La ministra de Seguridad de la Nación "Pato" Bullrich aseguró que "es una decisión tomada" que la Policía de aeropuertos y estaciones de trenes utilice pistolas Táser. Estas "picanas portátiles" provocan descargas eléctricas durante al menos 5 segundos y costarán 117 millones de pesos.
En su afán de incorporarnos al primer mundo el macrismo es ambicioso. Por un lado el vasallaje con el FMI y los 100 años de deuda, y por otro modernizar el vetusto aparato represivo con el cual nos cagan a palos cuando nos quejemos por el endeudamiento.
En esa tónica, la inefable ministra de Seguridad de Macri Patricia Bullrich declaró el pasado jueves que la compra de 300 picanas portátiles "Taser", para su distribución entre personal de las Fuerzas de Seguridad en aeropuertos y estaciones de trenes es "una decisión tomada".
Este presunto "armamento no letal" ofrece la gran ventaja de electrocutar al objetivo provocando 19 contracciones musculares por segundo, durante cinco segundos al menos. Una versión 2.0 de la clásica "picana" usada por las Fuerzas Armadas, de Seguridad y comandos civiles durante la dictadura, que evidencia la vocación renovadora y primermundista que el equipo PRO tiene para todas las áreas de su gestión.
El gasto incial será de 117 millones de pesos por 300 unidades, aunque no se descartan nuevas compras. Se distribuirán entre fuerzas dependientes del ministerio de Seguridad, en principio para ser utilizadas en "lugares de aglomeración donde sólo se puede recurrir al uso de las armas letales en última instancia” según declaraciones de Burzaco, brazo derecho de Patricia Bullrich.
Luego del aumento otorgado a la UBA, exigen que lo mismo para el resto de las 60 universidades. Mientras tanto, la UCR busca sacar provecho de la crisis universitaria para posicionarse y rosquea votos para la Ley Bases.
Esta mañana, la Asociación de Trabajadores del Estado concentró frente a la institución a la que consideran la "usina ideológica" del Gobierno Nacional y también del Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Debido al desfinanciamiento de la obra pública por parte del gobierno de Javier Milei, las obras que garantizaban mejores condiciones de vida en los barrios populares se encuentran desfinanciadas.
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