La Mesa Para la Defensa de la Salud como Derecho Fundamental, CTA, CTA-A y la CGT, convocan a la movilización por la defensa de la salud pública, hoy a las 17h en el Patio Olmos.

Bajo la consigna de “la salud es un derecho, no un negocio”, citan a trabajadores de la salud, administrativos, organizaciones sociales y a la ciudadanía, a participar de la radio abierta sobre el avasallamiento en el acceso a políticas públicas de atención en salud.

Los reclamos y denuncias son por los despidos sistemáticos al sector administrativo, la modificación de la resolución 2109/2025, la cual limita los alcances de las residencias al transformarla en becas, el vaciamiento de los fondos de los hospitales públicos, la migración de personal hacia el sector privado y el aumento desmedido en las prepagas.

“La salud es un derecho y no debe ser un factor de ajuste para sostener la economía como la quieren el gobierno y los sectores de poder económico”, comunicaron desde la mesa.

El desmantelamiento del sector público sucede a lo largo y ancho del país. Con el pretexto de que “hay exceso de personal”, el Gobierno Nacional: redujo un 30% del personal, dejó sin cobertura médica a 1.400 millones de afiliados y el 35% de la población migró al sector público, poniendo en riesgo la atención al no disponer de presupuesto para la excesiva demanda.

“Apoyamos la lucha de las y los trabajadores del Garrahan y todos los hospitales públicos y exigimos la reincorporación de las y los despedidos del sector salud en la provincia de Córdoba”, denunciaron.

Desmantelar, desfinanciar, reestructurar

La semana pasada, previo a la caída de la extensión de las facultades delegadas, se firmaron varias resoluciones que modificó, casi de raíz, la estructura del Ministerio de Salud. La principal noticia fue que para el Gobierno Nacional, los residentes son pasantes y no trabajadores, quitándoles los alcances que la propia formación en medicina solicita para que un médico pueda, entre otras cosas, tener conocimientos sobre un área en específica -traumatología, psiquiatría, oftalmología, etc.-.

Otras de las modificaciones presentes y que da magnitud del desmantelamiento y desfinanciamiento en la cartera de salud, fue por ejemplo, la unificación de la administración de los hospitales nacionales, la disolución de institutos y delegaciones de Salud en las provincias o la eliminación de potestades acumuladas desde hacía más de medio siglo para crear organismos.

Daniel Salomón, investigador superior del Conicet en el Instituto Nacional de Medicina Tropical (Inmet), en Puerto Iguazú, Misiones, comentó a La Nación que se enteraron de su “destrucción” durante la conferencia de prensa del vocero presidencial Manuel Adorni.

Lo paradójico del asunto es que, bajo la excusa de “redundancia de roles”, unifican la administración de hospitales nacionales, restringiendo el alcance y llegada de la detección, prevención y promoción a poblaciones que se encuentran a miles de kilómetros de Buenos Aires.

También con la batería de decretos de la semana pasada, el ex Instituto Nacional del Cáncer (INC) –que había dejado de existir como tal en marzo– pasó a ser parte del organigrama de Salud como dirección nacional, dentro de la Secretaría de Gestión Sanitaria. Además de disolver el Instituto Nacional de Prevención, Diagnóstico, Tratamiento e Investigación de Enfermedades Cardiovasculares. Supuestamente porque no se usaba desde 2015.

En más de una ocasión se comunicó por este medio que en materia de salud, el hecho de que “no se use”, no significa que no sirva. Al contrario, porque del mismo modo, la efectividad de las vacunas y medicamentos está en la erradicación de una enfermedad, no en el colapso del sistema.

Detección, prevención, promoción

En el campo de la salud, es decir todo lo que conforma al sistema (primario, secundario y terciario) y subsistema (obras sociales y prepagas), está integrado por una compleja red de trabajadores que destinan tiempo y formación al oficio de prevenir enfermedades y en el mejor de los casos erradicarlas.

Para tener conocimiento sobre una enfermedad se quieren entre cinco a diez o más años de investigación, se necesita de infraestructura e inversión; no reestructurar y unificar especialidades diferentes. No se debiera tomar problemáticas colectivas, como urgencias individuales.

Durante la pandemia por Covid-19, la velocidad para la fabricación de la vacuna, fue en partes, gracias a la inversión de 2.800 millones de dólares que realizó el país al laboratorio Richmond, encargado de la fabricación de la Sputnik V en la región. Sumado al crédito de 30 millones que desembolsó el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP) en el marco del Programa de Apoyo al Sistema Productivo Nacional. Y otros 13 millones para la adquisición de un isolator. Dispositivo que facilita el aislamiento de un producto en ambiente estéril, aséptico.

Lo que se estimaba que iba a ser entre 5 a 10 diez años, la tecnología avanzada y la continúa formación, permitió que en lapso de un año y medio, la Sputnik V, se lancé al mercado. En lo que otros países cobraban entre 150 a 2 mil dólares la ampolla, acá en Argentina la vacunación fue gratuita.

Por si no fuera poco, en mayo del 2024, Conicet anunció la fabricación de la vacuna ARVAC (90% de eficacia), en la que participaron 600 científicos y profesionales de 18 instituciones del país. El financiamiento lo otorgó la Agencia Nacional de Promoción Científica (Agencia de I+D+i) y estuvo supervisada por el Laboratorio Cassará. Del ensayo participaron 2000 voluntarios.

Un año y medio después, debido a los recortes en los hospitales públicos, hay faltantes de vacunas, retrasos en la repartición de medicamentos para enfermedades crónicas y graves, y ciertas enfermedades ya erradicadas como la viruela, fueron la principal causa de contagio en el último mes.

Mistanasia como sinónimo de negligencia ministerial

Si para Foucault, la biomedicina era la fabricación industrial de fármacos para la adaptación de la especie a las consecuencias del consumismo, para Giorgio Agamben o Antonio Negri, la necropolítica es el retiro voluntario del ente gubernamental de las necesidades que tiene una población, como el acceso a la salud.

El presente pareciera que dejó ser el Estado exigiendo adaptabilidad a la ciudadania para mayor producción, sino que más bien ahora se explota al trabajador hasta la muerte. Ya no vivir para producir, sino consumirse para pagar.

La mistanasia se describe como la muerte por abandono indigno de persona, que es lo que viene sucediendo desde el año pasado, cuando la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE) -organismo encargado de receptar y distribuir medicamentos para enfermedades graves o crónicas- dejó de proveer fármacos a pacientes con padecimientos agudos como la leucemia.

Los usuarios que acceden a la DADSE son quienes no pueden costear la caterva de pastillas que deben de ingerir por día ante enfermedades autoinmunes y el costo que les implica el tratamiento, entre 5 a 7 millones de pesos. Todo lo contrario a lo que necesita una persona enferma que es atención y cuidados intensivos.

En salud hay muertes que son evitables o al menos posibles de postergar como la detección temprana de tumores benignos o malignos de cáncer. Las denuncias por tales negligencias cruzaron el charco, cuando el canal alemán DW publicó a principios de mes, el documental de la situación del sistema de salud público argentino.

Más estatistas que nunca

Es irónico que la gestión se jacte de reducir al mínimo la participación del Estado, cuando hacen abuso de autoridad al actuar con negligencia ante las demandas acuciantes de una ciudadanía abandonada a su suerte. Sin darse cuenta se transformaron en lo que juraron destruir, en estatistas. Lo que genera dudas es: ¿Para quienes trabajan?