El pasado 5 de junio cayó la causa penal donde se imputó a 27 estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) por participar de la toma del Pabellón Argentina en el año 2018, durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri y el entonces rector de la UNC, Hugo Juri.

La imputación fue por “usurpación” y “turbación de la posesión” a estudiantes que figuraban en una lista de compromiso para una mesa de diálogo con el ex vicerrector Yanzi Ferreira. La misma fue entregada por él para darle curso a la denuncia federal que realizó el mismo día que se ocupó el Pabellón Argentina y fue tomada por juez federal Hugo Vaca Narvaja para abrir la causa.

En los seis años de espera de un juicio o proscripción, sucedieron dos elecciones presidenciales y una pandemia; muchos de esos estudiantes abandonaron sus carreras, se recrudecieron las condiciones de acceso a la vivienda, trabajo y salud, se recortaron los presupuestos universitarios y la sociedad argentina eligió un presidente qué piensa los derechos como un "capital humano".

La diseñadora industrial y militante de “Amaranto Corriente Universitaria”, Belén Schaab, una de las 27 personas que fueron procesadas, estuvo en comunicación con Enfant Terrible contando qué implicó la causa, porqué no fue un hecho aislado la persecución estudiantil y cómo lo que venía sucediendo durante la gestión del PRO fue una antesala de las restricciones actuales.

“En el 2018 hubo una frase que quedó: 'los derechos se toman, no se mendigan'. Es tomar ese mensaje, seguir la lucha y saber que tenemos un montón de cosas más por conquistar”, comentó.

Enfant Terrible (ET): ¿Cómo fue y es estar a la espera de un juicio durante seis años? ¿Qué sucede en esas instancias grises de una justicia que los persiguió por defender la educación pública?

Belén Schaab (BS): El resultado cuando estábamos en conflicto un poco lo esperábamos porque había escalado de manera nacional. A mí me tocó ser vocera por la Facultad de Arquitectura. Cuando entregamos la hoja de compromiso que nos pedía el rector, todos desconfiamos. En su momento había un mapeo, eran casi 90 dependencias educativas tomadas y un conflicto que no tenía perspectiva de resolverse. Más allá de que fue durísimo, lo veíamos venir.

Estas instancias de criminalización vaciaron los espacios. Hay gente que tuvo miedo y dejó de participar en las asambleas abiertas. A mi me reprobaron una de las fases de la tesis de Diseño Industrial estando el ex Rector Hugo Yuri presente en el aula. Pretendían que nos fuéramos de la universidad. Esa estrategia de criminalizar la lucha fue para sacarnos de la defensa por la educación pública y que la lucha pase a estar en Tribunales Federales, teniendo que justificar por qué no es un delito defender la educación pública.

Ahora, no fueron seis años perdidos, fueron seis años para entender que si en la universidad se agotaba la lucha, teníamos que salir a consolidar la solidaridad con otros sectores. Algunos estábamos vinculados con familiares de víctimas por gatillo fácil, otros con los compañeros trabajadores de Minetti que los criminalizaron al mismo tiempo. Fueron seis años que teníamos que dar pelea y que nuestra causa no era la única. Nunca dejamos de reivindicar las causas por las que peleamos. La mesa de negociación se abrió por 17 puntos discutidos por una Asamblea Interfacultades, que iban desde las raciones gratuitas en el comedor, hasta jardines materno-paternales para quienes estaban cursando. Era muy amplio y necesario, y hoy toma otra dimensión.

La Asamblea Interclaustro e Interfacultades se pudo anteponer como un interlocutor válido en el conflicto mostrando otra manera de organizarnos, que fue desde la democracia directa que se generó en todo el país. Cuando fuimos al Consejo Superior y la única respuesta que nos dieron fue la criminalización, ahí se vió lo blindada que estaba la democracia universitaria y nos preguntamos “¿Qué democracia universitaria estamos viviendo?”.

ET: ¿Cuáles fueron las irregularidades presentes por parte de la justicia?

BS: Hay varias. Las principales causas que se presentaron en nuestra contra fueron recortes sacados del diario La Voz del Interior, que no es un dato menor. Después, por ejemplo, en lo personal no participé en la toma del Pabellón Argentina, por lo que no hubo un reconocimiento de quién hizo cada cosa. Lo que dió a entender que criminalizaron los métodos, no el ingreso en sí al pabellón.

A nosotros nos pintaron como si hubiéramos querido quedarnos a vivir en el Pabellón y lo nuestro fue una medida de lucha como quien toma una fábrica o recupera un espacio, fue una cuestión de visibilidad. Se hicieron más de cuarenta asambleas interfacultades; se invitaron a las autoridades universitarias para que vinieran a discutir con los estudiantes y docentes del ajuste que se estaba realizando a nivel nacional. En Jujuy, por ejemplo, se criminalizó a estudiantes que luchaban para que no se cierre un colegio secundario, eso fue bastante miserable. Como decía Darío Santillán: “ellos saben que educándonos podemos hacerles frente con conocimiento”. Quieren un pueblo que no conozca lo que pasa.

