vulnera- la salud mental de una familia, con una madre como Lorena que pasó el sábado 11 y el domingo 12 sin saber cómo estaba su hijo, además del hecho traumático de ver cómo lo llevaron sin explicaciones. Guillermo, por su parte, debió regresar ese mismo domingo a su casa.

El mismo domingo en horas de la noche, dos agentes policiales llegaron al domicilio de la familia para informarle sin mayores detalles que Ezequiel estaba internado de gravedad y en coma inducido en el Hospital Misericordia.

Cuando llegaron a dicha institución, los médicos le informan que había sido ingresado por la Policía de Córdoba y que provenía del CPA-UCA. El libro donde se registran los ingresos alegaba que el problema era por cuestiones respiratorias, pero un médico les dijo que entró por golpes internos muy fuertes, deshidratación y somnolencia. 

Dos días más tarde, el jueves 14, el equipo médico desconectó a Ezequiel alegando que ya no se podía hacer más nada. Su cuadro era una rabdomiólisis grave, un cuadro de descomposición de los músculos dañados que causa la liberación del contenido de las células musculares en la sangre

¿Y la salud mental de los reprimidos?

María Pía Guidetti es la Secretaria de Salud Mental de la Provincia y por ende, responsable del Centro Psico Asistencial. El pasado 18 de octubre, Lorena, Guillermo y un grupo de militantes irrumpieron una ponencia que la funcionaria realizó en la Facultad de Psicología de la UNC. Ante el cuestionamiento sobre su responsabilidad sobre el asesinato de Ezequiel, Guidetti se vió obligada a conceder una reunión al día siguiente.

Entre ofertas de ayudas sociales y la inconsistencia de su relato, la funcionaria se limitó a responder que el joven fue trasladado del CPA al Misericordia por un “cuadro de vómitos”.  

Hoy en día, la familia del joven ha realizado diversas manifestaciones exigiendo justicia por su hijo, participando activamente de las reuniones organizativas de la Marcha de Salud Mental y la Marcha de la Gorra. 

Hace unos días, tuvieron un encuentro con psicólogas comunitarias en el marco de la “Charla Abierta Sin vida digna no hay salud mental - Camino a la 9° Marcha por el Derecho a la Salud Mental” organizada por militantes de Barricada y llevada a cabo entre familiares víctimas de represión estatal y psicólogas sociales. Belén Ardiles, psicóloga comunitaria, militante del espacio “La Minga” y becaria del CONICET, expresó lo siguiente sobre el caso Castro:

“Al estar en la órbita del Servicio Penitenciario Provincial, los funcionarios del CPA hacen lo que quieren con sus pacientes judicializados. Todo lo que padeció Ezequiel se sintetiza en el no cumplimiento e injusta implementación de la Ley de Salud Mental: ¿Quién hizo la valoración para internarlo contra su voluntad?¿Quién controló dicha internación?¿Qué medicamentos utilizaron para su tratamiento?¿Por qué nunca se le informó a la familia?”

Según la Ley Nº9848 de Salud Mental Provincial, en su artículo Nº 11 “Derechos del paciente”, afirma que toda persona con padecimiento mental “tiene derecho a ser tratado con la alternativa terapéutica menos restrictiva de su autonomía y libertad”. Además, el artículo Nº 48, establece que toda internación debe ajustarse a pautas, que ésta sea considerada como un recurso excepcional, precedida por su correspondiente evaluación, diagnóstico interdisciplinario e integral y motivación justificativa. Como también, que durante su término, “deberá facilitarse el mantenimiento de los vínculos del paciente con familiares o personas que compongan su entorno y en el caso que el paciente no esté acompañado durante la internación, deberá procederse a la búsqueda de datos de identidad y familiares, solicitando, de ser necesario, la colaboración de otros organismos públicos”.

Ninguna de estas pautas fueron cumplidas con Ezequiel. La Ley también estableció un plazo para la adecuación y transformación de los centros públicos y privados a la vez que normativizó la estricta prohibición de manicomios e instituciones monovalentes de internación prolongada, por lo que el CPA no debería siquiera existir.

Uno de los reclamos de la 9° Marcha por la Salud Mental incluye el pedido de justicia por Ezequiel Castro. El Colectivo organizador denunció: “La historia de Ezequiel Castro es la punta de un iceberg que nos muestra con crudeza la profundidad del drama social que significa el sistema de salud mental de nuestra provincia. En el relato de violencia estatal, que finaliza con la muerte de Ezequiel, se conjuga el poder policial represivo con el poder deshumanizador de un aparato sanitario-punitivo”.

La familia del joven denuncia que el libro de registros del CPA “fue modificado con lapicera a último momento alegando que Eze había tenido una pelea con un penitenciario” y que “antes habían dicho que había estado internado adentro con suero durante dos días, pero al Misericordia llegó deshidratado”.

A su vez, Lorena adhirió a las palabras de Romina Ludeña, tía de Rodrigo Sánchez, asesinado por la Policía de Córdoba en 2015:

“El CPA y el Hospital Misericordia son cómplices y responsables de distintas muertes de personas privadas de su libertad. Sabemos que dentro del CPA los pibes no saben ni qué día ni qué hora es, están golpeados, mal alimentados y drogados con una medicación que nadie se hace cargo de autorizar, ni de justificar para tantos días. Ocultan información, tienen camas de sujeción, directamente es un centro de tortura del que nadie se hace cargo. El Misericordia hace su parte siendo cómplice y no haciendo ni tratando a los heridos o enfermos como se los debe tratar”.

La causa por el asesinato a Ezequiel se encuentra abierta y la familia pudo tener acceso a distintas pruebas y al expediente. La Fiscalía actuante está a cargo del Fiscal Gerardo Reyes. Agentes policiales, judiciales, penitenciarios y médicos tendrán que responder por su negligente, represivo y criminal actuar.