Sin salud sexual y reproductiva: ¿Qué serán de los otros derechos básicos?

¿Cómo se puede prevenir problemáticas de salud como las ITS, el VIH, hepatitis o tuberculosis, cuando se recorta en un 76% el presupuesto de salud sexual y reproductiva para 2025? Enfant estuvo en diálogo con el activista de Act-Up, Gonzalo Valverde para discutir sobre la problemática.

En los años 60’s en Latinoamérica surge una corriente dentro del campo de la salud con un abordaje en atención integral. Un paradigma que aglomeró y concibió a la salud como un proceso donde los aspectos sociales, ambientales, culturales, políticos y económicos producían efectos sobre el organismo de los usuarios. Debido a las restricciones de derechos durante las dictaduras producto del "Plan Cóndor" y un modelo neoliberal que tomó el control del Estado, hicieron del modelo integral y comunitario en salud, más una utopía que una realidad.

Los conflictos dentro del campo de salud suceden entre quienes ven en la relación profesional-usuario, un vínculo mediado por derechos o como una mercancía. Esa relación mediada por la institución está atravesada por prepagas, obras sociales y el sistema público de salud. Por lo que buscar mantener una distribución equitativa entre atención respetuosa, condiciones edilicias apropiadas y profesionales bien remunerados, es una tarea que el Estado decide y negocia, según los intereses que pretenda representar.

En el caso del Gobierno Nacional, esos intereses están puestos en acrecentar el valor de ingreso en el mercado para las prepagas alineadas con empresas farmacéuticas, en detrimento de la salud de sus usuarios. Ejemplo de ello, es el empresario y actual Ministro de Salud, Mario Lugones, quien tiene a su cargo de la cartera de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), el PAMI, la Anmat, y el Incucai.

¿Cómo se puede prevenir y/o tratar problemáticas de salud como las ITS (infecciones de transmisión sexual), VIH, hepatitis o tuberculosis, cuando se recorta en un 76% el presupuesto de salud sexual y reproductiva para 2025? ¿Cómo se puede realizar promoción y prevención sobre embarazos no deseados en la adolescencia cuando no se prevé fondos para la ESI (educación sexual integral) y se la terciariza con ONGS que promueven la abstinencia como barrera de control?

Para el activista seropositivo y militante de Act-Up Córdoba, Gonzalo Valverde (quién fue entrevistado por Enfant) no se puede pensar a la salud, a la sexualidad y a las estructuras institucionales como aspectos separados de los derechos que conforman a las personas. En ese “ajuste integral” sobre las políticas públicas, también pareciera existir un plan sistemático de que cada quien pueda costear como pueda su medicación.

“Sí, hay faltante de algunos tratamientos antirretrovirales o puede haber faltantes a futuro de PREP (profilaxis pre exposición) y PEP (profilaxis post exposición) -medicamentos para prevenir o tratar el VIH-. La lógica que se instala a partir de esto es que la gente se cuide sola. Si tenes que elegir entre comer o un preservativo, vas a elegir comer o vas a elegir otras prioridades. Además, es un derecho acceder a tratamientos preventivos y profilácticos que no se están garantizando”, expresa Gonzalo.

Desde principio de año, usuarios -incluyendo trabajadores- del sistema de salud público vienen denunciando que el Ministerio de Salud, en ese momento a cargo de Mario Russo, dejó de proveer a las provincias métodos de barreras anticonceptivas, kit de medicamentos para interrumpir el embarazo (Misoprostol, Mifepristona y Mifekit) y kit para tratamiento antirretrovirales, entre otros. Aunque, lo que más llamó la atención, fue que en el presupuesto destinado a salud sexual y reproductiva para 2025 fue de un 76% menos de lo pautado que en 2023.

Según los datos relevados por Fundación Huésped, en 2023 se brindaron 66.893 tratamientos, 8.744 preps y 4.867 pep. Para 2025 se prevé 66.500 tratamientos, es decir, 9150 tratamientos menos. Esto sin considerar los 5300 casos por año, ni a las personas que pasaron del privado al público debido a la crisis. 

“Hay discusiones ahí en el medio. Hay gente que dice ‘bueno si no se aprueba se extiende el presupuesto de 2023’ y extenderlo un año más es saber que no va alcanzar. Incluso al Estado le sale más caro cubrir los tratamientos de VIH o curas de sífilis que prevenirlo, pero el gobierno no apunta hacía eso”, reflexiona Gonzalo.