ET: Del macrismo para acá pasaron dos elecciones presidenciales y una pandemia, ¿qué diferencias notás respecto a la lucha de aquel momento y la actual?

BS: Parte de ésta camada que hoy estamos militando nos marcó la muerte de Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, el conflicto mapuche, las jornadas de lucha contra la reforma previsional. Las organizaciones y el pueblo estaban dando respuestas bastante contundentes a las políticas del gobierno macrista.

Lamentablemente, cuando gobierna el peronismo, como el periodo de Alberto, siento que decrece la organización. La gente confía en el Estado pero no resuelve la problemática de la pobreza en todos las dimensiones de la vida. En esos momentos fue importante lo que sucedió en las universidades discutiendo cómo intervenir, porque con la pandemia hubo situaciones que se recrudecieron como el acceso a la vivienda o a la salud. Lo que se sembró durante esos años, lo estamos cosechando hoy.

ET: ¿Qué tipo de sujetos forma el sistema universitario y cuáles son las disposiciones políticas que se deciden en las facultades respecto a los derechos estudiantiles?

BS: Lo que está pasando en la educación es consecuencia de la aplicación de la Ley de Educación Superior (LES) y la mercantilización. A veces nos quedan en abstracto, pero los planes de estudios están organizados para que tengan un valor de mercado y no para que vos como psicólogo o diseñador industrial puedas hacer prácticas en barrios. El conocimiento se genera con esa lógica, produce estudiantes con esa raíz y terminan pensando su profesión como algo que te da dinero y no como un compromiso social. La sociedad se produce en base al conocimiento que hay alrededor y cuanto más conocimiento comunitario haya, mayor el reflejo social.

Pese a que tengan su estructura, nos queda a nosotros pensar que el camino es plantear otra universidad que esté barrio adentro. Después de la pandemia, la actividad política tal como se estaba dando antes, se hizo imposible de sostener. Hoy se está planteando de nuevo una práctica de democracia directa, buscando mantener periodicidad en las asambleas, pero es complicado cuando hay estudiantes que no tuvieron esa formación ni siquiera en el secundario. 

Me parece que el trabajo que tenemos que hacer es involucrarnos en el cotidiano de la cursada y ganarnos la simpatía del compañero, eso no se gana poniendo una mesita o estar volanteando todo los días, sino con acciones concretas.

Hoy en día el desfinanciamiento de estos derechos que garantizan el sostenimiento de la universidad son también los que colectivizan. La universidad tiene que formar a sujetos que se reconozcan como trabajadores en lugar de empleados que es la posición política de la formación universitaria liberal.

Hace años venimos presenciando el intento de despojarnos de la solidaridad y lo colectivo que nos caracteriza como pueblo. Ejemplo de ello fue el quiebre en el 2001. Sin embargo, la solidaridad de quienes mantienen las ollas estuvieron presentes. La marcha en defensa por la educación pública fue otro ejemplo de cómo la universidad pública nos costó la sangre de muchos compañerxs que no estamos dispuestos a negociar.

ET: Por último, ¿cómo continúa la lucha de ahora en más? ¿Qué significa la universidad pública para vos?

BS: Existe la urgencia de mostrar que la lucha es ahora. Lo que no luchemos, presupuesto que no recuperemos en este tiempo donde se está pagando la deuda al Fondo Monetario o a fondos extranjeros, es plata que no vamos a ver de nuevo. Es marcar la línea, empezar a movilizar y generar hechos políticos importantes.

En 2018 sucedieron hechos políticos que se nacionalizaron. La toma fue una forma de lucha re zarpada porque sin el conflicto, iba a quedar en eso, tres o cuatros movilizaciones que no iba a escalar a más. Poner el tema en agenda pone a discutir a la gente en general, porque también hubo personas que estaban de acuerdo con la arancelazación de la facultad.

Hay que mirar a las generaciones que vienen porque ese es el acto más humano que tenemos en este momento. Yo veo a los hijos de nuestras compañeras en los barrios y tenemos que defenderlos, porque sino esos pibes no van a llegar a estudiar, esa es la urgencia.

La universidad es una escuela para la vida, una forma de ver la realidad y entender de cómo poder intervenirla. Yo sentí la necesidad de organizarme en la facultad, no en otros espacios, y creo que esas son las cosas que demuestran que los ideales de los desaparecidos no desaparecieron con ellos, sino que siguen latentes.

Hay muchísimas generaciones que han defendido la universidad y tenemos que trabajar para que las futuras generaciones también sean parte. Sobre todo por la necesidad de pensar y discutir qué modelo de país queremos.