El pasado jueves 23/11, la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe aprobó por unanimidad la Ley de Reparación Histórica Post Dictadura para Travesti y Trans, la cual otorga una pensión para quienes fueron privadas de su libertad durante casi tres décadas que van desde el 23 de octubre de 1983, hasta el 10 de junio de 2010. Son 147 las personas de la población travesti-trans quienes se verán beneficiadas con este precedente histórico.

El reclamo por la aprobación de la normativa no solo se plasmó en las calles y en la propia escalinata de la Legislatura provincial, sino que se gestionó a través de una Mesa de Derechos Travestis Trans de Santa Fe, integrada por referentes de Rosario, de Santo Tomé, de Rincón, Santa Fe, Reconquista, Venado Tuerto y otras localidades, realizando la presentación del proyecto en abril de 2022.

Para la referenta del colectivo travesti-trans de la provincia de Santa Fe, Karla Ojeda, quien estuvo presente en el armado del proyecto de ley que comenzó a gestarse durante la pandemia por Covid-19: “Fuimos nosotras quienes estuvimos sentadas en esa mesa. Una ley pensada por y para nosotras, viene a marcar una cancha que es armar redes colectivas a nivel nacional para sostener las políticas que ya tenemos”.

Además, en diálogo con el programa Territorio Diversidad, Ojeda agregó que “ahora en un rincón donde una travesti fue violentada y no fue reconocida por el Estado, puede acceder a su pensión”. Por otro lado, expresó que “el proceso simbólico que va a ser lento, por eso necesitamos seguir pensando y sosteniendo la democracia” y agregó que el proyecto “tiene que poder replicarse en todas las provincias”.

¿Cuáles son los reconocimientos que permite esta ley?

La ley “tiene por objeto reparar las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, cometidas en democracia, por las fuerzas de seguridad en el territorio de la provincia de Santa Fe, contra integrantes de la comunidad travesti-trans”. Para ello, establece el pago de una pensión mensual no contributiva y vitalicia equivalente a dos pensiones mínimas.

Las beneficiarias podrán acceder a la pensión y demás reconocimientos, presentando la documentación de organismos estatales, prontuarios policiales, testimonios ante la autoridad judicial o una historia clínica que dé cuenta del tratamiento recibido por los hechos padecidos.

Se trata de un precedente importantísimo, si se tiene en cuenta que más del 65% de las sobrevivientes que oscilan entre los 45 a 60 años, no tienen un trabajo registrado y continúan ejerciendo la prostitución, lo que no les permite la posibilidad de realizar aportes jubilatorios.

Además, la ley establece que la pensión debe ser compatible con la remuneración por el desempeño de cualquier trabajo y que las, los y les beneficiaries podrán acceder a la Obra Social Provincial Iapos. En caso de muerte, el beneficio será extensivo a sus herederas/os/es.

Otro de los artículos a destacar es el número 9, el cual define el Derecho a la Verdad: “material probatorio (…) se incorporará al Archivo Provincial de la Memoria de Santa Fe, a los fines de servir de construcción de una sociedad con identidades diversas y con base en la memoria, la verdad y la justicia”.

De esta manera, la Provincia de Santa Fe se vuelve pionera en la defensa de los derechos de la población LGBTIQ+, siendo la primera en el país en aprobar una ley que reconoce las violencias ejercidas hacía la población travesti-trans en democracia, cuando estaba en vigencia el código de faltas y contravenciones, Ley N° 13.030. Dicha normativa sancionaba a quienes iban en contra de la “moral y las buenas costumbres”, considerados “delitos de menor cuantía”, vinculados al mantenimiento del orden, propiciando el arresto de personas consideradas “indeseables” (vagos, ebrios, huérfanos o prostitutas).

Este precedente, para el colectivo travesti-trans, es un “reclamo a la democracia” ya que las persecuciones sistemáticas ejercidas por la Policía de Santa Fe se hacían bajo el mando del comando de “Moralidad pública”. Según el informe «La Revolución de las Mariposas» del año 2012, el 60% de las travesti-trans encuestadas dijeron haber sido detenidas bajo el amparo de artículos de los códigos contravencionales. Esto deja en evidencia la arbitrariedad de las fuerzas de seguridad al momento de las detenciones, ya que no realizaban detenciones por conductas delictivas, sino por ser, por ejemplo, una travesti ejerciendo la prostitución en la vía pública.

Debido a esto, la reparación es tanto simbólica cómo económica, política y social, debido a que el Estado reconoció, por primera, vez la violación a los derechos de una población que, hasta mayo del 2012, no contaba siquiera con algún tipo de amparo jurídico que las reconozca como ciudadanas.

Foto de portada: Franco Trovato Fuoco