Otro factor dentro de la salud sexual y reproductiva que vino en incremento en estos últimos 6 años fue la sífilis que aumentó en un 40% en el último registro epidemiológico realizado hasta 2023. Que, a diferencia de los datos relevados sobre personas con VIH, la prevalencia en contraer la infección se dió más en jóvenes entre 17 a 25 años. En cambio, los casos detectados de VIH han empezado a registrarse con mayor prevalencia en adultos de entre 35 a 40 años, según comentó Gonzalo.

“Lo que charlamos en la asamblea -de Act-Up- es como cuidamos nuestra salud mental. En cómo pensar en los mecanismos de contención y acompañamiento porque ves ese presupuesto, lees los comunicados y lo primero que te surge es pánico de ‘me voy a quedar sin medicación’ y ese miedo es constante desde que asumió Milei”, remarca Gonzalo.

Cortesía de Gonzalo Valverde (Act-Up)

No es falta de presupuesto, es disputa ideológica

Una de las primeras medidas por parte del gobierno fue el recorte y desmantelamiento del sector público (veto a jubilados, prestaciones por discapacidad, salud sexual y reproductiva, entre otros), el congelamiento de sueldos al personal de salud y docentes o la desregulación que beneficia al sector privado al bajar la tasa de intereses de los impuestos a las ganancias.

Ahora, haciendo foco sobre el sector salud, en la presentación del programa 22 destinado a VIH, hepatitis y tuberculosis sobre el presupuesto 2025. este descendió al 0,89% en comparación del presentado en 2023 que rondaba el 4,8% del total destinado al Ministerio de Salud.

En cantidad de provisiones que podría prevenir y tratar la salud sexual y reproductiva, los datos arrojados por Fundación Huésped alegan que también se reduce la compra de reactivos para carga viral, test rápidos de VIH y pruebas de sífilis. Por otra parte, para preservativos, se proyecta una compra de 21 millones, mientras que lo proyectado para 2023 fue de 55.300 millones.

Aunque parezca conspiración, los datos revelan que los recortes guardan una intención ideológica. No de manera directa sobre la preferencia sexual de las personas no hetero-cis, sino sobre la organicidad de lo que la gestión entiende por educación sexual integral. Ya que, mientras desfinancian, recortan y despiden a trabajadores de la salud del sistema público, tercerizan programas educativos de ESI para prevenir embarazos adolescentes desde la abstinencia sexual, organizada por el director ejecutivo de la ONG chilena “Teen Star”, el ingeniero en administración de empresas, Miguel del Río Vigil.

Gonzalo por su parte, comenta que percibir la sexualidad y el sexo en clave biologicista e individual es parte del paradigma que pregonan, más cuando el estigma y la discriminación está presente, se viva o no con VIH. Solo es necesario no consentir con la heterosexualidad como modelo de vida para no conseguir trabajo o que las prepagas exijan un porcentaje mayor en la cuota por algún tipo de tratamiento que es indispensable para la salud de personas que viven con VIH.

Las condiciones económicas y sociales repercuten sobre la adherencia al tratamiento en poder mantener una vida más o menos “sana” o mantener una calidad de vida por las mismas condiciones estructurales. Ni hablar de la narrativa y discursos de odio que se promueve, como decir que “se huele el sida en el aire en la marcha del orgullo”, sentencia Gonzalo.

La salud sexual y reproductiva es un derecho (aunque no lo parezca)

“Si no fuese posible ejercer libremente algo tan íntimo y privado como lo es la sexualidad, ¿Qué sería de los otros derechos básicos?” Se preguntaba Carlos Jáuregui en los años 80’s. Es una paradoja que algo tan íntimo sea tan público y algo privado sea tan social. Sin embargo, los feminismos y las disidencias han demostrado con sus cuerpos y reclamos que lo que es libre en el mercado es privado y represivo en lo moral.

"No somos movimientos sociales separados sino que somos parte de la clase trabajadora y universitaria o ¿Por qué la CGT no denuncia que hay faltante de retrovirales cuando formamos parte del sector de trabajadores? Hay solidaridad pero desde una postura victimista y yo decía: ‘bueno, ¿Cómo salimos de ahí?’ porque no somos víctimas, somos sujetos de derechos organizados, saliendo a reclamar lo que nos corresponde y que se solidaricen desde ahí, en que somos gente que lucha”, concluye Gonzalo.

Fotografía: Nany Palazzini (El Resaltador)

Profesora y licenciada en psicología (UNC). Me dicen Chora. Editora de Género y de lo que se presente.

Te puede interesar

El aguante

Bancá el periodismo de base, cooperativo y autogestivo

Para hacer lo que hacemos, necesitamos gente como vos.
Asociate
Cooperativa de Trabajo Enfant Terrible Limitada.
Obispo Trejo 365, Córdoba.